Homicidio de Rodrigo Colihuinca: 10 años de un crimen que envuelve la inacción y la impunidad
Es el caso del adolescente de 17 años que luego de estar doce horas desaparecido, fue hallado descuartizado en un descampado del barrio Malvinas Argentinas de Trelew. Hubo varias pistas y sospechosos. También, cambio de fiscales, pero la causa nunca tuvo un final. Sigue siendo un misterio.
Una muerte horrorosa, algunos sospechosos, ningún imputado y menos autores, versiones sobre posibles dobles vidas y un dolor inmenso e inenarrable de sus familiares es el combo del asesinato de Rodrigo Colihuinca, sucedido el 15 de marzo del 2012 y que aún se mantiene impune. Es decir que a 10 años del violento homicidio, no se sabe quién mató a Rodrigo. Tampoco cómo o por qué. A ello, se le suma la incautación de teléfonos celulares, entre ellos el de la propia víctima y otro de un familiar de esta.
Es el caso del adolescente de 17 años que luego de estar doce horas desaparecido, fue hallado descuartizado en un descampado en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew y en donde parece que nunca se va a llegar a la verdad.
Con la sensación de una investigación detenida, lo concreto es que uno, dos o tres o más asesinos andan sueltos en Trelew. Ellos pueden estar detrás de nosotros cuando estamos en la fila para pagar la luz o en un mercado y moverse con total libertad y absoluta impunidad.
La última vez
Eran cerca de las tres de la tarde del jueves 15 de marzo del 2012, cuando Rodrigo Colihuinca se despidió de su padre para dirigirse a realizar un trabajo práctico en la escuela donde estudiaba. Esa sería la última vez que Juan vería a su hijo con vida. La próxima oportunidad que volvió a saber de él fue la mañana del 17 de marzo cuando se presentó en la Fiscalía y allí le mostraron unas prendas de vestir que las reconoció: eran de su hijo.
El cuerpo de Rodrigo Colihuinca fue hallado la tarde del día anterior en un descampado ubicado en las inmediaciones del barrio Malvinas Argentinas.
Los restos del joven reflejaban una saña desmedida en contra de la víctima, decapitado y con varias partes de su fisonomía seccionadas: La escena no tenía nada que envidiarle a una película de terror. Se especuló que había sido un ataque con una brutal fuerza motora y mucha ira.
Se dedujo que había sido desmembrado por la casi veintena de perros cimarrones que pululaban por el lugar y que aún estaban allí, cuando efectivos de la Policía llegó a la escena del crimen.
Frente a este panorama, los unifomados que acudieron al lugar cerca de las 16:45 de aquel día decidieron dar aviso de inmediato a la fiscal de turno, Mirta Moreno, para que se haga presente en el lugar. Sin embargo, la representante del Ministerio Público Fiscal les habría respondido “que las circunstancias del hecho no ameritaban su presencia en el lugar”, según aseguró Juan Colihuinca, padre d ela víctima, quien rescató esa información del expediente de la causa judicial. Personal de Criminalística trabajó en el sitio hasta que hubo luz solar y luego dieron por finalizada su labor para continuar al día siguiente cerca de las 9.45, un hecho que fue cuestionado por los familiares de la víctima, porque no preservaron el lugar donde fue hallado sin vida el joven de 17 años.
Los celulares
El 29 de noviembre del 2012, es decir 8 meses después, el celular del adolescente mutilado en marzo de ese año en Trelew fue secuestrado por la Brigada de Investigaciones luego de un allanamiento. El aparato era buscado desde el mismo día del asesinato.
La Policía oncautó el teléfono del menor luego de un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Gan Gan al 300 del barrio Abel Amaya, sector que era cotidianamente recorrido por Colihuinca y que se encuentra a 800 metros del sitio donde fue hallado sin vida.
La incautación del celular del joven danmificado, se produjo luego de un arduo trabajo de la Brigada de Investigaciones de la Policía, que, desde el mes de junio, venía investigando la señal del mismo y que a partir de esa tarea, se orientó hacia dos chips, lo que permitió –luego- la diligencia judicial culminada con éxito y que fuera otorgada por la jueza Patricia Azaro.
Tras la confirmación de la ubicación del teléfono en cuestión, personal policial del mencionado cuerpo especializado vigiló la finca por más de siete días de manera sigilosa y en forma permanente y semiocultos, a la espera de las órdenes de allanamiento.
Tras los primeros secuestros, trabajó el equipo interdisciplinario de la Fiscalía y se pudo comprobar que el aparato era el buscado.
Se incautaron otros elementos que hacen a la causa como medicamentos que contenían sustancias que fueron halladas en el cuerpo de la víctima en el proceso de la autopsia. También fueron hallados material pornográfico y varios celulares más, y es en donde aparece uno de los elementos más sugestivos del caso.
Entre los ocho teléfonos móviles que se secuestraron (uno de ellos estaba escondido dentro de una CPU) y aparte del de Rodrigo Colihuinca, habían siete más. Estos algunos se reportaban como extraviados o robados y un octavo que llamó la atención a los investigadores. Este último celular tenía su origen en Paso de Indios y era de un familiar de la joven víctima. Al ser consultado por la Policía, dijo que su teléfono lo había perdido en un local bailable una semana antes del allanamiento de la casa del barrio Abel Amaya y que no sabía cómo había aparecido en ese lugar.
No obstante los tres individuos a los que les allanaron sus domicilios, sostuvieron que los teléfonos los habían adquirido en la denominada “Saladita”, que funcionaba sobre la calle Canal; una transacción que fue desechada por los investigadores de manera inmediata.
Sin embargo, esos tres sospechosos ni siquiera fueron indagados , al menos como encubridores, al tener un elemento clave del caso, como fue el teléfono celular del asesinado.
A 10 años del homicidio de Rodrigo Colihuinca no existen sospechosos y todavía no fue determinada la causa de la muerte, aunque só se podría reconstruirse la dinámica del crimen. Por ahora, hay un muerto a golpes y ningún culpable.#
Reto de Procurador
Existen datos del expediente que pese a que no eran conocidos públicamente, toman más sentido ante el fracaso de la pesquisa. Se trata de una resolución del procurador general, Jorge Miquelarena, fechada el 25 de abril de 2014. “Ya bastante tiempo se ha perdido en la investigación de este grave hecho sin el logro de resultados concretos como para seguir dispensando recursos en actividades estériles”, escribió el jefe de los fiscales de la provincia.
En febrero de 2014, entre críticas por tantos meses sin avances, el fiscal Moyano le pidió a Arnaldo Maza, por entonces jefe de fiscales, que le reasignara el caso a Mirta Moreno. A la hoy jueza no le cayó bien. Se quejó. Esa discusión interna no le cayó bien a Miquelarena.
En ese ámbito de reproches e intentos de deslindarse, el caso siguió sin avances. En su resolución el procurador apuntó que el legajo de investigación del que participaron Moreno y Moyano se parece más a una carpeta anticuada, al estilo del viejo sistema de justicia, lejos de ser un legajo adecuado a estos tiempos. La carpeta a dos años del caso era muy pobre: sólo 4 cuerpos. “Se observan un sinnúmero de constancias absolutamente sobreabundantes y de documentos que han sido agregados hasta tres veces, todo lo cual obviamente atenta contra principios tales como la celeridad, inmediatez o informalidad”.
El último párrafo fue demoledor: “Instruir al fiscal a cargo de la investigación para que conduzca de inmediato las medidas y diligencias...para la dilucidación de los hechos ...”.
Lo escribió en abril de 2014. Parece de ayer.
Una muerte horrorosa, algunos sospechosos, ningún imputado y menos autores, versiones sobre posibles dobles vidas y un dolor inmenso e inenarrable de sus familiares es el combo del asesinato de Rodrigo Colihuinca, sucedido el 15 de marzo del 2012 y que aún se mantiene impune. Es decir que a 10 años del violento homicidio, no se sabe quién mató a Rodrigo. Tampoco cómo o por qué. A ello, se le suma la incautación de teléfonos celulares, entre ellos el de la propia víctima y otro de un familiar de esta.
Es el caso del adolescente de 17 años que luego de estar doce horas desaparecido, fue hallado descuartizado en un descampado en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew y en donde parece que nunca se va a llegar a la verdad.
Con la sensación de una investigación detenida, lo concreto es que uno, dos o tres o más asesinos andan sueltos en Trelew. Ellos pueden estar detrás de nosotros cuando estamos en la fila para pagar la luz o en un mercado y moverse con total libertad y absoluta impunidad.
La última vez
Eran cerca de las tres de la tarde del jueves 15 de marzo del 2012, cuando Rodrigo Colihuinca se despidió de su padre para dirigirse a realizar un trabajo práctico en la escuela donde estudiaba. Esa sería la última vez que Juan vería a su hijo con vida. La próxima oportunidad que volvió a saber de él fue la mañana del 17 de marzo cuando se presentó en la Fiscalía y allí le mostraron unas prendas de vestir que las reconoció: eran de su hijo.
El cuerpo de Rodrigo Colihuinca fue hallado la tarde del día anterior en un descampado ubicado en las inmediaciones del barrio Malvinas Argentinas.
Los restos del joven reflejaban una saña desmedida en contra de la víctima, decapitado y con varias partes de su fisonomía seccionadas: La escena no tenía nada que envidiarle a una película de terror. Se especuló que había sido un ataque con una brutal fuerza motora y mucha ira.
Se dedujo que había sido desmembrado por la casi veintena de perros cimarrones que pululaban por el lugar y que aún estaban allí, cuando efectivos de la Policía llegó a la escena del crimen.
Frente a este panorama, los unifomados que acudieron al lugar cerca de las 16:45 de aquel día decidieron dar aviso de inmediato a la fiscal de turno, Mirta Moreno, para que se haga presente en el lugar. Sin embargo, la representante del Ministerio Público Fiscal les habría respondido “que las circunstancias del hecho no ameritaban su presencia en el lugar”, según aseguró Juan Colihuinca, padre d ela víctima, quien rescató esa información del expediente de la causa judicial. Personal de Criminalística trabajó en el sitio hasta que hubo luz solar y luego dieron por finalizada su labor para continuar al día siguiente cerca de las 9.45, un hecho que fue cuestionado por los familiares de la víctima, porque no preservaron el lugar donde fue hallado sin vida el joven de 17 años.
Los celulares
El 29 de noviembre del 2012, es decir 8 meses después, el celular del adolescente mutilado en marzo de ese año en Trelew fue secuestrado por la Brigada de Investigaciones luego de un allanamiento. El aparato era buscado desde el mismo día del asesinato.
La Policía oncautó el teléfono del menor luego de un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Gan Gan al 300 del barrio Abel Amaya, sector que era cotidianamente recorrido por Colihuinca y que se encuentra a 800 metros del sitio donde fue hallado sin vida.
La incautación del celular del joven danmificado, se produjo luego de un arduo trabajo de la Brigada de Investigaciones de la Policía, que, desde el mes de junio, venía investigando la señal del mismo y que a partir de esa tarea, se orientó hacia dos chips, lo que permitió –luego- la diligencia judicial culminada con éxito y que fuera otorgada por la jueza Patricia Azaro.
Tras la confirmación de la ubicación del teléfono en cuestión, personal policial del mencionado cuerpo especializado vigiló la finca por más de siete días de manera sigilosa y en forma permanente y semiocultos, a la espera de las órdenes de allanamiento.
Tras los primeros secuestros, trabajó el equipo interdisciplinario de la Fiscalía y se pudo comprobar que el aparato era el buscado.
Se incautaron otros elementos que hacen a la causa como medicamentos que contenían sustancias que fueron halladas en el cuerpo de la víctima en el proceso de la autopsia. También fueron hallados material pornográfico y varios celulares más, y es en donde aparece uno de los elementos más sugestivos del caso.
Entre los ocho teléfonos móviles que se secuestraron (uno de ellos estaba escondido dentro de una CPU) y aparte del de Rodrigo Colihuinca, habían siete más. Estos algunos se reportaban como extraviados o robados y un octavo que llamó la atención a los investigadores. Este último celular tenía su origen en Paso de Indios y era de un familiar de la joven víctima. Al ser consultado por la Policía, dijo que su teléfono lo había perdido en un local bailable una semana antes del allanamiento de la casa del barrio Abel Amaya y que no sabía cómo había aparecido en ese lugar.
No obstante los tres individuos a los que les allanaron sus domicilios, sostuvieron que los teléfonos los habían adquirido en la denominada “Saladita”, que funcionaba sobre la calle Canal; una transacción que fue desechada por los investigadores de manera inmediata.
Sin embargo, esos tres sospechosos ni siquiera fueron indagados , al menos como encubridores, al tener un elemento clave del caso, como fue el teléfono celular del asesinado.
A 10 años del homicidio de Rodrigo Colihuinca no existen sospechosos y todavía no fue determinada la causa de la muerte, aunque só se podría reconstruirse la dinámica del crimen. Por ahora, hay un muerto a golpes y ningún culpable.#
Reto de Procurador
Existen datos del expediente que pese a que no eran conocidos públicamente, toman más sentido ante el fracaso de la pesquisa. Se trata de una resolución del procurador general, Jorge Miquelarena, fechada el 25 de abril de 2014. “Ya bastante tiempo se ha perdido en la investigación de este grave hecho sin el logro de resultados concretos como para seguir dispensando recursos en actividades estériles”, escribió el jefe de los fiscales de la provincia.
En febrero de 2014, entre críticas por tantos meses sin avances, el fiscal Moyano le pidió a Arnaldo Maza, por entonces jefe de fiscales, que le reasignara el caso a Mirta Moreno. A la hoy jueza no le cayó bien. Se quejó. Esa discusión interna no le cayó bien a Miquelarena.
En ese ámbito de reproches e intentos de deslindarse, el caso siguió sin avances. En su resolución el procurador apuntó que el legajo de investigación del que participaron Moreno y Moyano se parece más a una carpeta anticuada, al estilo del viejo sistema de justicia, lejos de ser un legajo adecuado a estos tiempos. La carpeta a dos años del caso era muy pobre: sólo 4 cuerpos. “Se observan un sinnúmero de constancias absolutamente sobreabundantes y de documentos que han sido agregados hasta tres veces, todo lo cual obviamente atenta contra principios tales como la celeridad, inmediatez o informalidad”.
El último párrafo fue demoledor: “Instruir al fiscal a cargo de la investigación para que conduzca de inmediato las medidas y diligencias...para la dilucidación de los hechos ...”.
Lo escribió en abril de 2014. Parece de ayer.