Hoy Glinski y Ruffa darán su versión del pago
Más datos de los testimonios del jury a Sergio Rey.
Hoy a las 9.30 seguirá el jury de enjuiciamiento a Sergio Rey. La lista de testigos incluye a José Glinski y Federico Ruffa, exresponsables de las áreas de Seguridad y Justicia en Chubut. Según las grabaciones de Miguel Gómez, Rey los mencionó en sus charlas para mostrar el alcance de sus influencias a nivel oficial a la hora de pedir dinero, cerrar la causa contra el policía y facilitar su ascenso policial.
Ayer declaró el jefe de fiscales de Trelew, Arnaldo Maza. Aportó poco sobre la propuesta económica pero se quejó por la repercusión pública del caso: “Quedamos como una banda que cobraba para ciertos casos y es muy feo que hablen de uno de ese modo”. Rey intentó disculparse “pero yo estaba enojado y no quise”.
El dato del día fue que el fiscal Fabián Moyano no declarará. Presentó un certificado médico que lo exceptúa por 72 horas. Por delicadeza, el tribunal no reveló la patología. Su caso es más complejo porque según Gómez, Moyano le admitió que los cierres de causas a cambio de plata “no se pueden hacer, pero se hacen”. Ya no se podrá saber su versión.
También testificó el defensor civil de la familia rural afectada por las presuntas vejaciones del GEOP. Nelson Rapimán contó que estas víctimas, en mala situación económica y social, estaban hartas del proceso. Juntos analizaron cómo evitar el juicio y cerrar el caso con una reparación. Calcularon una indemnización de 50 mil pesos, que un año y medio después ascendió a 129 mil. Rapimán lo atribuyó a la inflación y a que se sumaron otros posibles daños.
A su turno, Damián D`Antonio, el defensor que le transmitió a Gómez la oferta original, opinó que el pago era una “salida integral” para reparar a las víctimas, evitar el juicio a su cliente y prevenir acciones civiles futuras contra Provincia.
El trato era que las familias ni fueran al juicio. “Voluntariamente no iban a ir y si las llevaban por la fuerza pública, serían totalmente reticentes. No conozco casos de víctimas que hayan asistido compulsadas”, explicó. D`Antonio no logró aclarar qué ley penal o civil se usaría para justificar el pago de 50 mil pesos. Sí confirmó que según le dijo Rey, Pérez Galimberti estaba enterado.
Otros dos policías, Leonardo Bustos y José Castillo, relataron que estaban con Gómez en Comodoro Rivadavia cuando lo telefonearon con la oferta. El primero le recomendó grabar las charlas. El segundo lo justificó porque “la palabra de los policías está bastante devaluada”. O sea, no le creerían.
Hoy a las 9.30 seguirá el jury de enjuiciamiento a Sergio Rey. La lista de testigos incluye a José Glinski y Federico Ruffa, exresponsables de las áreas de Seguridad y Justicia en Chubut. Según las grabaciones de Miguel Gómez, Rey los mencionó en sus charlas para mostrar el alcance de sus influencias a nivel oficial a la hora de pedir dinero, cerrar la causa contra el policía y facilitar su ascenso policial.
Ayer declaró el jefe de fiscales de Trelew, Arnaldo Maza. Aportó poco sobre la propuesta económica pero se quejó por la repercusión pública del caso: “Quedamos como una banda que cobraba para ciertos casos y es muy feo que hablen de uno de ese modo”. Rey intentó disculparse “pero yo estaba enojado y no quise”.
El dato del día fue que el fiscal Fabián Moyano no declarará. Presentó un certificado médico que lo exceptúa por 72 horas. Por delicadeza, el tribunal no reveló la patología. Su caso es más complejo porque según Gómez, Moyano le admitió que los cierres de causas a cambio de plata “no se pueden hacer, pero se hacen”. Ya no se podrá saber su versión.
También testificó el defensor civil de la familia rural afectada por las presuntas vejaciones del GEOP. Nelson Rapimán contó que estas víctimas, en mala situación económica y social, estaban hartas del proceso. Juntos analizaron cómo evitar el juicio y cerrar el caso con una reparación. Calcularon una indemnización de 50 mil pesos, que un año y medio después ascendió a 129 mil. Rapimán lo atribuyó a la inflación y a que se sumaron otros posibles daños.
A su turno, Damián D`Antonio, el defensor que le transmitió a Gómez la oferta original, opinó que el pago era una “salida integral” para reparar a las víctimas, evitar el juicio a su cliente y prevenir acciones civiles futuras contra Provincia.
El trato era que las familias ni fueran al juicio. “Voluntariamente no iban a ir y si las llevaban por la fuerza pública, serían totalmente reticentes. No conozco casos de víctimas que hayan asistido compulsadas”, explicó. D`Antonio no logró aclarar qué ley penal o civil se usaría para justificar el pago de 50 mil pesos. Sí confirmó que según le dijo Rey, Pérez Galimberti estaba enterado.
Otros dos policías, Leonardo Bustos y José Castillo, relataron que estaban con Gómez en Comodoro Rivadavia cuando lo telefonearon con la oferta. El primero le recomendó grabar las charlas. El segundo lo justificó porque “la palabra de los policías está bastante devaluada”. O sea, no le creerían.