Francia: el Gobierno cede ante los ferroviarios, pero la huelga sigue

Tras ocho días de protestas consecutivas y a dos de comenzar la Eurocopa, el primer ministro francés, Manuel Valls, anunció hoy concesiones al sector ferroviario para tratar de poner fin a la huelga de trenes que, pese a ello, seguirá mañana.

08 JUN 2016 - 14:57 | Actualizado

Bajo un ambiente de intensa conflictividad social por la presentación en el Senado del controvertido proyecto de ley laboral, Valls anunció una partida de 90 millones de euros para reducir los peajes que deben pagar los trenes de mercancías y un incremento para modernizar las infraestructuras.

En la sesión de control al gobierno en la Asamblea Nacional, el ministro galo anunció que el año próximo el Estado aportará 100 millones de euros suplementarios para la renovación de la red ferroviaria y esa cifra se irá incrementando hasta los 500 millones anuales suplementarios en 2020.

El presupuesto pasará de los 2.500 millones de euros anuales para modernizar vías y otras infraestructuras a 3.000 millones en 2020, precisó Valls, quien también garantizó las subvenciones para mantener "el equilibrio económico actual" en la explotación de las líneas subvencionadas.

Sin embargo, no se comprometió con una de las principales demandas de la empresa estatal francesa Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF): la absorción por parte del Estado de una parte de su deuda, que supera los 50.000 millones de euros.

Pero Valls adelantó que el Ejecutivo presentará en agosto en el Parlamento un informe sobre la forma de asumir "una parte o la totalidad de esa deuda".

Este paquete de medidas pretende enfriar a los tres sindicatos de la SNCF (la CGT, Sud Rail y FO) que mantienen la huelga indefinida iniciada el martes de la semana pasada, pese a la propuesta negociada para un nuevo acuerdo de empresa sobre el tiempo de trabajo que prácticamente garantiza sin cambios las condiciones actuales, indicó la agencia de noticias EFE.

Las asambleas realizadas en todo el territorio francés decidieron continuar con los paros, que han mermado entre ayer y hoy con menos del 9 por ciento del acatamiento, pero obligan a la compañía a cancelar en algunas líneas hasta la mitad de los trenes habituales.

En medio de inundaciones y con la Eurocopa en ciernes, las protestas en la SNCF son el principal desafío -aunque no el único- del gobierno en el terreno social.

Los pilotos de Air France, con el foco internacional puesto en la llegada de simpatizantes de todo el continente, convocaron a otra huelga de tres días, del 11 al 14 de junio para exigir cambios en la estrategia de la aerolínea francesa de bandera, a la que reprochan su política de ajustes y de promoción de la filial de bajo coste Transavia.

Ante este panorama, se prevé una reunión para esta tarde entre la dirección y los sindicatos para tratar de desactivar la protesta.

Otro conflicto social se da en la órbita de los recogedores de residuos.

Varios de los principales centros urbanos de París y Marsella están paralizados por protestas contra la reforma laboral, lo que se traduce en una acumulación de basuras.

Hoy, también en París, la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, denunció un escrache en su domicilio por trabajadores temporales del sector del espectáculo que reclaman que se retire la reforma laboral como la aplicación del acuerdo sobre su régimen de acceso al paro.

"Vivo desde hace años en un barrio popular de París, en el que mis dos hijos están escolarizados. Violar la intimidad personal, tomarla contra el entorno personal de una persona, aunque sea miembro del Gobierno, está en las antípodas de mi concepción del debate democrático", comunicó la ministra.

La ministra dijo respetar a los opositores al proyecto de ley y el derecho a manifestarse, pero subrayó que esa forma de mostrar su rechazo "es inaceptable".

El proyecto de ley fue aprobado por decreto en mayo en la Asamblea Nacional e inicia a partir del día 13 su trámite en el Senado, donde podrían introducirse cambios que lleven al gobierno a volver a validarlo a su vuelta a la Asamblea sin el voto parlamentario.

Desde la filtración en febrero de sus primeras disposiciones, este polémico proyecto fue disparador de manifestaciones y bloqueos por parte de sindicatos de trabajadores y estudiantes, que han organizado una próxima gran jornada de movilización nacional para el 14 de junio.

08 JUN 2016 - 14:57

Bajo un ambiente de intensa conflictividad social por la presentación en el Senado del controvertido proyecto de ley laboral, Valls anunció una partida de 90 millones de euros para reducir los peajes que deben pagar los trenes de mercancías y un incremento para modernizar las infraestructuras.

En la sesión de control al gobierno en la Asamblea Nacional, el ministro galo anunció que el año próximo el Estado aportará 100 millones de euros suplementarios para la renovación de la red ferroviaria y esa cifra se irá incrementando hasta los 500 millones anuales suplementarios en 2020.

El presupuesto pasará de los 2.500 millones de euros anuales para modernizar vías y otras infraestructuras a 3.000 millones en 2020, precisó Valls, quien también garantizó las subvenciones para mantener "el equilibrio económico actual" en la explotación de las líneas subvencionadas.

Sin embargo, no se comprometió con una de las principales demandas de la empresa estatal francesa Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF): la absorción por parte del Estado de una parte de su deuda, que supera los 50.000 millones de euros.

Pero Valls adelantó que el Ejecutivo presentará en agosto en el Parlamento un informe sobre la forma de asumir "una parte o la totalidad de esa deuda".

Este paquete de medidas pretende enfriar a los tres sindicatos de la SNCF (la CGT, Sud Rail y FO) que mantienen la huelga indefinida iniciada el martes de la semana pasada, pese a la propuesta negociada para un nuevo acuerdo de empresa sobre el tiempo de trabajo que prácticamente garantiza sin cambios las condiciones actuales, indicó la agencia de noticias EFE.

Las asambleas realizadas en todo el territorio francés decidieron continuar con los paros, que han mermado entre ayer y hoy con menos del 9 por ciento del acatamiento, pero obligan a la compañía a cancelar en algunas líneas hasta la mitad de los trenes habituales.

En medio de inundaciones y con la Eurocopa en ciernes, las protestas en la SNCF son el principal desafío -aunque no el único- del gobierno en el terreno social.

Los pilotos de Air France, con el foco internacional puesto en la llegada de simpatizantes de todo el continente, convocaron a otra huelga de tres días, del 11 al 14 de junio para exigir cambios en la estrategia de la aerolínea francesa de bandera, a la que reprochan su política de ajustes y de promoción de la filial de bajo coste Transavia.

Ante este panorama, se prevé una reunión para esta tarde entre la dirección y los sindicatos para tratar de desactivar la protesta.

Otro conflicto social se da en la órbita de los recogedores de residuos.

Varios de los principales centros urbanos de París y Marsella están paralizados por protestas contra la reforma laboral, lo que se traduce en una acumulación de basuras.

Hoy, también en París, la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, denunció un escrache en su domicilio por trabajadores temporales del sector del espectáculo que reclaman que se retire la reforma laboral como la aplicación del acuerdo sobre su régimen de acceso al paro.

"Vivo desde hace años en un barrio popular de París, en el que mis dos hijos están escolarizados. Violar la intimidad personal, tomarla contra el entorno personal de una persona, aunque sea miembro del Gobierno, está en las antípodas de mi concepción del debate democrático", comunicó la ministra.

La ministra dijo respetar a los opositores al proyecto de ley y el derecho a manifestarse, pero subrayó que esa forma de mostrar su rechazo "es inaceptable".

El proyecto de ley fue aprobado por decreto en mayo en la Asamblea Nacional e inicia a partir del día 13 su trámite en el Senado, donde podrían introducirse cambios que lleven al gobierno a volver a validarlo a su vuelta a la Asamblea sin el voto parlamentario.

Desde la filtración en febrero de sus primeras disposiciones, este polémico proyecto fue disparador de manifestaciones y bloqueos por parte de sindicatos de trabajadores y estudiantes, que han organizado una próxima gran jornada de movilización nacional para el 14 de junio.


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