PROVINCIA

Filtración y denuncia: la presentó el procurador Jorge Miquelarena


Concurrió ayer a la Fiscalía Federal de Rawson. Señaló a un exfuncionario provincial. Es por la investigación que realizaban fiscales chubutenses sobre Diego Correa.
13/03/2018 02:00

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Según fuentes de la pesquisa, Daniela María Inés Souza, la sexta integrante del grupo de exfuncionarios y empresarios acusados de corrupción, ya está en el país y se habría contactado a la Policía. Su entrega sería inminente.
Souza es amiga de Natalia Mac Leod, pareja de Diego Correa, exsecretario privado del fallecido gobernador Mario Das Neves. Para los fiscales de la Unidad Anticorrupción, Mac Leod y Souza compraron Dual Core, la empresa que la banda habría usado para enriquecerse con contrataciones directas que pasaban por la Unidad Gobernador. Los otros dos detenidos son Sandro Figueroa y Juan Carlos “Tata” Ramón.
En este escenario, ayer el procurador general Jorge Miquelarena se presentó ante el fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez para denunciar filtraciones y amenazas “cuasi mafiosas” en la investigación. Gélvez elevará la presentación ante el juez Gustavo Lleral.
Miquelarena consideró como una “ilegítima, burda y absurda filtración de un oficio judicial donde un juez provincial (Sergio Piñeda) ordenaba la intervención telefónica de siete teléfonos sospechados en este delito que estamos investigando, lo que considero amenaza, cuasi mafiosa, como una advertencia para los policías que están investigando, para los fiscales que investigan y para mí”.
“Hay un supuesto espionaje ilegal porque me gustaría saber qué es eso de que me tienen apuntado”, dijo Miquelarena en referencia a una grabación donde Correa habla con un exfuncionario provincial y le comenta que en Buenos Aires le avisaron que lo investigan y escuchan sus llamadas, pero que tenían identificados quiénes estaban escuchando y que “ya tenían apuntado al Procurador”.
“Está al tanto el Consejo Federal de Procuradores de todo el país ya que es preocupación no sólo mía sino de todos los procuradores generales del país. En breve lo van a manifestar con un comunicado”, adelantó Miquelarena.
En cuanto a la “filtración” de la pesquisa, es decir que los investigados se enteraron que los seguían y tenían los teléfonos “pinchados”, Miquelarena detalló que el oficio que firmó Piñeda “es de los últimos días de enero, primeros días de febrero y la filtración sucede a partir del 20 de febrero, que es cuando constatamos esta llamada donde nos hacen saber subrepticiamente que saben que los estamos escuchando”.
“Tengo mis sospechas de dónde salió la filtración y se las voy hacer saber al fiscal federal, quien va a investigar seguramente. Yo sé con quién se reunió Correa en Buenos Aires” (ver página 4). Miquelarena entregó a Gélvez un escrito y un pendrive con las escuchas telefónicas.
En cuanto al tercer hombre que se habría reunido con Correa para pasarle información de la causa, Miquelarena solo adelantó que se trata de un exfuncionario radicado en Capital Federal. Sería Carlos García Lorea, expresidente del Banco Chubut y extitular de la Casa del Chubut.
El procurador se mostró confiado en avanzar en la investigación. “Hay muchas personas que ahora les dieron ganas de colaborar con la Justicia y están golpeando las puertas de los fiscales”. Explicó que el viernes se explicó al grupo por qué se los imputa, pero “no significa de ninguna manera que en esta causa las responsabilidades queden ahí y mucho menos tampoco que no haya otras causas para investigar. Desde ya serán varias causas que se desprenderán de esta denuncia”.
“En pocos casos como en este he visto tan claramente el peligro del entorpecimiento y lo que estoy denunciando es un claro ejemplo. Hay muchas personas. Había gente que terminábamos de hacer una diligencia y tardaban media hora en avisarle a los imputados lo que estábamos haciendo”, reveló.
Otro detalle es que Correa nunca presentó declaraciones juradas mientras fue funcionario provincial. “Parece llamativo que uno vaya y pida declaraciones juradas, por ejemplo de Correa en el Tribunal de Cuentas, porque entre otras cosas se lo investiga por enriquecimiento ilícito, y que nos digan que jamás presentó ningún tipo de declaración”.
El procurador explicó que “ni Arcioni, ni Das Neves, ni Lizurume, ni ninguno de ellos tenía la obligación de exigirles nada a los funcionarios, porque quien se lo exige es la Ley de Ética Pública que involucra a los tres Poderes del Estado, exige que los funcionarios que tengan el manejo de fondos o ciertas responsabilidades presenten anualmente sus declaraciones juradas de bienes en el Tribunal. Yo no voy todos los años al Tribunal porque tenga ganas de ir, voy a presentar mi declaración como corresponde”.
“Es evidente que fallaron los mecanismos de control, si no no estaríamos con la cuestión judicial que tenemos. Si hubieran actuado conforme la ley o si se hubiera advertido previamente estas cosas no sucederían”.

Ley

La Ley de Ética Pública establece en su artículo 22 que “todos los funcionarios (…) están obligados a presentar una declaración jurada en los términos del artículo 222 de la Constitución Provincial, sin importar la duración de sus funciones y sean estas permanentes, provisorias o transitorias, por sí, su cónyuge, familiares a cargo y convivientes, que contenga la descripción de los bienes que integren su patrimonio, ingresos de todo tipo de una sociedad”.
“Están obligados también a declarar: las deudas y obligaciones frente a terceros, y los bienes físicos inmuebles, muebles registrables y no registrables, semovientes, frutos y cualquier bien de capital del que no siendo titular, posee, usa, goza o usufructúa por cualquier motivo, causa o título”.
La DDJJ se presenta ante el Tribunal dentro de los 45 días hábiles, contados a partir de la fecha de su asunción efectiva de las funciones y dentro de los 45 días hábiles, contados a partir de la fecha de su cese. Si como funcionario surgiera una variación patrimonial, se debe informar dentro de los 45 días hábiles contados a partir de la fecha de la variación.#

 


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