El 24 de febrero pasado, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una "operación militar especial", nombre con el que el Kremlin designa a la invasión a gran escala, bajo el argumento de “desmilitarizar y desnazificar” al país para ayudar a los separatistas prorrusos del este.
Además de asistir financiera y armamentísticamente a Kiev, Occidente avanzó en sanciones contra Rusia (la Unión Europea está por aprobar el décimo paquete), con contrasanciones lanzadas también desde el lado ruso que en conjunto polarizaron la geopolítica mundial y profundizaron la crisis alimentaria y energética global.
En una primera etapa, la invasión intentó, sin éxito, ingresar a la capital Kiev y a Jarkov, la segunda ciudad en importancia, lo que llevó a Rusia a fines marzo a replegar sus operaciones al Donbass, región donde se ubican las provincias de Donetsk y Lugansk de mayoría prorrusa y en conflicto desde 2014, año en el que además el Kremlin se anexó la península de Crimea.
La reagrupación rusa tras sumar soldados con el llamado a la movilización parcial decretado por Putin y el mayor protagonismo del grupo paramilitar Wagner intensificaron en las últimas semanas los combates, principalmente en la batalla para tomar la localidad de Bajmut, pero las fuerzas ucranianas confían en ser ellos los que avanzarán al sumar artillería y tanques occidentales.
Así como no hay certezas de qué ocurrirá en la línea del frente en el futuro cercano, tampoco existen datos precisos de las consecuencias de lo ocurrido hasta ahora: el número de bajas es difícil de precisar sin balance oficial, aunque Noruega estimó recientemente unos 180.000 soldados rusos muertos o heridos y unos 100.000 militares ucranianos también fallecidos o heridos.
En cuanto a los civiles, la ONU indicó que hay más de 8.000 fallecidos y 13.300 heridos, aunque reconoce que los números reales son más altos.
Por otro lado, la ocupación rusa de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, elevó el temor a que haya una catástrofe atómica por un error humano o por los bombardeos, de los que Moscú y Kiev se acusan mutuamente.
Esa amenaza nuclear resurgió esta semana ante el anuncio de Putin de suspender la participación de Rusia del tratado de desarme nuclear Nuevo Start firmado con Estados Unidos, aunque tanto Moscú como el presidente estadounidense, Joe Biden, relativizaron la medida como un indicio de que realmente se estuviera considerando usar un arma atómica.
Por su parte, la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas investigan posibles crímenes de guerra, denuncias realizadas mayormente contra Rusia, que incluyen ataques contra infraestructura civil, asesinatos masivos de la población, tortura, ejecuciones, violación de mujeres y uso de armamento prohibido.
En ese sentido, este año de guerra dejó hechos como el asedio a la ciudad de Mariupol, la denuncia de fosas comunes en la localidad de Bucha, la explosión en el puente de Crimea, símbolo de la anexión rusa de la península, y el bombardeo a la cárcel de Olenivka, que albergaba prisioneros ucranianos, entre otros.
Las negociaciones de paz están rotas oficialmente desde fines de marzo y ahora es China, tras los intentos de Turquía y los ofrecimientos del Vaticano, la que intenta oficiar de mediador para restablecer el diálogo.
El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, se reunió esta semana en Berlín con su par estadounidense, Antony Blinken, y posteriormente viajó a Moscú donde mantuvo un encuentro con Putin.
"Los interlocutores chinos nos comunicaron sus reflexiones sobre las causas profundas de la crisis ucraniana, así como sus planteamientos para una solución política", pero "no se abordó ningún 'plan' (de paz) separado", precisó la cancillería rusa en un comunicado.
En ese marco, más allá de los intercambios de prisioneros, el único acuerdo firmado entre las partes fue el que permitió a partir de la mitad de julio exportar los granos y fertilizantes que habían quedado bloqueados por los combates y las sanciones.
Ese convenio, del que participan Turquía y la ONU, permitió vender ya más de 20 millones de toneladas de alimento y reducir los precios mundiales, y tras una primera prolongación tiene que volver a ser renovado el 18 de marzo próximo.
El 24 de febrero pasado, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una "operación militar especial", nombre con el que el Kremlin designa a la invasión a gran escala, bajo el argumento de “desmilitarizar y desnazificar” al país para ayudar a los separatistas prorrusos del este.
Además de asistir financiera y armamentísticamente a Kiev, Occidente avanzó en sanciones contra Rusia (la Unión Europea está por aprobar el décimo paquete), con contrasanciones lanzadas también desde el lado ruso que en conjunto polarizaron la geopolítica mundial y profundizaron la crisis alimentaria y energética global.
En una primera etapa, la invasión intentó, sin éxito, ingresar a la capital Kiev y a Jarkov, la segunda ciudad en importancia, lo que llevó a Rusia a fines marzo a replegar sus operaciones al Donbass, región donde se ubican las provincias de Donetsk y Lugansk de mayoría prorrusa y en conflicto desde 2014, año en el que además el Kremlin se anexó la península de Crimea.
La reagrupación rusa tras sumar soldados con el llamado a la movilización parcial decretado por Putin y el mayor protagonismo del grupo paramilitar Wagner intensificaron en las últimas semanas los combates, principalmente en la batalla para tomar la localidad de Bajmut, pero las fuerzas ucranianas confían en ser ellos los que avanzarán al sumar artillería y tanques occidentales.
Así como no hay certezas de qué ocurrirá en la línea del frente en el futuro cercano, tampoco existen datos precisos de las consecuencias de lo ocurrido hasta ahora: el número de bajas es difícil de precisar sin balance oficial, aunque Noruega estimó recientemente unos 180.000 soldados rusos muertos o heridos y unos 100.000 militares ucranianos también fallecidos o heridos.
En cuanto a los civiles, la ONU indicó que hay más de 8.000 fallecidos y 13.300 heridos, aunque reconoce que los números reales son más altos.
Por otro lado, la ocupación rusa de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, elevó el temor a que haya una catástrofe atómica por un error humano o por los bombardeos, de los que Moscú y Kiev se acusan mutuamente.
Esa amenaza nuclear resurgió esta semana ante el anuncio de Putin de suspender la participación de Rusia del tratado de desarme nuclear Nuevo Start firmado con Estados Unidos, aunque tanto Moscú como el presidente estadounidense, Joe Biden, relativizaron la medida como un indicio de que realmente se estuviera considerando usar un arma atómica.
Por su parte, la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas investigan posibles crímenes de guerra, denuncias realizadas mayormente contra Rusia, que incluyen ataques contra infraestructura civil, asesinatos masivos de la población, tortura, ejecuciones, violación de mujeres y uso de armamento prohibido.
En ese sentido, este año de guerra dejó hechos como el asedio a la ciudad de Mariupol, la denuncia de fosas comunes en la localidad de Bucha, la explosión en el puente de Crimea, símbolo de la anexión rusa de la península, y el bombardeo a la cárcel de Olenivka, que albergaba prisioneros ucranianos, entre otros.
Las negociaciones de paz están rotas oficialmente desde fines de marzo y ahora es China, tras los intentos de Turquía y los ofrecimientos del Vaticano, la que intenta oficiar de mediador para restablecer el diálogo.
El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, se reunió esta semana en Berlín con su par estadounidense, Antony Blinken, y posteriormente viajó a Moscú donde mantuvo un encuentro con Putin.
"Los interlocutores chinos nos comunicaron sus reflexiones sobre las causas profundas de la crisis ucraniana, así como sus planteamientos para una solución política", pero "no se abordó ningún 'plan' (de paz) separado", precisó la cancillería rusa en un comunicado.
En ese marco, más allá de los intercambios de prisioneros, el único acuerdo firmado entre las partes fue el que permitió a partir de la mitad de julio exportar los granos y fertilizantes que habían quedado bloqueados por los combates y las sanciones.
Ese convenio, del que participan Turquía y la ONU, permitió vender ya más de 20 millones de toneladas de alimento y reducir los precios mundiales, y tras una primera prolongación tiene que volver a ser renovado el 18 de marzo próximo.