POLICIALES

Familiares de víctima de accidente se niegan a acuerdo judicial

La madre y el tío de un joven que falleció tras el vuelco de un vehículo se oponen al acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa del imputado para lograr una suspensión del juicio a prueba.

28/04/2017 14:22

Juez José García

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El juez de garantías José García deberá resolver si va o no a juicio oral el conductor de una camioneta que bajo los efectos de la marihuana produjo un vuelco el año pasado en Playa Unión con la consecuencia fatal de la muerte de su acompañante de tan solo 19 años de edad. 



A pesar de la oposición de la madre y un tío de la víctima presentes en la audiencia preliminar realizada este viernes en la Oficina Judicial de Rawson, el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa llegaron previamente a un acuerdo para que el imputado cumpla una pena de tres años de prisión en suspenso, siete años de inhabilitación para conducir, que realice 80 horas de trabajo comunitario, cumpla con un tratamiento contra las adicciones, además de un curso de manejo y periódicamente se presente a certificar su presencia en la zona. 



Se trata de un hecho de “homicidio culposo” que prevé este tipo de acuerdo que significa la llamada “suspensión del juicio a prueba” que para su cumplimiento debe ser homologado por un juez de garantías, tal como lo establece el Código Procesal penal vigente en la Provincia del Chubut.



El imputado que conducía la camioneta a excesiva velocidad y bajo los efectos del consumo de marihuana, es Antonio Aranda un joven con domicilio en el Area 12 de la ciudad de Rawson. La víctima que lo acompañaba y que murió en el acto como consecuencia del vuelco de la camioneta en la que ambos se conducían por una calle de Playa Unión, se llamaba Emilio Chamorro y al momento del accidente tenía 17 años de edad.



Capacidad de manejo “alterada”



El accidente se produjo a las 6.45 del 24 de julio del año pasado una calle de ripio paralela a la avenida principal que une Playa Unión con el Puerto de Rawson, a la altura del complejo “Torremolinos”. La pericia accidento lógica determinó que Aranda conducía la camioneta Ford Ranger a una velocidad de 112 kilómetros por hora, cuando en ese lugar la velocidad máxima permitida es de 40 kilómetros por hora.



La acusación fiscal que realizó la fiscal general Graciela Suárez García, indicó que Aranda conducía bajo los efectos de la marihuana, que lo hizo de manera “imprudente y antirreglamentaria” y que el derrape y posterior vuelco del vehículo,  se debió a que el conductor tenía su capacidad de manejo “alterada” por el consumo de esa droga.  Las mismas pericias determinaron que la camioneta derrapó 43 metros para dar luego una serie de vuelcos a lo largo de 34 metros más destruyendo a su paso un contenedor de basura.



Oposición de la familia



Sobre el final de la audiencia y luego de escuchar a la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo y al defensor oficial Damián D’Antonio sobre los alcances del acuerdo, el juez de garantías García, dio la posibilidad de que se expresen familiares de la víctima presentes en la audiencia. Paola Tenorio, la madre de la víctima, se hallaba acompañada por un tío del menor fallecido. Ambos expresaron no estar de acuerdo con lo manifestado por los representantes de los ministerios públicos de la Fiscalía y la Defensa. Argumentaron en que la pena contra Aranda era insuficiente, teniendo en cuenta las consecuencias irreparables del accidente. Adelantaron además que Aranda incumpliría con las condiciones descriptas informando que en los últimos tiempos había sido visto realizando “picadas” con una motocicleta y que “no hay garantías” de que cumpla con las disposiciones de la Justicia.



Una decisión a tomar



Al respecto el Juez García les respondió que aún no había resuelto respecto de lo acordado por la Fiscalía y la Defensa y que en caso de resolver en ese sentido, “el Estado cuenta con los respectivos controles” para el cumplimiento de lo dispuesto, y las sanciones en caso de desobedencia. Asimismo les comunicó a los familiares de la víctima que tienen las puertas abiertas para la realización de “una demanda civil”, por sobre la decisión en cuento a la Justicia Penal, resolución que se apresta a tomar en los próximos días.