Tarifazo del gas: la Defensoría del Chubut no está “legitimada” para reclamar
Con un parte de prensa, la Defensoría del Pueblo del Chubut reveló que el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, rechazó el amparo que atacaba los incrementos en las tarifas de gas en la provincia. El magistrado no se pronunció sobre el fondo de la cuestión sino que consideró que el organismo que preside Claudia Bard no está legitimado para un reclamo de esta naturaleza en el fuero federal.
Bard había presentado una acción de amparo colectivo solicitando una medida cautelar “urgente” para frenar las subas del gas, que en algunos casos superan el 400%, llegando incluso al 4.000%.
El objeto era “regular la entrada en vigencia de las Resoluciones emitidas por el ENARGAS y la SEN del Estado Nacional en referencia a las tarifas de gas natural para nuestra provincia”.
La sentencia interlocutoria que firmó Sastre “rechazó la legitimación activa por parte de nuestro organismo para la defensa activa de los derechos colectivos de los ciudadanos chubutenses”.
Según fundamentó el magistrado, “las provincias y municipalidades solo pueden crear órganos para que actúen en el ámbito de sus respectivas competencias, sin poder invadir las que corresponden al gobierno federal, o a otras provincias o municipalidades”.
“Cuando las provincias crean defensorías locales, solo pueden crear órganos de control de sus propias administraciones, pero ninguna provincia ni municipalidad está facultada para crear un órgano que interfiera con el actuar de la Administración Pública Nacional”.
“Los defensores del pueblo no tienen representación política del pueblo ni son custodios de los derechos del pueblo. Son órganos de control que las administraciones locales han instituido para controlar la marcha de sus propias administraciones”.
Desde la Defensoría dijeron “entender y comprender la fundamentación jurídica expuesta por Sastre, pero consideramos necesaria la defensa de los intereses de nuestros ciudadanos ante ese estrado”. De lo contrario “sólo quedaría legitimado activamente para intervenir en estos casos el Defensor del Pueblo de la Nación, cargo que se encuentra vacante generando un estado de indefensión para los ciudadanos de las provincias que ven avasallados sus derechos ante el accionar abusivo del Estado Nacional”.
Por eso la Defensoría chubutense apelará la decisión “en pos que nos sea reconocida nuestra legitimación activa en la defensa de los derechos colectivos de los chubutenses”.
Con un parte de prensa, la Defensoría del Pueblo del Chubut reveló que el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, rechazó el amparo que atacaba los incrementos en las tarifas de gas en la provincia. El magistrado no se pronunció sobre el fondo de la cuestión sino que consideró que el organismo que preside Claudia Bard no está legitimado para un reclamo de esta naturaleza en el fuero federal.
Bard había presentado una acción de amparo colectivo solicitando una medida cautelar “urgente” para frenar las subas del gas, que en algunos casos superan el 400%, llegando incluso al 4.000%.
El objeto era “regular la entrada en vigencia de las Resoluciones emitidas por el ENARGAS y la SEN del Estado Nacional en referencia a las tarifas de gas natural para nuestra provincia”.
La sentencia interlocutoria que firmó Sastre “rechazó la legitimación activa por parte de nuestro organismo para la defensa activa de los derechos colectivos de los ciudadanos chubutenses”.
Según fundamentó el magistrado, “las provincias y municipalidades solo pueden crear órganos para que actúen en el ámbito de sus respectivas competencias, sin poder invadir las que corresponden al gobierno federal, o a otras provincias o municipalidades”.
“Cuando las provincias crean defensorías locales, solo pueden crear órganos de control de sus propias administraciones, pero ninguna provincia ni municipalidad está facultada para crear un órgano que interfiera con el actuar de la Administración Pública Nacional”.
“Los defensores del pueblo no tienen representación política del pueblo ni son custodios de los derechos del pueblo. Son órganos de control que las administraciones locales han instituido para controlar la marcha de sus propias administraciones”.
Desde la Defensoría dijeron “entender y comprender la fundamentación jurídica expuesta por Sastre, pero consideramos necesaria la defensa de los intereses de nuestros ciudadanos ante ese estrado”. De lo contrario “sólo quedaría legitimado activamente para intervenir en estos casos el Defensor del Pueblo de la Nación, cargo que se encuentra vacante generando un estado de indefensión para los ciudadanos de las provincias que ven avasallados sus derechos ante el accionar abusivo del Estado Nacional”.
Por eso la Defensoría chubutense apelará la decisión “en pos que nos sea reconocida nuestra legitimación activa en la defensa de los derechos colectivos de los chubutenses”.