PROVINCIA

Caso Revelación: tras una audiencia maratónica, el juez dejó detenidos a 6 imputados


Se trata de Víctor Cisterna, Pablo Oca, Gonzalo Carpintero, Patricio Musante, Federico Piccione y Alejandro Ninin. En tanto, dictó la prisión domiciliaria por 3 meses para Juan Ignacio Sallaberry, Esteban Torraca, Daniel Russo y Oscar Peña. Y dispuso la liberación inmediata de Juan Carlos Villegas, debido a que los fiscales -por error- nunca precisaron el pedido concreto de prisión.
25/05/2018 00:30

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Después de más 15 horas de audiencia, el juez Sergio Piñeda determinó este viernes a la madrugada la situación de los once detenidos de lo que se conoce como "Caso Revelación", que investiga el presunto cobro de retornos de la obra pública para pagar sobresueldos y hacer "caja política" durante el Gobierno de Mario Das Neves.

En este sentido, Piñeda determinó dictar la prisión preventiva por 6 meses para los imputados Víctor Cisterna, Pablo Oca, Gonzalo Carpintero (todos ellos exfuncionarios provinciales), como así también de los empresarios Patricio Musante y Federico Piccione, y del periodista de Comodoro Rivadavia Alejandro Ninin, vinculado a Radiocracia y Canal 9.

En tanto, concedió la prisión domiciliaria por 3 meses a los empresarios Juan Ignacio Sallaberry (Trelew), Esteban Torraca (Comodoro), Daniel Russo (Trelew) y Oscar Peña (Esquel).

Además, dispuso la liberación inmediata del constructor Juan Carlos Villegas debido a que los fiscales -por error- nunca precisaron el pedido concreto de prisión preventiva, y ante esto el empresario madrynense recuperó su libertad.

También decidió que otros dos imputados en esta causa, Diego Correa y Diego Lüters, detenidos por otra caso -conocido como "El Embrujo"- recibieran una prisión preventiva hasta el 9 de septiembre próximo, fecha que coincide con los seis meses de preventiva que recibieron por la otra investigación, lo que significa que seguirán detenidos en la Alcaidía de Trelew.

Audiencia maratónica

Desde las 9 de la mañana, los fiscales de la Unidad Anticorrupción deslizaron que el grupo de exfuncionarios acusados de asociación ilícita conocían la gravedad de la enfermedad del gobernador Mario Das Neves. Por eso aceleraron el esquema de presuntos retornos de la obra pública, de modo de acumular la mayor cantidad posible de fondos públicos para la caja negra.

El dato lo brindó Marcos Nápoli. “Está totalmente corroborado que esta asociación termina con la muerte del exgobernador, de eso no hay dudas. En los meses previos y algún mes posterior se intensificaron las maniobras y se ampliaron los montos a requerir. Esto da cuenta de la necesidad de ellos de reunir la mayor cantidad de dinero antes de que el poder terminara”.

En la audiencia de control de detención y apertura de la investigación aseguraron que el mandatario fallecido conocía este circuito de recaudación, que según la pesquisa benefició a sus familiares directos. “No hay manera de que no lo supiera cuando hubo pagos a metros de su despacho”, graficó Nápoli.

Entre otras evidencias del Operativo Revelación, hicieron público un memorándum decidido por Das Neves. Ese documento centralizó en su entonces secretario privado, Diego Correa, la autorización de todo tipo de contrato con el Estado provincial. La resolución es del 28 de enero de 2016. El papel fue secuestrado en Casa de Gobierno y su destino fueron ministros, secretarios, subsecretarios, presidentes de entes y al jefe de la Policía del Chubut.

Textualmente, “por expresa disposición del señor gobernador Mario Das Neves se informa que a partir de la fecha todos los contratos de locación de obra, de bienes y servicios que se realicen, como así también los celebrados desde el 10 de diciembre de 2015 y todas las renovaciones de los mismos deberán contar –sin excepción alguna- con la autorización previa de la Secretaría Privada del Señor Gobernador. Atentamente. Sr. Diego Miguel Correa”. Llevó el número 07/2016.

En la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia, explicaron que ese memo fue ilegal porque violaba la Ley de Ministerios, según la cual la política de pagos la manejaba Economía.

Mientras se los investiga por asociación ilícita combinados con delitos contra la administración pública, los fiscales pidieron seis meses de prisión para Víctor Cisterna, Gonzalo Carpintero, Pablo Oca, Patricio Musante, Andrés Ninin, Federico Piccione, Esteban Torraca, Juan Carlos Villegas, Diego Correa y Diego Lüters. Para Juan Salaberry, Oscar Peña y Daniel Russo pidieron tres meses. Los cargos incluyen cohecho y enriquecimiento ilícito. Agregaron como imputadas a la mujer de Salaberry y a la hermana de Torraca. Tendrán su propia audiencia.

El fiscal Báez anticipó que “la pena que esperamos será de cumplimiento efectivo ya que esta causa es peor que la Megacausa”. Cisterna, Oca, Correa y Carpintero, por su alto rol en la organización, enfrentan una expectativa de pena de hasta 15 años.

“No es algo menor que hayan sido funcionarios públicos. Tenían poder y lo usaron para conformar una banda, idear los actos delictivos, prepararlos, consumarlos y ejecutarlos. No es casual que haya sentados empresarios de la construcción porque por la obra pública pasa la mayor cantidad de dinero por el Estado”.

Báez destacó que esta causa trata de “lo que todo el mundo hablaba y nadie podía comprobar: las coimas en la obra pública. Se ganaba porque había dinero de por medio”.

Para los tres fiscales “sería absurdo desconocer que la orden reconocía su génesis en las más altas esferas del poder político provincial, comenzando desde el primer magistrado e incluyendo a todos aquellos funcionarios de primera línea que finalmente terminaron siendo beneficiados con el reparto de dividendos arrojados por la empresa criminal”.

De acuerdo a la acusación, Correa, junto con Víctor Cisterna y Gonzalo Carpintero “decidieron repartirse tareas” para la recaudación clandestina. Cisterna definiría modo y porcentajes de las coimas. En el camino debía quedar del 3,5 al 5% de cada orden de pago cobrada por la empresa constructora en cuestión. Si era en efectivo, había descuento. Cuando Correa le avisaba al exministro de Economía que el retorno estaba hecho, Oca ordenaba a Tesorería liberar el pago, eligiendo de un listado diario. Los cobros eran en las mismas empresas, en Fontana 50 o en las oficinas de Chubut Somos Todos. Reunida esa caja, se distribuía el dinero entre las personas que aparecen nombradas en la planilla Excel que prolijamente llevaba Lüters.

Carpintero se ocuparía personalmente de la agenda política de Das Neves; Correa, de administrar parte de la caja negra distribuyendo los sobresueldos que aparecieron en las planillas Excel, y los gastos de caja chica, como el carnet de conducir de Raquel Di Perna. Buena parte de la plata sostuvo el funcionamiento y la actividad proselitista de Chubut Somos Todos. De acuerdo a la acusación, en esta presunta organización todos sabían lo que hacía el resto. La UA consideró acreditado que desde diciembre de 2015, fecha del recambio de Gobierno, el grupo actuó “con el aval sino expreso al menos tácito del por entonces gobernador Das Neves, y se pusieron de acuerdo para cometer delitos utilizando como medio al Estado Provincial, para enriquecerse ilícitamente”. Según graficaron los fiscales, “tenían la llave maestra que les permitía generar el pago inmediato de los montos dinerarios que las compañías debían cobrar fruto de las obras realizadas y ya certificadas”.

En cuanto al testimonio del exjefe de gabinete, Alberto Gilardino, los fiscales contaron que “se conectó con nosotros y pidió por favor declarar porque tenía la necesidad de hacerlo. Fue importante por su cercanía con el poder político”.#


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