Postergan en EE.UU. el juicio civil al exmarino Bravo por su responsabilidad en la Masacre de Trelew
El juicio civil al exteniente de la Armada Argentina Roberto Guillermo Bravo por su presunta responsabilidad en los fusilamientos de presos políticos perpetrados en agosto de 1972 en la base Almirante Zar de Trelew fue pospuesto hasta el 13 de junio por cuestiones de salud que afectan al abogado defensor del acusado.
Según informaron fuentes de la querella que lleva el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el proceso civil a Bravo que debía iniciarse el próximo 28 de febrero en una corte del sur del Estado de Florida quedó postergado.
El marino, sobre quien pesa además un pedido de extradición de la Justicia argentina, llegó a los Estados Unidos un año después de la masacre, enviado por la dictadura militar de Agustín Lanusse como agregado naval, y desde entonces vive allí, donde obtuvo la ciudadanía y desarrolló una lucrativa actividad empresarial que le permitió obtener contratos con el Departamento de Estado.
En mayo de 2012 se realizó en Comodoro Rivadavia el juicio por la llamada "Masacre de Trelew", ordenado por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.
Los acusados fueron los exmarinos Luis María Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino, Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Bautista.
Los primeros tres fueron hallados culpables y los restantes absueltos en primera instancia, aunque luego se revocó esa sentencia y se ordenó un nuevo juicio que nunca se concretó porque fallecieron, ya entrados en años, en medio del largo proceso judicial.
De todos, el único que en la actualidad cumple condena es el excabo primero Carlos Marandino, quien fue hallado culpable de haber participado del fusilamiento que se realizó hace casi 50 años en las celdas de la guarnición militar a donde fueron llevados los presos políticos que habían logrado fugarse, una semana antes, de la cárcel de Rawson.
Paradójicamente el único detenido fue el que, con su confesión, permitió que la causa se reabriera tras haber sido cerrada en el ámbito castrense durante los años '70.
"Los acribillaron sin ton ni son" confesó Marandino en febrero de 2008, tras años de silencio.
El juicio civil próximo a desarrollarse será ante una corte federal del distrito sur de Florida, donde Bravo -que nunca pudo ser llevado a proceso- reside desde 1973.
Familiares de cuatro de las diecinueve víctimas de la Masacre de Trelew demandaron a Bravo en el fuero civil por su presunto papel en el fusilamiento de militantes detenidos en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972.
La demanda se basa en la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA) y busca la rendición de cuentas y eventual reparación.
En este juicio se presentará prueba testimonial y documental del homicidio y tentativa de homicidio de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps, y del impacto duradero de estos hechos, incluido el testimonio de familiares y peritos.
Se le pedirá a un jurado compuesto por 12 ciudadanos estadounidenses que determine la culpabilidad de Bravo.
Si esa declaración se produce, el causado deberá afrontar daños compensatorios y punitivos para las cuatro familias que impulsan la demanda.
El 9 de marzo de 2020, se realizó una audiencia en la Corte de La Florida y el fiscal Jason Wu se pronunció en favor de la extradición de Bravo, al entender que "Estados Unidos no puede ser refugio de asesinos en masa".
La decisión de extraditar o no a Bravo a la Argentina está en manos del juez Edwin Torres, que no tiene un plazo establecido para dar una sentencia sobre el caso.
Según informaron fuentes de la querella que lleva el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el proceso civil a Bravo que debía iniciarse el próximo 28 de febrero en una corte del sur del Estado de Florida quedó postergado.
El marino, sobre quien pesa además un pedido de extradición de la Justicia argentina, llegó a los Estados Unidos un año después de la masacre, enviado por la dictadura militar de Agustín Lanusse como agregado naval, y desde entonces vive allí, donde obtuvo la ciudadanía y desarrolló una lucrativa actividad empresarial que le permitió obtener contratos con el Departamento de Estado.
En mayo de 2012 se realizó en Comodoro Rivadavia el juicio por la llamada "Masacre de Trelew", ordenado por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.
Los acusados fueron los exmarinos Luis María Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino, Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Bautista.
Los primeros tres fueron hallados culpables y los restantes absueltos en primera instancia, aunque luego se revocó esa sentencia y se ordenó un nuevo juicio que nunca se concretó porque fallecieron, ya entrados en años, en medio del largo proceso judicial.
De todos, el único que en la actualidad cumple condena es el excabo primero Carlos Marandino, quien fue hallado culpable de haber participado del fusilamiento que se realizó hace casi 50 años en las celdas de la guarnición militar a donde fueron llevados los presos políticos que habían logrado fugarse, una semana antes, de la cárcel de Rawson.
Paradójicamente el único detenido fue el que, con su confesión, permitió que la causa se reabriera tras haber sido cerrada en el ámbito castrense durante los años '70.
"Los acribillaron sin ton ni son" confesó Marandino en febrero de 2008, tras años de silencio.
El juicio civil próximo a desarrollarse será ante una corte federal del distrito sur de Florida, donde Bravo -que nunca pudo ser llevado a proceso- reside desde 1973.
Familiares de cuatro de las diecinueve víctimas de la Masacre de Trelew demandaron a Bravo en el fuero civil por su presunto papel en el fusilamiento de militantes detenidos en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972.
La demanda se basa en la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA) y busca la rendición de cuentas y eventual reparación.
En este juicio se presentará prueba testimonial y documental del homicidio y tentativa de homicidio de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps, y del impacto duradero de estos hechos, incluido el testimonio de familiares y peritos.
Se le pedirá a un jurado compuesto por 12 ciudadanos estadounidenses que determine la culpabilidad de Bravo.
Si esa declaración se produce, el causado deberá afrontar daños compensatorios y punitivos para las cuatro familias que impulsan la demanda.
El 9 de marzo de 2020, se realizó una audiencia en la Corte de La Florida y el fiscal Jason Wu se pronunció en favor de la extradición de Bravo, al entender que "Estados Unidos no puede ser refugio de asesinos en masa".
La decisión de extraditar o no a Bravo a la Argentina está en manos del juez Edwin Torres, que no tiene un plazo establecido para dar una sentencia sobre el caso.