El PT denunció ante la CIDH un "golpe de Estado" contra Dilma
El Partido de los Trabajadores (PT) cumplió hoy con la presentación formal de una denuncia de “golpe de Estado” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por la forma en que se desarrolla el proceso de destitución de la suspendida presidenta Dilma Rousseff, quien quedó a un paso de perder definitivamente el cargo.
La denuncia, anticipada ayer, fue presentada apenas horas después de que el pleno del Senado, en una sesión dirigida por el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, aprobó por 59 votos a favor y 21 en contra un informe que recomienda avanzar hacia la fase final del proceso de destitución, que será probablemente el 29 de este mes.
Los diputados Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, los dos del PT, explicaron que la demanda ha sido preparada por juristas brasileños y argentinos y exige una medida cautelar que "suspenda" el juicio político contra Rousseff, que califican de "ilegal".
En esa denuncia, dijo Pimenta, se presenta "un conjunto de cuestiones que han sido identificadas en el trámite del proceso tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado y hasta la Corte Suprema, que están en desacuerdo con tratados internacionales firmados por Brasil".
"Vamos a pelear en todas las esferas, sean parlamentarias, judiciales, en la calle o en el exterior, para denunciar este golpe y para se restablezca en el país la normalidad democrática", apuntó.
El diputado insistió en que Rousseff "no cometió ningún tipo de crimen y no responde a ningún proceso penal", por lo que el juicio en su contra tiene un carácter "exclusivamente político" que va en contra de lo establecido en la Constitución brasileña.
Rousseff está acusada de maniobras de “pedaleo fiscal”, consideradas habituales en todas las gestiones, a través de acordar créditos para el Gobierno con la banca publica y emitir decretos que alteraban los gastos.
Aunque el informe aprobado por el Senado admite que ninguno de esos cargos tipifican un delito penal, sostiene que sí configuran faltas administrativas graves, que según las leyes que controlan el gasto público y los presupuestos pueden llevar a la destitución de un mandatario.
La abogada Janaína Paschoal, integrante del gruypo de abogados que lleva adelante la denuncia, advirtió en tanto que el PT “está exponiendo al país de manera irresponsable ante el mundo con sus denuncias".
La letrada lamentó la "actitud panfletaria" de los defensores de Rousseff que fueron a la CIDH y remarcó que "no hubo ningún atentado a los derechos fundamentales de la presidenta, no hubo ningún atentado a la democracia".
La denuncia, anticipada ayer, fue presentada apenas horas después de que el pleno del Senado, en una sesión dirigida por el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, aprobó por 59 votos a favor y 21 en contra un informe que recomienda avanzar hacia la fase final del proceso de destitución, que será probablemente el 29 de este mes.
Los diputados Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, los dos del PT, explicaron que la demanda ha sido preparada por juristas brasileños y argentinos y exige una medida cautelar que "suspenda" el juicio político contra Rousseff, que califican de "ilegal".
En esa denuncia, dijo Pimenta, se presenta "un conjunto de cuestiones que han sido identificadas en el trámite del proceso tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado y hasta la Corte Suprema, que están en desacuerdo con tratados internacionales firmados por Brasil".
"Vamos a pelear en todas las esferas, sean parlamentarias, judiciales, en la calle o en el exterior, para denunciar este golpe y para se restablezca en el país la normalidad democrática", apuntó.
El diputado insistió en que Rousseff "no cometió ningún tipo de crimen y no responde a ningún proceso penal", por lo que el juicio en su contra tiene un carácter "exclusivamente político" que va en contra de lo establecido en la Constitución brasileña.
Rousseff está acusada de maniobras de “pedaleo fiscal”, consideradas habituales en todas las gestiones, a través de acordar créditos para el Gobierno con la banca publica y emitir decretos que alteraban los gastos.
Aunque el informe aprobado por el Senado admite que ninguno de esos cargos tipifican un delito penal, sostiene que sí configuran faltas administrativas graves, que según las leyes que controlan el gasto público y los presupuestos pueden llevar a la destitución de un mandatario.
La abogada Janaína Paschoal, integrante del gruypo de abogados que lleva adelante la denuncia, advirtió en tanto que el PT “está exponiendo al país de manera irresponsable ante el mundo con sus denuncias".
La letrada lamentó la "actitud panfletaria" de los defensores de Rousseff que fueron a la CIDH y remarcó que "no hubo ningún atentado a los derechos fundamentales de la presidenta, no hubo ningún atentado a la democracia".