La inseguridad de la gente y la generada por los políticos, la Justicia y la Policía

La información la publicó Jornada en su edición del viernes pasado: “La Policía de Puerto Madryn detuvo a un hombre que había roto la ventana de una vivienda y había ingresado a la misma con aparentes fines de robo, pero tras lograr su identificación comprobaron que el sujeto tiene una condena por un episodio de tentativa de homicidio, pese a lo cual se encontraba en libertad”.

Sigue detallando el artículo: “El detenido se encuentra ahora con prisión preventiva por el hecho cometido hace pocos días y se espera que una resolución del Superior Tribunal de Justicia sobre su situación anterior pudiera evitar que quede nuevamente en libertad.”

Y agrega: “El detenido fue identificado como Ceferino Llorens, quien fuera condenado en mayo del 2013 a la pena de 8 años de prisión como responsable del delito de homicidio simple en grado de tentativa, tras comprobarse que atacara a un vecino y le produjera serias lesiones en su cabeza al pegarle con un caño de gas. La condena fue confirmada por la Cámara Penal, que redujo la pena a 6 años de prisión y también fue convalidada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut”.

El párrafo final es dolorosamente contundente: “Si bien el sujeto está condenado, al momento de ser detenido se encontraba en libertad, porque los jueces Marcelo Nieto Di Biase y Horacio Yangüela entendieron que hasta que no haya más instancias a las que pueda apelar, el imputado debía estar en libertad. La medida de dejar en libertad a Llorens se aplicó a pesar de la oposición del Ministerio Público Fiscal”.

Botones de muestra

El caso de este delincuente de Puerto Madryn es apenas un botón de muestra de lo que está ocurriendo hace mucho tiempo con un sector de la Justicia de Chubut.

Es más que evidente que gran parte del Poder Judicial demuestra todos los días su capacidad, empeño y compromiso con la administración del servicio de justicia. Pero nadie, ni siquiera los trabajadores judiciales, funcionarios y magistrados competentes, puede negar que un sector de la Justicia chubutense es un verdadero espanto.

En esta misma edición, Jornada revela el caso de un pastor violador que está a punto de quedar en libertad por esos inexplicables vericuetos de la Justicia.

Y no es el único caso de violadores y abusadores que se han visto beneficiados por decisiones de jueces y camaristas en los últimos tiempos. Sólo basta recordar el caso de Miguel Pallalaf, que fue condenado y estaba preso por violar a un joven en Trelew y se escapó durante una “salida laboral” autorizada por un juez.

No sólo su huida no fue ocultada deliberadamente al resto de la sociedad, sino que nadie lo buscó. Pallalaf reapareció solo: violó y mató a la nena Jazmín Chacoma en Comodoro Rivadavia, en uno de los crímenes más atroces de los últimos años en Chubut.

Impericia y desidia

En Comodoro Rivadavia y en todo Chubut hay decenas de casos impunes por la impericia y desidia de fiscales y jueces. Y, además, el sistema permite cosas insólitas, como por ejemplo que un conjuez de la ciudad petrolera firme con asombrosa celeridad cientos de sentencias a favor de los propios jueces y magistrados en su reclamo salarial contra el Estado provincial, que le han venido costando cientos de millones de pesos a las arcas públicas. O sea, al dinero de todos.

Ese conjuez es, en verdad, un abogado penalista que se especializa en defender delincuentes, que cada tanto se pone la toga para firmar lo que los propios magistrados no pueden hacer. Más allá de la legitimidad de los reclamos, la sociedad asiste impávida a la “justicia exprés” que beneficia a los jueces y fiscales, pero debe esperar años para que condenen a los culpables de hechos atroces.

Hay algunos ejemplos que hacen no perder la esperanza y dan a entender que todavía hay funcionarios judiciales preocupados por cambiar el rumbo: hace pocas semanas, el procurador general, Jorge Miquelarena, les pidió a los fiscales que profundicen las relaciones con distintos sectores de la comunidad, entidades intermedias, para generar un marco de confianza y compromiso.

Hay otros casos de magistrados que están preocupados por acercar la Justicia al sentido común de la gente, como el camarista de Trelew, Marcelo López Mesa, una eminencia jurídica que, sin embargo, se expresa preocupado por la falta de contacto con la realidad que tiene la Justicia en general.

Y también hay casos en la Justicia Federal, como el juez Hugo Sastre y el fiscal Fernando Gélvez, que demuestran con hechos el nivel de profesionalismo con el que trabajan, a pesar de las presiones y críticas despiadadas de algunos sectores políticos.

Hay más casos, pero siguen siendo pocos. Tal vez, lo que el sistema judicial requiere es una mayor precisión en la selección de sus funcionarios. Y mucha celeridad para detectar a las manzanas podridas que hay que sacar del cajón.

Trelew insegura

En las últimas semanas, Comodoro Rivadavia cedió a Trelew el cetro de “ciudad insegura”, no porque en el sur haya mejorado la situación sino porque en el Valle el clima se enrareció con varios hechos que sacudieron la modorra de una comunidad habitualmente apática, inclusive a los casos resonantes como los que ocurrieron.

Primero fue Julia Rodríguez, una humilde verdulera de nacionalidad boliviana, la que perdió la vida en un hecho violento. Y luego, Luis Purita, un kiosquero que estuvo diez días en coma con dos balazos en el cuello recibidos durante un asalto a pocas cuadras del centro de Trelew, para luego morir en terapia intensiva del Hospital Zonal.

En medio de esa cruel apatía trelewense, a Julia pareció llorarla solamente la comunidad boliviana, acostumbrada a luchar contra viento y marea para hacerse un lugar en una sociedad que le hace pagar un altísimo e injusto derecho de piso.

Con la muerte de Luis Purita, en cambio, la reacción fue un poco más numerosa. No sólo muchos se indignaron de la boca para afuera sino que muchos también salieron a la calle el viernes para reclamar que las autoridades los protejan.

Las barbas en remojo

Quienes crean que la sociedad le reclama sólo al Gobierno de turno son ingenuos, ignorantes o tienen un interés político. La sociedad le pide a los gobernantes que manejan las fuerzas de seguridad que tome las medidas adecuadas para garantizar esa seguridad.

Pero también reclama que los fiscales y jueces pongan los pies sobre la tierra para que sientan lo que sienten los demás mortales. Porque, hay que decirlo, hay algunos integrantes del Poder Judicial que viven en una realidad alternativa, en la que la Justicia baja sus persianas a las 14 y los viernes se apagan los celulares hasta el lunes.

La sociedad también reclama que los políticos que asumen responsabilidades sepan lo que está pasando a su alrededor, que no sean sólo relatores de lo que sucede y suenen dolidos por la “dura realidad” que les toca vivir, sino que diseñen estrategias eficientes.

La gente también reclama que las internas políticas no se metan en medio del dolor y que nadie se saque de encima el sayo: ni el gobernador, ni los diputados, ni los intendentes ni los concejales. Todos tienen una cuota parte de responsabilidad en esta historia. Que nadie mire para el otro lado.

La sociedad no necesita “botones antipánico”. Ni cámaras de seguridad que no funcionen. Ni comisiones de emergencia ni comités de seguridad constituidos por burócratas de ocasión.

Lo que necesita es no tener pánico, ni funcionarios ineficientes o cómplices de la delincuencia. Necesita policías que no les roben a los presos, como pasó esta semana en Puerto Madryn, y que luchen contra la inseguridad con el mismo ahínco que lo hacen por sus salarios, pero sin intereses políticos detrás ni operaciones o amenazas de acuartelamientos.

La sociedad quiere que el que está dispuesto a defenderla, lo haga. Y que el resto, se vaya a su casa.