El jueves 16 de junio de 1955, la Armada Argentina, con apoyo de sectores de la Fuerza Aérea, encabezó un ataque que tenía como objetivo principal asesinar al presidente Juan Domingo Perón y a los miembros de su gabinete para consumar así un golpe de Estado. Aviones que surcaron el cielo del centro de Buenos Aires lanzaron más de cien bombas con un total de entre 9 y 14 toneladas de explosivos.
El Bombardeo no sólo fue un antecedente directo del golpe de Estado de 1955, consumado en el día 16 de septiembre con activa participación del Ejército, hasta entonces leal a Perón. Además, inauguró un ciclo de autoritarismo, represión estatal y persecución política que tuvo su máxima expresión en la dictadura cívico-militar iniciada en marzo de 1976.
Los vasos comunicantes entre el ataque de junio de 1955 y la última dictadura se evidencian, también, en algunos de sus protagonistas: los tres ayudantes del ministro de Marina, contralmirante Olivieri, máxima autoridad militar de los conspiradores, eran los capitanes de fragata Emilio Eduardo Massera, Horacio Mayorga y Oscar Montes. Massera fue miembro de la Junta Militar que asaltó el poder en marzo de 1976; Mayorga estuvo involucrado en la Masacre de Trelew, en la que se asesinó a sangre fría a diecinueve prisioneros en la Base Almirante Zar de esa ciudad el 22 de agosto de 1972); y Montes se desempeñó como Canciller y como titular de la Fuerza de Tareas 3 de la Armada, y en cuanto tal fue jefe de la ESMA, durante la última dictadura cívico-militar.
Durante décadas, el Bombardeo a Plaza de Mayo permaneció como un hecho olvidado de la historia argentina. Recién en 2005, por iniciativa del Presidente Néstor Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos inició una investigación sobre el ataque del 16 de junio de 1955. Luego, en 2008, durante el mandato inicial de Cristina Fernández de Kirchner, se inauguró el primer monumento oficial en homenaje a las víctimas del Bombardeo, ubicado en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Un año después se sancionó la ley 26.564, que otorgó el derecho a percibir indemnizaciones a las víctimas del ataque.
El jueves 16 de junio de 1955, la Armada Argentina, con apoyo de sectores de la Fuerza Aérea, encabezó un ataque que tenía como objetivo principal asesinar al presidente Juan Domingo Perón y a los miembros de su gabinete para consumar así un golpe de Estado. Aviones que surcaron el cielo del centro de Buenos Aires lanzaron más de cien bombas con un total de entre 9 y 14 toneladas de explosivos.
El Bombardeo no sólo fue un antecedente directo del golpe de Estado de 1955, consumado en el día 16 de septiembre con activa participación del Ejército, hasta entonces leal a Perón. Además, inauguró un ciclo de autoritarismo, represión estatal y persecución política que tuvo su máxima expresión en la dictadura cívico-militar iniciada en marzo de 1976.
Los vasos comunicantes entre el ataque de junio de 1955 y la última dictadura se evidencian, también, en algunos de sus protagonistas: los tres ayudantes del ministro de Marina, contralmirante Olivieri, máxima autoridad militar de los conspiradores, eran los capitanes de fragata Emilio Eduardo Massera, Horacio Mayorga y Oscar Montes. Massera fue miembro de la Junta Militar que asaltó el poder en marzo de 1976; Mayorga estuvo involucrado en la Masacre de Trelew, en la que se asesinó a sangre fría a diecinueve prisioneros en la Base Almirante Zar de esa ciudad el 22 de agosto de 1972); y Montes se desempeñó como Canciller y como titular de la Fuerza de Tareas 3 de la Armada, y en cuanto tal fue jefe de la ESMA, durante la última dictadura cívico-militar.
Durante décadas, el Bombardeo a Plaza de Mayo permaneció como un hecho olvidado de la historia argentina. Recién en 2005, por iniciativa del Presidente Néstor Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos inició una investigación sobre el ataque del 16 de junio de 1955. Luego, en 2008, durante el mandato inicial de Cristina Fernández de Kirchner, se inauguró el primer monumento oficial en homenaje a las víctimas del Bombardeo, ubicado en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Un año después se sancionó la ley 26.564, que otorgó el derecho a percibir indemnizaciones a las víctimas del ataque.