Tras un pedido efectuado por el procurador fiscal Juan Leonardo Cheuqueman, a instancias de una denuncia por presuntas amenazas presentada por tres diputados provinciales de Chubut, la jueza capitalina María Laura Martini ordenó un prohibición de acercamiento e impedimento de contacto contra el sindicalista Luis Nuñez, titular del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA) y los abogados Vanesa Peruzotti y Bautista Mora.
Este viernes, fuentes cercanas a los denunciantes indicaron que se habían levantado las denuncias contra los abogados pero se mantenía contra el dirigente gremial.
Los denunciantes son los legisladores del bloque de Despierta Chubut que responde al gobernador Nacho Torres: se trata de Daniel Hollman, Sixto Bermejo y Sandra Willatowski, quienes acusan a Nuñez, Peruzotti y Mora de haberlos amenazado en una reunión que mantuvieron para discutir pormenores de una ley de ART que, finalmente, fue aprobada por la Legislatura en la última sesión.
Según consta en el fallo de la jueza Martini al que accedió Jornada, los hechos habrían ocurrido el 17 de diciembre durante un encuentro de todos en la Legislatura, más precisamente en sala de reunión de la Presidencia del Bloque Despierta Chubut. “Se planteó una reunión con algunos gremios afiliados a la CGT, entre ellos Camioneros y STIA, quienes habían solicitado por el tratamiento de un proyecto de ley 248/2024 que se está tratando en la Legislatura y que ha tomado estado público”, denunciaron los tres diputados el 18 de diciembre pasado. “Esa reunión fue gestionada por un gremialista donde se había acordado que íbamos a recibir a tres representantes de los gremios el día martes 17 de diciembre”, pero “cuando avisan para tener la reunión nos encontramos que había ocho representantes de los gremios más dos abogados”.
En el grupo estaba, además de Nuñez, Luis Collio, representante de Camioneros, que sin embargo no fue denunciado por los diputados. “La idea de la reunión era escuchar cuáles eran las propuestas y los planteos que tenían estos sectores gremiales con el proyecto y por nuestra parte era escuchar cuáles eran estos planteos como lo hacemos con otros proyectos”, señalaron los diputados en su denuncia.
“En primer lugar, percibimos que había mucha agresividad en los planteos que hacían. Había una idea de interpelarnos y sobre todo por el tono de voz que planteaban estas cosas no hubo mucho intercambio y en un momento toma la palabra el representante del STIA (Luis Núñez) que nos pregunta qué decisión íbamos a tomar con respecto a este proyecto porque en base a lo que nosotros decidamos, ellos iban a obran en consecuencia, que ellos iban a ver qué medidas tomaban con respecto a la decisión que nosotros teníamos y además que eso involucraba ir a nuestros domicilios personales para hacernos saber cuál era la decisión que tenían ellos y además llevar adelante un escrache (tono más amenazante), lo cual desvirtuó la reunión, lo cual hizo que se cierre la reunión y que se termine porque los diputados que participábamos interpretamos que se había llevado adelante una amenaza y que en esos términos no se podía continuar la reunión”, señala la denuncia.
Los diputados que participaron en la reunión tomaron eso como una “maniobra de amedrentamiento y amenaza de manera explícita”, por lo cual hicieron la denuncia ante la Fiscalía de Rawson. Un día después ampliaron esa denuncia y expresaron: “Esta parte ha sufrido de manera verbal sendas amenazas de violencia para nuestra persona como para cada uno de nuestros familiares y domicilios”.
En ese sentido, apuntaron contra los abogados Peruzotti y Mora: “La abogada Vanesa Peruzotti era quien llevaba la voz cantante en la reunión y quién propicio en varias oportunidades, mientras se desarrollaba la misma, improperios hacia nuestra persona y con constante subida de voz lo ya expuesto en la denuncia”, expresaron los diputados. Peruzotti es una abogada del fuero local pero, además, la presidenta de la Unión Cívica Radical de Puerto Madryn, lo cual le agrega un condimento extra a este entuerto. Y Mora también es un reconocido dirigente radical de la ciudad portuaria.
En el fallo de la jueza Martini se hace lugar al temor expresado por los diputados provinciales: “Han expresado un temor legítimo por su integridad física, la seguridad de sus bienes y familiares. Que dicho temor se funda en la naturaleza de las amenazas recibidas, las cuales hacen razonable en la actual etapa del proceso que se adopten medidas preventivas para salvaguardar su seguridad”, escribió la jueza.
Sin embargo, aunque el pedido de los denunciantes era dictar una prohibición de acercamiento por 30 días, finalmente la jueza Martini ordenó que sea solamente hasta el 31 de diciembre.
Tras un pedido efectuado por el procurador fiscal Juan Leonardo Cheuqueman, a instancias de una denuncia por presuntas amenazas presentada por tres diputados provinciales de Chubut, la jueza capitalina María Laura Martini ordenó un prohibición de acercamiento e impedimento de contacto contra el sindicalista Luis Nuñez, titular del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA) y los abogados Vanesa Peruzotti y Bautista Mora.
Este viernes, fuentes cercanas a los denunciantes indicaron que se habían levantado las denuncias contra los abogados pero se mantenía contra el dirigente gremial.
Los denunciantes son los legisladores del bloque de Despierta Chubut que responde al gobernador Nacho Torres: se trata de Daniel Hollman, Sixto Bermejo y Sandra Willatowski, quienes acusan a Nuñez, Peruzotti y Mora de haberlos amenazado en una reunión que mantuvieron para discutir pormenores de una ley de ART que, finalmente, fue aprobada por la Legislatura en la última sesión.
Según consta en el fallo de la jueza Martini al que accedió Jornada, los hechos habrían ocurrido el 17 de diciembre durante un encuentro de todos en la Legislatura, más precisamente en sala de reunión de la Presidencia del Bloque Despierta Chubut. “Se planteó una reunión con algunos gremios afiliados a la CGT, entre ellos Camioneros y STIA, quienes habían solicitado por el tratamiento de un proyecto de ley 248/2024 que se está tratando en la Legislatura y que ha tomado estado público”, denunciaron los tres diputados el 18 de diciembre pasado. “Esa reunión fue gestionada por un gremialista donde se había acordado que íbamos a recibir a tres representantes de los gremios el día martes 17 de diciembre”, pero “cuando avisan para tener la reunión nos encontramos que había ocho representantes de los gremios más dos abogados”.
En el grupo estaba, además de Nuñez, Luis Collio, representante de Camioneros, que sin embargo no fue denunciado por los diputados. “La idea de la reunión era escuchar cuáles eran las propuestas y los planteos que tenían estos sectores gremiales con el proyecto y por nuestra parte era escuchar cuáles eran estos planteos como lo hacemos con otros proyectos”, señalaron los diputados en su denuncia.
“En primer lugar, percibimos que había mucha agresividad en los planteos que hacían. Había una idea de interpelarnos y sobre todo por el tono de voz que planteaban estas cosas no hubo mucho intercambio y en un momento toma la palabra el representante del STIA (Luis Núñez) que nos pregunta qué decisión íbamos a tomar con respecto a este proyecto porque en base a lo que nosotros decidamos, ellos iban a obran en consecuencia, que ellos iban a ver qué medidas tomaban con respecto a la decisión que nosotros teníamos y además que eso involucraba ir a nuestros domicilios personales para hacernos saber cuál era la decisión que tenían ellos y además llevar adelante un escrache (tono más amenazante), lo cual desvirtuó la reunión, lo cual hizo que se cierre la reunión y que se termine porque los diputados que participábamos interpretamos que se había llevado adelante una amenaza y que en esos términos no se podía continuar la reunión”, señala la denuncia.
Los diputados que participaron en la reunión tomaron eso como una “maniobra de amedrentamiento y amenaza de manera explícita”, por lo cual hicieron la denuncia ante la Fiscalía de Rawson. Un día después ampliaron esa denuncia y expresaron: “Esta parte ha sufrido de manera verbal sendas amenazas de violencia para nuestra persona como para cada uno de nuestros familiares y domicilios”.
En ese sentido, apuntaron contra los abogados Peruzotti y Mora: “La abogada Vanesa Peruzotti era quien llevaba la voz cantante en la reunión y quién propicio en varias oportunidades, mientras se desarrollaba la misma, improperios hacia nuestra persona y con constante subida de voz lo ya expuesto en la denuncia”, expresaron los diputados. Peruzotti es una abogada del fuero local pero, además, la presidenta de la Unión Cívica Radical de Puerto Madryn, lo cual le agrega un condimento extra a este entuerto. Y Mora también es un reconocido dirigente radical de la ciudad portuaria.
En el fallo de la jueza Martini se hace lugar al temor expresado por los diputados provinciales: “Han expresado un temor legítimo por su integridad física, la seguridad de sus bienes y familiares. Que dicho temor se funda en la naturaleza de las amenazas recibidas, las cuales hacen razonable en la actual etapa del proceso que se adopten medidas preventivas para salvaguardar su seguridad”, escribió la jueza.
Sin embargo, aunque el pedido de los denunciantes era dictar una prohibición de acercamiento por 30 días, finalmente la jueza Martini ordenó que sea solamente hasta el 31 de diciembre.