Trump avanza en su cruzada contra la marihuana
El presidente de EE.UU. dio marcha atrás con otra política que había marcado Barack Obama. Eliminó la norma interna del Departamento de Justicia que "recomendaba" a los fiscales federales no interferir con los procesos de legalización de la marihuana en varios estados y no procesar casos por tenencia o consumo personal.
A sólo tres días de que California se sumara a la lista de estados que legalizaron el uso recreativo de marihuana en los últimos años -Alaska, Colorado, Nevada, Oregón y Washington. parcialmente Maine y pronto Massachusetts-, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que el gobierno federal volvió a "recomendar" a los fiscales federales "hacer cumplir las leyes".
"Es la misión del Departamento hacer cumplir las leyes, mientras las directrices previas minaban este cumplimiento y la capacidad de nuestros compañeros locales y estatales de ejecutar su misión de hacer cumplir la ley", afirmó en un comunicado Sessions, un ferviente defensor de la prohibición de la marihuana, sin excepciones, según la agencia de noticias EFE.
En 2013, el entonces fiscal general de Obama, Eric Holder, había emitido un memo interno que, sin quitarla de la lista de substancias prohibidas a nivel federal, había recomendado "utilizar los limitados recursos de investigación e instrucción para enfrentar las amenazas más importantes de la manera más efectiva, coherente y racional".
De esta manera, le pedía a los fiscales federales de todo el país que no se concentraran en casos de tenencia y consumo personal, sino en financiamiento de grupos criminales, venta a menores, vínculos con otro tipo de tráfico ilegal, entre otros delitos relacionados con el cultivo, venta y consumo de marihuana.
El objetivo de Holder y del gobierno de Obama fue no interferir en los procesos de legalización que avanzaban en varios estados en el país y, al mismo tiempo, seguir presionando sobre las principales causas de crecimiento de población carcelaria de las últimas décadas.
La llamada guerra contra las drogas que lanzó el ex presidente republicano Ronald Reagan en los años 80 provocó un aumento en el número de detenciones y condenas -principalmente entre los sectores populares- que llevó a Estados Unidos a concentrar alrededor de un cuarto de la población carcelaria mundial.
Desde que asumió su cargo en el gobierno de Trump, Sessions dejó en claro que no acordaba con su antecesor y que la tenencia y el consumo personal de marihuana debía ser perseguido, investigado y condenado como un delito federal grave.
En octubre pasado, Holder llegó a decir en una charla en una universidad que Sessions tenía "una obsesión con la marihuana".
De poco sirvió que las cifras de uso adolescente de marihuana en Colorado, el primer estado que legalizó el uso recreativo pero prohibió la venta a menores en 2014, cayera significativamente en dos años, según datos oficiales de la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud, publicados hace unos meses por el diario The Washington Post.
Consciente de esos resultados y en un abierto desafío a la Casa Blanca, el fiscal general de Colorado anunció hoy que no cambiará su posición sobre el uso recreativo de marihuana, informó la agencia de noticias ANSA.
Varios legisladores de Colorado cuestionaron también la medida de Sessions y especialmente que en ella equiparara la marihuana con los opiáceos, las drogas que actualmente provocan miles de muertes en Estados Unidos.
"El Departamento de Justicia simplemente pide a todos los fiscales -escribió Sessions en la nueva norma- utilizar los principios de la fiscalía previos que les proveen de todas las herramientas necesarias para acabar con las organizaciones criminales, la creciente crisis de drogas y el crimen violento en el país".
Trump había prometido en campaña que el tema del cultivo, venta y consumo de la marihuana quedaría dentro de la jurisdicción de los estados.
Sin embargo, ni bien asumió su cargo, Sessions comenzó a atacar el status quo y todo indica que el cambio legal en California, uno de los distritos más ricos y poblados del país, y también uno de los que desafió las políticas migratorias agresivas de la Casa Blanca, fue la gota que rebalsó el vaso de los conservadores y los aliados de los evangélicos que pisan fuerte en el gobierno republicano.
Hace sólo tres días, el primer día del año, entró en vigencia en California la ley que habilitó el cultivo, la venta y el consumo de marihuana, con las excepciones que el gobierno de Obama había establecido en su norma de 2013.
Las autoridades californianas no sólo esperaban bajar la tasa de criminalidad, sino también recaudar alrededor de 1.000 millones de dólares en impuestos en apenas los primeros dos años.
El éxito económico de California y la reducción del consumo ilegal registrado en estados como Colorado podrían haber impulsado a los casi 30 estados que sólo legalizaron el uso medicinal de la marihuana a dar un paso más y convertirlo en un gran y seguro negocio. Sin embargo, el gobierno de Trump les envió hoy una advertencia muy clara.
A sólo tres días de que California se sumara a la lista de estados que legalizaron el uso recreativo de marihuana en los últimos años -Alaska, Colorado, Nevada, Oregón y Washington. parcialmente Maine y pronto Massachusetts-, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que el gobierno federal volvió a "recomendar" a los fiscales federales "hacer cumplir las leyes".
"Es la misión del Departamento hacer cumplir las leyes, mientras las directrices previas minaban este cumplimiento y la capacidad de nuestros compañeros locales y estatales de ejecutar su misión de hacer cumplir la ley", afirmó en un comunicado Sessions, un ferviente defensor de la prohibición de la marihuana, sin excepciones, según la agencia de noticias EFE.
En 2013, el entonces fiscal general de Obama, Eric Holder, había emitido un memo interno que, sin quitarla de la lista de substancias prohibidas a nivel federal, había recomendado "utilizar los limitados recursos de investigación e instrucción para enfrentar las amenazas más importantes de la manera más efectiva, coherente y racional".
De esta manera, le pedía a los fiscales federales de todo el país que no se concentraran en casos de tenencia y consumo personal, sino en financiamiento de grupos criminales, venta a menores, vínculos con otro tipo de tráfico ilegal, entre otros delitos relacionados con el cultivo, venta y consumo de marihuana.
El objetivo de Holder y del gobierno de Obama fue no interferir en los procesos de legalización que avanzaban en varios estados en el país y, al mismo tiempo, seguir presionando sobre las principales causas de crecimiento de población carcelaria de las últimas décadas.
La llamada guerra contra las drogas que lanzó el ex presidente republicano Ronald Reagan en los años 80 provocó un aumento en el número de detenciones y condenas -principalmente entre los sectores populares- que llevó a Estados Unidos a concentrar alrededor de un cuarto de la población carcelaria mundial.
Desde que asumió su cargo en el gobierno de Trump, Sessions dejó en claro que no acordaba con su antecesor y que la tenencia y el consumo personal de marihuana debía ser perseguido, investigado y condenado como un delito federal grave.
En octubre pasado, Holder llegó a decir en una charla en una universidad que Sessions tenía "una obsesión con la marihuana".
De poco sirvió que las cifras de uso adolescente de marihuana en Colorado, el primer estado que legalizó el uso recreativo pero prohibió la venta a menores en 2014, cayera significativamente en dos años, según datos oficiales de la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud, publicados hace unos meses por el diario The Washington Post.
Consciente de esos resultados y en un abierto desafío a la Casa Blanca, el fiscal general de Colorado anunció hoy que no cambiará su posición sobre el uso recreativo de marihuana, informó la agencia de noticias ANSA.
Varios legisladores de Colorado cuestionaron también la medida de Sessions y especialmente que en ella equiparara la marihuana con los opiáceos, las drogas que actualmente provocan miles de muertes en Estados Unidos.
"El Departamento de Justicia simplemente pide a todos los fiscales -escribió Sessions en la nueva norma- utilizar los principios de la fiscalía previos que les proveen de todas las herramientas necesarias para acabar con las organizaciones criminales, la creciente crisis de drogas y el crimen violento en el país".
Trump había prometido en campaña que el tema del cultivo, venta y consumo de la marihuana quedaría dentro de la jurisdicción de los estados.
Sin embargo, ni bien asumió su cargo, Sessions comenzó a atacar el status quo y todo indica que el cambio legal en California, uno de los distritos más ricos y poblados del país, y también uno de los que desafió las políticas migratorias agresivas de la Casa Blanca, fue la gota que rebalsó el vaso de los conservadores y los aliados de los evangélicos que pisan fuerte en el gobierno republicano.
Hace sólo tres días, el primer día del año, entró en vigencia en California la ley que habilitó el cultivo, la venta y el consumo de marihuana, con las excepciones que el gobierno de Obama había establecido en su norma de 2013.
Las autoridades californianas no sólo esperaban bajar la tasa de criminalidad, sino también recaudar alrededor de 1.000 millones de dólares en impuestos en apenas los primeros dos años.
El éxito económico de California y la reducción del consumo ilegal registrado en estados como Colorado podrían haber impulsado a los casi 30 estados que sólo legalizaron el uso medicinal de la marihuana a dar un paso más y convertirlo en un gran y seguro negocio. Sin embargo, el gobierno de Trump les envió hoy una advertencia muy clara.