El padre, la hermana y el yerno, exonerados del Ministerio de Educación
Irregularidades con los sueldos.
Juan Alberto Garay era jefe de División de Haberes de Primaria del Ministerio de Educación; Nancy Violeta Garay es su hermana y trabajaba en el Departamento Personal Docente; Adrián Miguel Videla es yerno de Garay y era portero de la Escuela N° 167; Karina Gisel Suárez trabajaba en el Departamento de Sueldos de Educación Primaria, igual que Marta Susana Bovi; Stella Maris Riegas era maestra en la Escuela N° 201 de Trelew; Alejandro René Leroyer, docente en la Escuela N° 509 de Rawson; Mónica Beatriz Mañan, maestra en las escuelas N° 178 y N° 202 de Rawson y Pedro Regis Zalazar, docente en las escuelas N° 190 y N° 603, ambas de la capital.
Todos ellos son los empleados públicos exonerados por el gobernador Martín Buzzi por irregularidades en la liquidación de sueldos. El desvío de fondos fue de unos 200 mil pesos. Como hubo perjuicio fiscal para el Estado, los casos se elevaron al Tribunal de Cuentas.
Según se reveló en el Boletín Oficial, el caso se inició con un sumario administrativo. “Desde el Departamento de Sueldos de Educación Primaria del Ministerio se habrían realizado liquidaciones indebidas de haberes –dice el texto- sin la correspondiente contraprestación laboral ni alta del Departamento de Personal”. Se usaron nombres de terceros. Algunos ni siquiera existían. Todo a favor de agentes de los ministerios de Educación y de Gobierno, Trabajo y Justicia.
Muchas de estas liquidaciones erróneas se efectuaron a familiares de los agentes encargados de realizarlas. Se usó una combinación de nombres falsos, con números de DNI de personas que viven en otras provincias, “pero que terminaron con depósitos en las Cajas de Ahorro de personas existentes dentro de Educación y Gobierno”.
Una vez depositado el dinero “no sólo no habrían realizado devolución alguna de lo mal liquidado y depositado en sus cuentas poniéndolo de manifiesto ante las autoridades, sino que además habrían extraído lo depositado, no pudiendo desconocer que dicho importe no se correspondía con su salario normal y habitual”.
De acuerdo al Boletín, “hubo un enriquecimiento sin causa” de los involucrados, y perjuicio fiscal para la administración, “obrando de mala fe con respecto de su empleador retirando el dinero”. Esta conducta se repitió varios meses seguidos. “Los depósitos se realizaron utilizando nombres ficticios, con funciones en escuelas en las que no trabajaban, con números de DNI que se correspondían con otras personas”.
“Con relación a las liquidaciones indebidas efectuadas, se encuentra probado que hubo un múltiple ardid en la carga y liquidación de haberes que incluye: inventar el nombre y apellido de un docente, asignarle un lugar de trabajo y un sueldo, tomar al azar un número de DNI y atribuírselo, luego de ello elegir un número de una Caja de Ahorro de un empleado existente y desviar el depósito en dicha cuenta”.
Antecedente
En su momento, el subsecretario de Educación, Sergio Combina, consideró al caso como “defraudación con los recursos públicos de la administración. Los desviaban a cuentas particulares de trabajadores que no pertenecían al Ministerio o sobre liquidaciones que no correspondían a la tarea que desempeñaban”.
Otro de los subsecretarios, Federico Payne, explicó que “el proceso administrativo en las liquidaciones erróneas se produjo en 2010. Ahí se inicia el sumario administrativo y la denuncia que culminó con la exoneración de los 9 agentes y la mecánica que utilizaban para liquidar los haberes”. Estos agentes “hacían liquidaciones falsas con identidades apócrifas y se vinculaban a cuentas de agentes que sí existían”.
Juan Alberto Garay era jefe de División de Haberes de Primaria del Ministerio de Educación; Nancy Violeta Garay es su hermana y trabajaba en el Departamento Personal Docente; Adrián Miguel Videla es yerno de Garay y era portero de la Escuela N° 167; Karina Gisel Suárez trabajaba en el Departamento de Sueldos de Educación Primaria, igual que Marta Susana Bovi; Stella Maris Riegas era maestra en la Escuela N° 201 de Trelew; Alejandro René Leroyer, docente en la Escuela N° 509 de Rawson; Mónica Beatriz Mañan, maestra en las escuelas N° 178 y N° 202 de Rawson y Pedro Regis Zalazar, docente en las escuelas N° 190 y N° 603, ambas de la capital.
Todos ellos son los empleados públicos exonerados por el gobernador Martín Buzzi por irregularidades en la liquidación de sueldos. El desvío de fondos fue de unos 200 mil pesos. Como hubo perjuicio fiscal para el Estado, los casos se elevaron al Tribunal de Cuentas.
Según se reveló en el Boletín Oficial, el caso se inició con un sumario administrativo. “Desde el Departamento de Sueldos de Educación Primaria del Ministerio se habrían realizado liquidaciones indebidas de haberes –dice el texto- sin la correspondiente contraprestación laboral ni alta del Departamento de Personal”. Se usaron nombres de terceros. Algunos ni siquiera existían. Todo a favor de agentes de los ministerios de Educación y de Gobierno, Trabajo y Justicia.
Muchas de estas liquidaciones erróneas se efectuaron a familiares de los agentes encargados de realizarlas. Se usó una combinación de nombres falsos, con números de DNI de personas que viven en otras provincias, “pero que terminaron con depósitos en las Cajas de Ahorro de personas existentes dentro de Educación y Gobierno”.
Una vez depositado el dinero “no sólo no habrían realizado devolución alguna de lo mal liquidado y depositado en sus cuentas poniéndolo de manifiesto ante las autoridades, sino que además habrían extraído lo depositado, no pudiendo desconocer que dicho importe no se correspondía con su salario normal y habitual”.
De acuerdo al Boletín, “hubo un enriquecimiento sin causa” de los involucrados, y perjuicio fiscal para la administración, “obrando de mala fe con respecto de su empleador retirando el dinero”. Esta conducta se repitió varios meses seguidos. “Los depósitos se realizaron utilizando nombres ficticios, con funciones en escuelas en las que no trabajaban, con números de DNI que se correspondían con otras personas”.
“Con relación a las liquidaciones indebidas efectuadas, se encuentra probado que hubo un múltiple ardid en la carga y liquidación de haberes que incluye: inventar el nombre y apellido de un docente, asignarle un lugar de trabajo y un sueldo, tomar al azar un número de DNI y atribuírselo, luego de ello elegir un número de una Caja de Ahorro de un empleado existente y desviar el depósito en dicha cuenta”.
Antecedente
En su momento, el subsecretario de Educación, Sergio Combina, consideró al caso como “defraudación con los recursos públicos de la administración. Los desviaban a cuentas particulares de trabajadores que no pertenecían al Ministerio o sobre liquidaciones que no correspondían a la tarea que desempeñaban”.
Otro de los subsecretarios, Federico Payne, explicó que “el proceso administrativo en las liquidaciones erróneas se produjo en 2010. Ahí se inicia el sumario administrativo y la denuncia que culminó con la exoneración de los 9 agentes y la mecánica que utilizaban para liquidar los haberes”. Estos agentes “hacían liquidaciones falsas con identidades apócrifas y se vinculaban a cuentas de agentes que sí existían”.