Por la recurrente deuda salarial de la Cooperativa es la segunda sentencia que le ordena judicialmente el pago de sueldos, ya que en marzo el mismo Juzgado la sentenció a abonar la deuda con sus trabajadores por febrero y marzo.
Ahora la Cooperativa deberá pagar en forma inmediata los sueldos que adeuda, a raíz de un proceso abreviado que por razones de urgencia buscó la aceleración de los tiempos procesales para que sus empleados puedan recibir todos los ingresos que le corresponden.
El coordinador de la Secretaría General de Luz y Fuerza, Rogelio González, manifestó que “la situación de ilegalidad en la que se mueven las autoridades de la Cooperativa deja en evidencia que los trabajadores sólo pueden cobrar gracias a la intervención de la justicia, que debió ordenar a través de dos sentencias el pago de cinco meses de sueldo en un lapso de menos de ocho meses”.
González adelantó que “próximamente los trabajadores perjudicados llevarán adelante una acción judicial de responsabilidad personal, contra todos y cada uno de los integrantes del Consejo de Administración de la prestataria de servicios públicos y el síndico”.
Tras la auditoría del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social “se hallaron serias irregularidades desde el punto de vista institucional, tributario y laboral como así también la ausencia del libro de actas y los balances, dicho organismo solicitaría formalmente en estos próximos días la intervención de la prestataria de servicios”.
Por la recurrente deuda salarial de la Cooperativa es la segunda sentencia que le ordena judicialmente el pago de sueldos, ya que en marzo el mismo Juzgado la sentenció a abonar la deuda con sus trabajadores por febrero y marzo.
Ahora la Cooperativa deberá pagar en forma inmediata los sueldos que adeuda, a raíz de un proceso abreviado que por razones de urgencia buscó la aceleración de los tiempos procesales para que sus empleados puedan recibir todos los ingresos que le corresponden.
El coordinador de la Secretaría General de Luz y Fuerza, Rogelio González, manifestó que “la situación de ilegalidad en la que se mueven las autoridades de la Cooperativa deja en evidencia que los trabajadores sólo pueden cobrar gracias a la intervención de la justicia, que debió ordenar a través de dos sentencias el pago de cinco meses de sueldo en un lapso de menos de ocho meses”.
González adelantó que “próximamente los trabajadores perjudicados llevarán adelante una acción judicial de responsabilidad personal, contra todos y cada uno de los integrantes del Consejo de Administración de la prestataria de servicios públicos y el síndico”.
Tras la auditoría del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social “se hallaron serias irregularidades desde el punto de vista institucional, tributario y laboral como así también la ausencia del libro de actas y los balances, dicho organismo solicitaría formalmente en estos próximos días la intervención de la prestataria de servicios”.