Resurge debate en el Reino Unido sobre la riqueza de los reyes
Ganancias siderales obtenidas por el rey Carlos III y la difunta reina Isabel II del Reino Unido por la administración de inversiones en grandes tierras y propiedades en toda Inglaterra por parte de dos ducados han vuelto al centro de un largo debate sobre si esos ingreso deberían ir al fisco, a partir de una investigación periodística.
Según la investigación, del diario británico The Guardian, los ducados de Lancaster y Cornualles funcionan como imperios inmobiliarios gestionados profesionalmente que administran extensiones de tierras de cultivo, hoteles, castillos medievales, oficinas, tiendas y algunas de las principales propiedades inmobiliarias de lujo de Londres.
La investigación reveló que las cuentas del ducado, que se encuentran en los archivos parlamentarios y estatales, muestran cómo la reina Isabel II, fallecida en septiembre de 2022 y su hijo primogénito, en calidad de duque de Cornualles, se beneficiaron de un gran aumento de los ingresos de los ducados durante el reinado de siete décadas de Isabel.
El año pasado, los ingresos de su ducado ascendieron a 41.800 millones de libras esterlinas y, con el ajuste de la inflación, ambos recibieron el equivalente a más de 1.200 millones de libras esterlinas en ingresos totales de esas propiedades.
Estas ganancias del Ducado de Lancaster y del Ducado de Cornualles han sido objeto de un debate de siglos sobre si deberían entregarse al erario público.
El derecho de la familia real a los ingresos de los ducados se deriva de estatutos arcaicos que datan de cuando el país estaba dividido en feudos medievales, según el diario británico.
Desde la llegada de la democracia parlamentaria, generaciones de legisladores han desafiado ese derecho y han pedido que las ganancias del ducado se paguen al Tesoro en su lugar.
El debate parlamentario a menudo coincide con la ascensión de un nuevo monarca, en medio de un renovado escrutinio sobre sus fuentes de riqueza pública y privada.
Los miembros de la realeza insisten en que los ingresos de su ducado son "privados", y el Gobierno los trata como algo completamente separado de la subvención soberana, el pago anual que la familia real recibe del Estado para cubrir sus costos oficiales.
El Palacio de Buckingham se negó a comentar sobre las cifras del diario británico de ingresos recibidos de los ducados, que describió como "especulativas".
El palacio declaró durante mucho tiempo que los ingresos recibidos de ambos ducados se gastan en gran parte en los deberes oficiales de la familia, obras públicas o causas benéficas.
Sin embargo, nunca proporcionó una descripción detallada de cómo se gasta el dinero de las propiedades, describiéndolos como "acuerdos financieros privados".
Como príncipe de Gales, una gran parte de los ingresos que recibió Carlos del ducado se gastó de forma privada, incluso en secretarios, ayuda de cámara, jardineros, chefs, mozos de cuadra y trabajadores agrícolas.
The Guardian dijo que también hizo varias preguntas al Palacio de Buckingham sobre los costos de la coronación del rey Carlos III, la tasa impositiva que pagará sobre sus ingresos privados y los pagos y compromisos de los "reales trabajadores" como los duques de Gloucester y Kent en los últimos cinco años.
Sin embargo, el palacio respondió con evasivas y negando la información más básica sobre la monarquía, agregó el periódico.
Según el diario, una cultura del secreto arraigado en la realeza británica impide que los británicos tengan acceso a la información financiera y constituye un obstáculo para la transparencia y la rendición de cuentas.
The Guardian dijo que documentos oficiales a los que tuvo acceso revelaron prácticas "inaceptables", incluido el abuso del procedimiento de consentimiento de la corona para ocultar la "vergonzosa" riqueza privada de la realeza de la opinión pública.
La diputada laborista Margaret Hodge lideró una investigación sobre el Ducado de Cornualles en 2013 cuando presidía la Comisión de Cuentas Públicas, pero el Parlamento no discutió cómo se gastaban los ingresos del ducado.
Hodge argumentó que el Gobierno debe tener en cuenta los ingresos de los ducados cuando calcule el próximo pago de la subvención soberana y que debería haber más transparencia en cómo se gastan los ingresos.
Según información oficial, el monarca no está legalmente obligado a pagar el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ganancias de capital o el impuesto sobre sucesiones porque las leyes pertinentes no se aplican a la Corona.
Lo mismo ocurre con los ingresos del Ducado de Cornualles que se pagan al príncipe de Gales.
Sin embargo, desde 1993, la corona ha pagado impuestos voluntariamente de la misma manera que todos los demás británicos.
El rey tampoco está obligado a pagar impuestos sobre la Subvención Soberana, ya que solo cubre los gastos oficiales y, según las disposiciones del Memorándum sobre Entendimiento de Tributación Real, no se adeudan impuestos.
Según la investigación, del diario británico The Guardian, los ducados de Lancaster y Cornualles funcionan como imperios inmobiliarios gestionados profesionalmente que administran extensiones de tierras de cultivo, hoteles, castillos medievales, oficinas, tiendas y algunas de las principales propiedades inmobiliarias de lujo de Londres.
La investigación reveló que las cuentas del ducado, que se encuentran en los archivos parlamentarios y estatales, muestran cómo la reina Isabel II, fallecida en septiembre de 2022 y su hijo primogénito, en calidad de duque de Cornualles, se beneficiaron de un gran aumento de los ingresos de los ducados durante el reinado de siete décadas de Isabel.
El año pasado, los ingresos de su ducado ascendieron a 41.800 millones de libras esterlinas y, con el ajuste de la inflación, ambos recibieron el equivalente a más de 1.200 millones de libras esterlinas en ingresos totales de esas propiedades.
Estas ganancias del Ducado de Lancaster y del Ducado de Cornualles han sido objeto de un debate de siglos sobre si deberían entregarse al erario público.
El derecho de la familia real a los ingresos de los ducados se deriva de estatutos arcaicos que datan de cuando el país estaba dividido en feudos medievales, según el diario británico.
Desde la llegada de la democracia parlamentaria, generaciones de legisladores han desafiado ese derecho y han pedido que las ganancias del ducado se paguen al Tesoro en su lugar.
El debate parlamentario a menudo coincide con la ascensión de un nuevo monarca, en medio de un renovado escrutinio sobre sus fuentes de riqueza pública y privada.
Los miembros de la realeza insisten en que los ingresos de su ducado son "privados", y el Gobierno los trata como algo completamente separado de la subvención soberana, el pago anual que la familia real recibe del Estado para cubrir sus costos oficiales.
El Palacio de Buckingham se negó a comentar sobre las cifras del diario británico de ingresos recibidos de los ducados, que describió como "especulativas".
El palacio declaró durante mucho tiempo que los ingresos recibidos de ambos ducados se gastan en gran parte en los deberes oficiales de la familia, obras públicas o causas benéficas.
Sin embargo, nunca proporcionó una descripción detallada de cómo se gasta el dinero de las propiedades, describiéndolos como "acuerdos financieros privados".
Como príncipe de Gales, una gran parte de los ingresos que recibió Carlos del ducado se gastó de forma privada, incluso en secretarios, ayuda de cámara, jardineros, chefs, mozos de cuadra y trabajadores agrícolas.
The Guardian dijo que también hizo varias preguntas al Palacio de Buckingham sobre los costos de la coronación del rey Carlos III, la tasa impositiva que pagará sobre sus ingresos privados y los pagos y compromisos de los "reales trabajadores" como los duques de Gloucester y Kent en los últimos cinco años.
Sin embargo, el palacio respondió con evasivas y negando la información más básica sobre la monarquía, agregó el periódico.
Según el diario, una cultura del secreto arraigado en la realeza británica impide que los británicos tengan acceso a la información financiera y constituye un obstáculo para la transparencia y la rendición de cuentas.
The Guardian dijo que documentos oficiales a los que tuvo acceso revelaron prácticas "inaceptables", incluido el abuso del procedimiento de consentimiento de la corona para ocultar la "vergonzosa" riqueza privada de la realeza de la opinión pública.
La diputada laborista Margaret Hodge lideró una investigación sobre el Ducado de Cornualles en 2013 cuando presidía la Comisión de Cuentas Públicas, pero el Parlamento no discutió cómo se gastaban los ingresos del ducado.
Hodge argumentó que el Gobierno debe tener en cuenta los ingresos de los ducados cuando calcule el próximo pago de la subvención soberana y que debería haber más transparencia en cómo se gastan los ingresos.
Según información oficial, el monarca no está legalmente obligado a pagar el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ganancias de capital o el impuesto sobre sucesiones porque las leyes pertinentes no se aplican a la Corona.
Lo mismo ocurre con los ingresos del Ducado de Cornualles que se pagan al príncipe de Gales.
Sin embargo, desde 1993, la corona ha pagado impuestos voluntariamente de la misma manera que todos los demás británicos.
El rey tampoco está obligado a pagar impuestos sobre la Subvención Soberana, ya que solo cubre los gastos oficiales y, según las disposiciones del Memorándum sobre Entendimiento de Tributación Real, no se adeudan impuestos.