Condenaron al falso abogado Marcelo D'Alessio a 13 años y medio de prisión
Es por asociación ilícita, espionaje ilegal y extorsión, entre otros delitos.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N° 8 condenó este jueves al falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio a 13 años de años y 6 meses de prisión, como miembro de dos asociaciones ilícitas que operaron entre mediados de 2016 y febrero de 2019, una de de las cuales realizaba acciones de inteligencia ilegal y extorsiones -entre otros delitos- y otra cuyo objetivo era llevar a cabo operaciones internacionales de lavados de activos por sumas millonarias. También fueron condenados otros cinco imputados, entre ellos dos exagentes de inteligencia, a penas de entre 9 años de prisión efectiva y 3 años en suspenso.
El escándalo de D'Alessio salpicó a un viejo amigo suyo, el periodista de Clarín Daniel Santoro, como así también a Alejandro Fantino, que lo llevaba a su programa "Animales Sueltos" como "experto en seguridad. Además, tenía vínculos poco claros con la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el fiscal Carlos Stornelli, entre otros.
En el debate, que se prolongó a lo largo de un año y diez meses -se inició el 12 de septiembre de 2023-, intervinieron el titular de la Fiscalía General Nº8 ante los TOCF de la Capital Federal, Marcelo Colombo, y el auxiliar fiscal Miguel Yivoff. El tribunal estuvo integrado por las juezas Sabrina Namer (presidenta) y Gabriela López Iñiguez y el juez Nicolás Toselli.
En sintonía con el pedido del MPF, el TOCF 8 condenó al principal imputado, D’Alessio (55), a 13 años y 6 meses de prisión por los delitos de asociación ilícita (en calidad de miembro) y violación a la Ley de Inteligencia Nacional (participe primario). Además, como miembro de otra asociación ilícita conformada para realizar maniobras de lavados de activo de origen ilícito; extorsión (coautor); cuatro hechos reiterados de extorsión (en grado de tentativa); coacción (coautor) y tenencia ilegal de armas de guerra (como autor, por el secuestro de un revólver marca Smith & Wesson calibre Magnum .357 en su domicilio).
Por el único delito por el que fue absuelto, fue el de encubrimiento, por prescripción de la acción penal. El falso abogado -para quien la fiscalía había pedido una pena de 15 años de prisión- yahabía sido condenado en 2021 por el TOCF N°2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la pena de 4 años de prisión por tentativa de extorsión en perjuicio del empresario Gabriel Traficante.
En tanto, los exagentes de inteligencia R.O.B y R.H.B. (sus identidades están resguardadas por la Ley de Inteligencia), recibieron penas de 9 años y 6 meses y 6 años de prisión, respectivamente. Ambos fueron considerados coautores penalmente responsables del delito asociación ilícita en calidad de miembros y de violación de la Ley de Inteligencia Nacional, en calidad de autores. Además, a R.O.B se lo condenó como miembro de la segunda asociación ilícita conformada para realizar maniobras de lavados de activo de origen ilícito, por extorsión (coautor) y coacción (coautor), y a R.H.B se le probó el delito de extorsión en calidad de coautor, en grado de tentativa, reiterado en dos oportunidades.
A su vez, el licenciado en sistemas Pablo Leonardo Bloise (58), el comerciante Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti (60) y el empresario Aldo Eduardo Sánchez (54) recibieron la pena de 3 años de prisión en suspenso, por ser considerados coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita conformada para realizar maniobras de lavados de activo de origen ilícito en calidad de miembro.
Para todos los condenados, el tribunal también dispuso el pago del máximo de la multa del artículo 22 bis de Código Penal.
Por último, resultaron absueltos el excomisario de la policía bonaerense Aníbal Degastaldi (70), el oficial de la Prefectura Naval Argentina Franco Leandro Pini (45) y el boxeador Mariano Rubén Díaz (43).
El TOF dispuso que el próximo 15 de septiembre del 2025 se conocerán los fundamentos de la resolución.
Espionaje ilegal y extorsión
Según lo acreditado en el juicio, la primera asociación ilícita se dedicaba a realizar inteligencia ilegal, en clara violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Las maniobras criminales consistían, en la mayoría de los casos, en la obtención, producción y/o almacenamiento de información sobre la vida de diversas personas, a través de fuentes públicas y abiertas como de bases datos de acceso restringido que franqueaban gracias a la colaboración de agentes estatales de diversas reparticiones.
Luego utilizaban la información recabada con diversos fines. En algunos casos, para intimidar a las personas espiadas a fin de exigirles sumas de dinero, bajo la amenaza de ejercer influencia sobre causas judiciales y/o sobre medios de comunicación para instalar un relato que pudiese perjudicarlas o favorecerlas en aquellos procesos.
Para alcanzar sus propósitos, la organización mantenía una red de vínculos con funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de las fuerzas de seguridad, así como con periodistas y empresarios. Muchas veces ostentaban esos contactos frente a las víctimas como mecanismo de credibilidad sobre su capacidad de daño y/o influencia.
Mediante esa misma modalidad y con D’Alessio como conductor de las maniobras, el tribunal dio por acreditados trece casos que incluyeron la comisión de diversos delitos (inteligencia ilegal, extorsiones, coacción y tenencia ilegal de arma de guerra, entre otros).
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N° 8 condenó este jueves al falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio a 13 años de años y 6 meses de prisión, como miembro de dos asociaciones ilícitas que operaron entre mediados de 2016 y febrero de 2019, una de de las cuales realizaba acciones de inteligencia ilegal y extorsiones -entre otros delitos- y otra cuyo objetivo era llevar a cabo operaciones internacionales de lavados de activos por sumas millonarias. También fueron condenados otros cinco imputados, entre ellos dos exagentes de inteligencia, a penas de entre 9 años de prisión efectiva y 3 años en suspenso.
El escándalo de D'Alessio salpicó a un viejo amigo suyo, el periodista de Clarín Daniel Santoro, como así también a Alejandro Fantino, que lo llevaba a su programa "Animales Sueltos" como "experto en seguridad. Además, tenía vínculos poco claros con la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el fiscal Carlos Stornelli, entre otros.
En el debate, que se prolongó a lo largo de un año y diez meses -se inició el 12 de septiembre de 2023-, intervinieron el titular de la Fiscalía General Nº8 ante los TOCF de la Capital Federal, Marcelo Colombo, y el auxiliar fiscal Miguel Yivoff. El tribunal estuvo integrado por las juezas Sabrina Namer (presidenta) y Gabriela López Iñiguez y el juez Nicolás Toselli.
En sintonía con el pedido del MPF, el TOCF 8 condenó al principal imputado, D’Alessio (55), a 13 años y 6 meses de prisión por los delitos de asociación ilícita (en calidad de miembro) y violación a la Ley de Inteligencia Nacional (participe primario). Además, como miembro de otra asociación ilícita conformada para realizar maniobras de lavados de activo de origen ilícito; extorsión (coautor); cuatro hechos reiterados de extorsión (en grado de tentativa); coacción (coautor) y tenencia ilegal de armas de guerra (como autor, por el secuestro de un revólver marca Smith & Wesson calibre Magnum .357 en su domicilio).
Por el único delito por el que fue absuelto, fue el de encubrimiento, por prescripción de la acción penal. El falso abogado -para quien la fiscalía había pedido una pena de 15 años de prisión- yahabía sido condenado en 2021 por el TOCF N°2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la pena de 4 años de prisión por tentativa de extorsión en perjuicio del empresario Gabriel Traficante.
En tanto, los exagentes de inteligencia R.O.B y R.H.B. (sus identidades están resguardadas por la Ley de Inteligencia), recibieron penas de 9 años y 6 meses y 6 años de prisión, respectivamente. Ambos fueron considerados coautores penalmente responsables del delito asociación ilícita en calidad de miembros y de violación de la Ley de Inteligencia Nacional, en calidad de autores. Además, a R.O.B se lo condenó como miembro de la segunda asociación ilícita conformada para realizar maniobras de lavados de activo de origen ilícito, por extorsión (coautor) y coacción (coautor), y a R.H.B se le probó el delito de extorsión en calidad de coautor, en grado de tentativa, reiterado en dos oportunidades.
A su vez, el licenciado en sistemas Pablo Leonardo Bloise (58), el comerciante Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti (60) y el empresario Aldo Eduardo Sánchez (54) recibieron la pena de 3 años de prisión en suspenso, por ser considerados coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita conformada para realizar maniobras de lavados de activo de origen ilícito en calidad de miembro.
Para todos los condenados, el tribunal también dispuso el pago del máximo de la multa del artículo 22 bis de Código Penal.
Por último, resultaron absueltos el excomisario de la policía bonaerense Aníbal Degastaldi (70), el oficial de la Prefectura Naval Argentina Franco Leandro Pini (45) y el boxeador Mariano Rubén Díaz (43).
El TOF dispuso que el próximo 15 de septiembre del 2025 se conocerán los fundamentos de la resolución.
Espionaje ilegal y extorsión
Según lo acreditado en el juicio, la primera asociación ilícita se dedicaba a realizar inteligencia ilegal, en clara violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Las maniobras criminales consistían, en la mayoría de los casos, en la obtención, producción y/o almacenamiento de información sobre la vida de diversas personas, a través de fuentes públicas y abiertas como de bases datos de acceso restringido que franqueaban gracias a la colaboración de agentes estatales de diversas reparticiones.
Luego utilizaban la información recabada con diversos fines. En algunos casos, para intimidar a las personas espiadas a fin de exigirles sumas de dinero, bajo la amenaza de ejercer influencia sobre causas judiciales y/o sobre medios de comunicación para instalar un relato que pudiese perjudicarlas o favorecerlas en aquellos procesos.
Para alcanzar sus propósitos, la organización mantenía una red de vínculos con funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de las fuerzas de seguridad, así como con periodistas y empresarios. Muchas veces ostentaban esos contactos frente a las víctimas como mecanismo de credibilidad sobre su capacidad de daño y/o influencia.
Mediante esa misma modalidad y con D’Alessio como conductor de las maniobras, el tribunal dio por acreditados trece casos que incluyeron la comisión de diversos delitos (inteligencia ilegal, extorsiones, coacción y tenencia ilegal de arma de guerra, entre otros).