La jueza Ivana González dará a conocer en las próximas horas en Trelew la resolución mediante la cual decidirá la posible elevación a juicio oral y público de la causa en la que se investiga presunta asociación ilícita en concurso real con robo y otros hechos, que involucra a integrantes de lo que se denominó “La Banda de los LCD”, que operaba generando robos contra la propiedad en la zona.
Se trata de un largo proceso que comenzó el 13 de noviembre de 2012, cuando en un primer momento 22 personas fueron detenidas para ser llevadas a la audiencia de control, tras efectuarse más de treinta allanamientos en distintos sectores de la ciudad. En los procedimientos se logró el secuestro de numerosos elementos, exhibidos públicamente, dándose detalles del operativo y la forma en que actuaban los imputados, luego de tres meses de un seguimiento que permitió conocer el modus operandi de la banda.
Finalmente se llegó a esta audiencia preliminar, donde ante lo complejo del caso, se optó por tratar las distintas situaciones de acuerdo a las condiciones en que se hallaba cada uno de los involucrados. Fue así que en una primera jornada se procedió a dar lectura detallada de la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, representado en esa oportunidad por el fiscal general Arnaldo Maza, y las funcionarias de fiscalía Claudia Ibáñez y Silvia Iglesias, quienes dieron cuenta de cada uno de los numerosos hechos que componen el pedido de elevación a juicio.
Sin embargo, los defensores esgrimieron la posibilidad de aplicar la suspensión de juicio a prueba para varios de sus clientes, entendiendo que se daban las condiciones para dar lugar al mencionado instituto, por lo que ya con la presencia de la fiscal general Mirta Moreno, la jueza resolvió adoptar dicha medida para Omar Alejandro Segundo, Carlos Andrés Rolin, Carmelo Militelo, Jónathan Méndez, Gisel Magalí Saavedra, Ernesto Horacio Saavedra, Mariela Villarroel, Daniel Alejandro Pucchi, Zulma Sandra Necul, Cristian León y Luis Eduardo Millanao. Todos ellos deberán realizar tareas comunitarias en distintos ámbitos fijados por la oficina de ejecución penal, la mayoría durante un año con diez horas de trabajo.
Se diferencian Jónathan Méndez, quien mantenía medida de coerción, quien tendrá que ejecutar durante dos años trabajos por 20 horas, al igual que Cristian Segundo. Por otra parte, y ante la falta de elementos, se otorgó el sobreseimiento definitivo a Cirilo Loncón y Mauro López, el primero al resultar víctima de los procederes de la banda y el segundo, sospechado de ser soporte técnico de uno de los grupos.
También se destaca que más allá de la medida adoptada, Carlos Rolin debió volver a la dependencia policial detenido por otra causa.
Los que irían a juicio oral
Por otro lado, la doctora Ivana González dispuso el arresto domiciliario para Ricardo Omar Gómez, Carlos Sebastián Acuña y Carlos Damián Sáez, debiendo esperar el juicio oral y público cumpliendo esa medida de coerción, permaneciendo detenido en la alcaidía policial Diego Huenelaf, que está cumpliendo la prisión preventiva por haber sido condenado en una causa de robo agravado.
Otros que se someterán al juicio oral son Omar Alejandro Segundo y Cristian Aníbal Alvez, que venían cumpliendo el arresto domiciliario y ahora se les concedió la libertad, aunque deben concurrir tres veces por semana a firmar libro de ejecución penal, a la vez que Mario Daniel Pugh, dos veces en el mismo lapso y César Matías Santucho lo firmará una vez en la semana.
Otro tramo de la extensa audiencia preliminar fue para revisar la situación y presentar el ofrecimiento de prueba de las partes en lo que se refiere a Gustavo Fabián Espinoza, Isaac Martín Pérez Pavez, Daniel Cárcamo, Rubén Alejandro Cocchia, Walter Damián Opazo y César Dante Paredes, los que se encuentran en libertad con diversas medidas sustitutivas y esperan la posibilidad de ser sometidos al juicio oral. Cabe destacar que se halla prófugo en esta causa Mauro Alejandro Cornejo, mientras Matías Adrián Castelo estaba internado al momento de llevarse adelante esta audiencia.
La jueza Ivana González dará a conocer en las próximas horas en Trelew la resolución mediante la cual decidirá la posible elevación a juicio oral y público de la causa en la que se investiga presunta asociación ilícita en concurso real con robo y otros hechos, que involucra a integrantes de lo que se denominó “La Banda de los LCD”, que operaba generando robos contra la propiedad en la zona.
Se trata de un largo proceso que comenzó el 13 de noviembre de 2012, cuando en un primer momento 22 personas fueron detenidas para ser llevadas a la audiencia de control, tras efectuarse más de treinta allanamientos en distintos sectores de la ciudad. En los procedimientos se logró el secuestro de numerosos elementos, exhibidos públicamente, dándose detalles del operativo y la forma en que actuaban los imputados, luego de tres meses de un seguimiento que permitió conocer el modus operandi de la banda.
Finalmente se llegó a esta audiencia preliminar, donde ante lo complejo del caso, se optó por tratar las distintas situaciones de acuerdo a las condiciones en que se hallaba cada uno de los involucrados. Fue así que en una primera jornada se procedió a dar lectura detallada de la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, representado en esa oportunidad por el fiscal general Arnaldo Maza, y las funcionarias de fiscalía Claudia Ibáñez y Silvia Iglesias, quienes dieron cuenta de cada uno de los numerosos hechos que componen el pedido de elevación a juicio.
Sin embargo, los defensores esgrimieron la posibilidad de aplicar la suspensión de juicio a prueba para varios de sus clientes, entendiendo que se daban las condiciones para dar lugar al mencionado instituto, por lo que ya con la presencia de la fiscal general Mirta Moreno, la jueza resolvió adoptar dicha medida para Omar Alejandro Segundo, Carlos Andrés Rolin, Carmelo Militelo, Jónathan Méndez, Gisel Magalí Saavedra, Ernesto Horacio Saavedra, Mariela Villarroel, Daniel Alejandro Pucchi, Zulma Sandra Necul, Cristian León y Luis Eduardo Millanao. Todos ellos deberán realizar tareas comunitarias en distintos ámbitos fijados por la oficina de ejecución penal, la mayoría durante un año con diez horas de trabajo.
Se diferencian Jónathan Méndez, quien mantenía medida de coerción, quien tendrá que ejecutar durante dos años trabajos por 20 horas, al igual que Cristian Segundo. Por otra parte, y ante la falta de elementos, se otorgó el sobreseimiento definitivo a Cirilo Loncón y Mauro López, el primero al resultar víctima de los procederes de la banda y el segundo, sospechado de ser soporte técnico de uno de los grupos.
También se destaca que más allá de la medida adoptada, Carlos Rolin debió volver a la dependencia policial detenido por otra causa.
Los que irían a juicio oral
Por otro lado, la doctora Ivana González dispuso el arresto domiciliario para Ricardo Omar Gómez, Carlos Sebastián Acuña y Carlos Damián Sáez, debiendo esperar el juicio oral y público cumpliendo esa medida de coerción, permaneciendo detenido en la alcaidía policial Diego Huenelaf, que está cumpliendo la prisión preventiva por haber sido condenado en una causa de robo agravado.
Otros que se someterán al juicio oral son Omar Alejandro Segundo y Cristian Aníbal Alvez, que venían cumpliendo el arresto domiciliario y ahora se les concedió la libertad, aunque deben concurrir tres veces por semana a firmar libro de ejecución penal, a la vez que Mario Daniel Pugh, dos veces en el mismo lapso y César Matías Santucho lo firmará una vez en la semana.
Otro tramo de la extensa audiencia preliminar fue para revisar la situación y presentar el ofrecimiento de prueba de las partes en lo que se refiere a Gustavo Fabián Espinoza, Isaac Martín Pérez Pavez, Daniel Cárcamo, Rubén Alejandro Cocchia, Walter Damián Opazo y César Dante Paredes, los que se encuentran en libertad con diversas medidas sustitutivas y esperan la posibilidad de ser sometidos al juicio oral. Cabe destacar que se halla prófugo en esta causa Mauro Alejandro Cornejo, mientras Matías Adrián Castelo estaba internado al momento de llevarse adelante esta audiencia.