Quién es la República

Resulta curioso que ningún candidato a presidente, de ninguna extracción política, prometa -siquiera como slogan de campaña- “un país con una Justicia que funcione”, una que honre su mote mismo. Los hay, sí, de otros tipos: “un país diferente”, “un país distinto”, “un país con buena gente” y hasta “un país más justo”, que no es específicamente un país con Justicia si de referencia sobre leyes y sus aplicaciones se trata.

Es llamativo porque la esencia de una República está dada en el funcionamiento de su Justicia. Cuando mejor funciona ésta, mayor es la calidad del país. Y viceversa.

No es la corrupción, como se tiende a pensar, el mayor problema de una Nación. Corruptos hay en todos lados, desde los países más avanzados hasta los menos serios. Se diferencian entre sí, en general, por la existencia de un sistema legal capaz de luchar contra esa corrupción, y de castigarla más allá de las jerarquías; sistema que justamente constituye el Poder Judicial, que no es otra cosa que la Justicia de un país. Su debilidad marca la fortaleza de los corruptos, invariablemente.

No es el Poder Ejecutivo, tampoco, el principal responsable de esta situación, aunque claramente esto no lo exculpe de ser parte del problema. Y tampoco es propiedad exclusiva del Poder Judicial. Tiene su cuota de responsabilidad también –y muy grande- la tercera pata de todo sistema republicano, el Poder Legislativo, que es la máquina que alimenta con sus leyes a los jueces: por ejemplo cuando se habla de Justicia garantista se debe pensar, necesariamente, que las normas que se aplican son primero que nada propuestas por alguien y después ratificadas por los Congresos. Es el poder político, en suma, quien allana –en el mejor de los casos- los caminos para que todo el sistema funcione como funciona. Con la anuencia del resto, claro.

Sí, es cierto que la Justicia es permeable a las presiones del poder político porque no tiene en sí misma una fortaleza que le permita escudarse ante esos ataques, se reconoce lejos de ser inmaculada. Lo saben todos los actores y, sobre todo, lo sabe la sociedad, que mira con recelo sus actuaciones. Descree, en general, de sus sentencias. Esa falta de credibilidad la hace de papel y vulnerable, cuando debería ser granítica, impenetrable hasta para las críticas más encumbradas por despiadadas que estas fueran. Pero no es así, sino lo contrario.

Acaso necesitemos volver a la raíz de nuestras instituciones, de su razón de ser. Así los jueces deberían aplicar Justicia en lugar de administrarla, pues se trata de leyes y no de créditos financieros; los gobiernos deberían atenerse a gobernar con las armas legales que le son dadas, y no presionando todo el tiempo para cambiar las que le resultan coyunturalmente inconvenientes, y los legisladores deberían representar a su pueblo primero y a sus provincias después, pues la génesis de los Congresos tuvo ese fin, no el de responder a mandatos de partidos políticos como único fin, ni mucho menos a caudillos de ocasión, de esos que tanto nos seducen a los argentinos.

Sería más doloroso en algunos aspectos y en el corto plazo, claro, pues las prebendas estarían sino vedadas por lo menos seriamente acotadas y las excepciones –entendiéndose estas como el quiebre de leyes a conveniencia- serían eso, en el peor de los casos, y no situaciones comunes y repetidas hasta el hartazgo.

La pregunta del millón es para cada uno como sociedad, por eso es la más cara de todas: ¿Estamos dispuestos a pagar el precio para que ello ocurra? El costo es cumplir siempre con las leyes y denunciar, también siempre, a quien no las cumple. Ese es el grano de arena que hace la diferencia en la construcción ciudadana de una República. No otra cosa.