Ecuador condenó el "golpe solapado" en Brasil
El gobierno de Ecuador fue el primero en condenar hoy el "golpe de estado solapado" en Brasil y declaró que la destitución de Dilma Rousseff supone un serio riesgo para la estabilidad democrática de la región.
La administración de Rafael Correa decidió, además, llamar a consultas a su encargado de negocios en Brasil, como señal de preocupación por el resultado del juicio político a Rousseff, informó la versión on line de El Telégrafo.
"El Gobierno del Ecuador rechaza la flagrante subversión del orden democrático en Brasil, que considera un golpe de Estado solapado. Políticos adversarios y otras fuerzas de oposición se confabularon contra la democracia para desestabilizar al Gobierno y remover de su cargo de forma ilegítima a la Presidenta Dilma Rousseff", dijo un comunicado de la cancillería ecuatoriana.
También considera que fue "espurio" el juicio político, debido a que "no cumplió con el requisito fundamental de probar que la mandataria haya cometido delitos de responsabilidad".
"Estos lamentables sucesos, inaceptables en pleno siglo XXI, suponen un serio riesgo para la estabilidad de nuestra región y constituyen un grave retroceso en la consolidación de la democracia, que tanto esfuerzo y sacrificio ha significado para nuestros pueblos", completó la declaración.
La administración de Rafael Correa decidió, además, llamar a consultas a su encargado de negocios en Brasil, como señal de preocupación por el resultado del juicio político a Rousseff, informó la versión on line de El Telégrafo.
"El Gobierno del Ecuador rechaza la flagrante subversión del orden democrático en Brasil, que considera un golpe de Estado solapado. Políticos adversarios y otras fuerzas de oposición se confabularon contra la democracia para desestabilizar al Gobierno y remover de su cargo de forma ilegítima a la Presidenta Dilma Rousseff", dijo un comunicado de la cancillería ecuatoriana.
También considera que fue "espurio" el juicio político, debido a que "no cumplió con el requisito fundamental de probar que la mandataria haya cometido delitos de responsabilidad".
"Estos lamentables sucesos, inaceptables en pleno siglo XXI, suponen un serio riesgo para la estabilidad de nuestra región y constituyen un grave retroceso en la consolidación de la democracia, que tanto esfuerzo y sacrificio ha significado para nuestros pueblos", completó la declaración.