El Viejo Mundo refuerza Europol pensando en el terrorismo
El pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobó hoy el acuerdo alcanzado con los Estados miembros para reforzar los poderes de la policía europea, Europol, con el objetivo de "intensificar la lucha contra el terrorismo, el cibercrimen y otro tipo de amenazas".
"Europol tiene un papel clave en la lucha contra la terrible lacra del terrorismo yihadista, por eso el reglamento lo dotará de mejores capacidades e instrumentos en ese ámbito", aseguró el eurodiputado español del Partido Popular (PP) Agustín Díaz de Mera, durante un debate celebrado esta mañana en Estrasburgo.
El mandato permite a Europol contar con los instrumentos necesarios "frente al aumento de las amenazas de criminalidad transfronteriza y terroristas" y con ese efecto, permitirá a esa agencia policial "crear unidades especializadas para responder a riesgos inminentes", señala Díaz de Mera, citado por la agencia de noticias EFE.
El texto, aprobado hoy sin cambios, había recibido el visto bueno de los ministros europeos de Justicia e Interior en marzo pasado, por lo que la votación de hoy da luz verde definitiva a la entrada en vigor de las nuevas normas el 1° de abril de 2017.
Las nuevas competencias -subraya la página web del Parlamento Europeo- vienen acompañadas de "estrictas salvaguardas en materia de protección de datos y control democrático".
El supervisor europeo de protección de datos (EDPS) vigilará el trabajo de Europol y se establecerá un mecanismo claro para atender las posibles quejas de los ciudadanos, además de poner en marcha un grupo de supervisión formado por miembros de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo.
Díaz de Mera señaló asimismo que las nuevas normas darán base legal para la creación de una Unidad de Contenidos de Internet, una "herramienta fundamental contra la propaganda terrorista y las actividades extremistas online".
Sobre este punto, la web del PE precisa que la unidad identificará el "contenido extremista digital" y se pondrá en contacto con los servicios de contenidos de Internet para que sea eliminado "lo más rápidamente posible".
El comisario europeo de Interior y Migración, Dimitris Avramopoulos, insistió por su parte en la conveniencia de crear una "junta directiva" para Europol y señaló que la Comisión seguirá analizando la cuestión de la gobernabilidad de la agencia, para presentar en los próximos dos años nuevas propuestas al respecto si son necesarias.
Además, en el texto del acuerdo aprobado, la Eurocámara y los países europeos -representados por el Consejo- señalan que creen necesario que "los diferentes mecanismos de cooperación entre el supervisor europeo y las autoridades nacionales de supervisión competentes" sean reorganizados en un futuro "de modo que se garantice la eficacia y coherencia".
Europol es el órgano encargado de aumentar la seguridad del espacio común europeo que facilita el intercambio de información entre las policías nacionales en relación a delitos de estupefacientes, terrorismo, crimen internacional y pedofilia.
Esta compuesto por 800 personas, de las que 145 son oficiales de enlace Europol (OEE), y financiada por la contribución de los estados miembros calculada, cada año, en función de su PIB.
"Europol tiene un papel clave en la lucha contra la terrible lacra del terrorismo yihadista, por eso el reglamento lo dotará de mejores capacidades e instrumentos en ese ámbito", aseguró el eurodiputado español del Partido Popular (PP) Agustín Díaz de Mera, durante un debate celebrado esta mañana en Estrasburgo.
El mandato permite a Europol contar con los instrumentos necesarios "frente al aumento de las amenazas de criminalidad transfronteriza y terroristas" y con ese efecto, permitirá a esa agencia policial "crear unidades especializadas para responder a riesgos inminentes", señala Díaz de Mera, citado por la agencia de noticias EFE.
El texto, aprobado hoy sin cambios, había recibido el visto bueno de los ministros europeos de Justicia e Interior en marzo pasado, por lo que la votación de hoy da luz verde definitiva a la entrada en vigor de las nuevas normas el 1° de abril de 2017.
Las nuevas competencias -subraya la página web del Parlamento Europeo- vienen acompañadas de "estrictas salvaguardas en materia de protección de datos y control democrático".
El supervisor europeo de protección de datos (EDPS) vigilará el trabajo de Europol y se establecerá un mecanismo claro para atender las posibles quejas de los ciudadanos, además de poner en marcha un grupo de supervisión formado por miembros de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo.
Díaz de Mera señaló asimismo que las nuevas normas darán base legal para la creación de una Unidad de Contenidos de Internet, una "herramienta fundamental contra la propaganda terrorista y las actividades extremistas online".
Sobre este punto, la web del PE precisa que la unidad identificará el "contenido extremista digital" y se pondrá en contacto con los servicios de contenidos de Internet para que sea eliminado "lo más rápidamente posible".
El comisario europeo de Interior y Migración, Dimitris Avramopoulos, insistió por su parte en la conveniencia de crear una "junta directiva" para Europol y señaló que la Comisión seguirá analizando la cuestión de la gobernabilidad de la agencia, para presentar en los próximos dos años nuevas propuestas al respecto si son necesarias.
Además, en el texto del acuerdo aprobado, la Eurocámara y los países europeos -representados por el Consejo- señalan que creen necesario que "los diferentes mecanismos de cooperación entre el supervisor europeo y las autoridades nacionales de supervisión competentes" sean reorganizados en un futuro "de modo que se garantice la eficacia y coherencia".
Europol es el órgano encargado de aumentar la seguridad del espacio común europeo que facilita el intercambio de información entre las policías nacionales en relación a delitos de estupefacientes, terrorismo, crimen internacional y pedofilia.
Esta compuesto por 800 personas, de las que 145 son oficiales de enlace Europol (OEE), y financiada por la contribución de los estados miembros calculada, cada año, en función de su PIB.