Es cada vez más grande el basural ilegal de la pesca ubicado cerca de Trelew

Diariamente entierran allí más volumen de residuos que los que generan todos los habitantes de la ciudad. Lo opera la empresa Arcante, que tuvo dos permisos provisorios que se vencieron en febrero y nunca realizó un estudio de impacto ambiental. El llamativo silencio del Ministerio de Ambiente.

20 AGO 2018 - 21:04 | Actualizado

Está ubicado sobre un campo a la vera de la Ruta 1 camino a Punta Tombo, a unos 15 kilómetros del centro de Trelew. Ya ocupa varios kilómetros cuadrados que sólo pueden observarse desde el aire y quienes suelen andar por la zona haciendo trecking o en bicicleta hace meses que se quejan por los olores nauseabundos que emana. Olores que, inclusive, llegan al caso urbano de la ciudad valletana por las noches cada vez que sopla viento del sudeste.

La empresa que opera el lugar, Arcante S.A., lo llama pomposamente “Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Orgánicos Industriales del VIRCh”. Pero es, en verdad, un basural a cielo abierto sin autorización para funcionar en el que diariamente se entierran sin ningún tipo de control ni tratamiento unas 200 toneladas de residuos de la industria pesquera de Rawson y Trelew.

Sólo para tener dimensión de lo que eso significa, lo que diariamente entierran en ese campo cercano a Trelew es más de lo que generan los más de 100 mil habitantes de la ciudad valletana en su conjunto, que diariamente son tratados en la planta del Girsu.

Mal olor

El escándalo del basural clandestino estalló en diciembre del año pasado, cuando Jornada publicó un artículo sobre su existencia y fotos que causaron impacto en los ambientes políticos. “Algo huele mal: desechos de langostinos enfrentaron a Trelew con Provincia”, tituló Jornada.

Tras el informe de este diario, el entonces ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro, reconoció que había autorizado de manera “excepcional y provisoria” la disposición de esos desechos para hacer un tratamiento pero quedaba claro que no podían dejarlos tirados y que se genere un pasivo ambiental.



La autorizada era la empresa Arcante S.A., cuyas caras visibles son los hermanos Dámaso Ernesto y Daniel Nicolás Nogales. Cuando estalló el escándalo, Agulleiro cuestionó que los empresarios se hayan aprovechado de aquella autorización provisoria para llevar adelante la deposición de los residuos de manera inadecuada: “Los desechos no pueden quedar expuestos por más de dos o tres horas, rápidamente los tienen que tratar. Fuimos muy claros en ese punto, el privado tiene la obligación de hacerlo y si no está cumpliendo se tomarán las medidas del caso llegando inclusive a una clausura provisoria o definitiva”, le dijo a Jornada en diciembre pasado.

Lo que la empresa de los Nogales hacía –y sigue haciendo de manera descontrolada- es un desmonte y un zanjeo en pleno campo en donde luego abren fosas (tipo trincheras) en las que depositan los residuos orgánicos sin ningún tipo de tratamiento. Luego las tapan con una topadora y ahí terminó todo el “tratamiento” de los residuos.

Sin embargo, taparlos no significa eliminarlos. Los especialistas advierten los riesgos del lixiviado, que es como se denomina a la degradación de la materia orgánica de los residuos sólidos, que termina formando un líquido contaminante de color oscuro y de olor muy fuerte que penetra en la tierra y contamina todo a su paso.

El viernes, un dron de Jornada registró desde la Ruta 1 el importante crecimiento que tuvo el lugar desde diciembre pasado y confirmó que los camiones con varias toneladas de desechos en sus bateas siguen llegando diariamente al lugar, un campo de los Nogales de unas 3 mil hectáreas.

Asesor desplazado

Después de la polémica de finales del año pasado, el Ministerio de Ambiente le prorrogó dos veces el permiso provisorio a Arcante a cambio de que hiciera las adecuaciones necesarias para que pueda funcionar respetando las normas ambientales. Pero la empresa no hizo nada y siguió operando como si nada.

La autorización precaria de Arcante expiró en febrero pasado, lo que significa que la empresa hace seis meses que realiza un servicio sin ningún tipo de control y con el llamativo silencio del Ministerio de Ambiente de Chubut.

En abril pasado, Agulleiro dejó de ser el ministro y a cargo de la cartera quedó Mariana Vega, la subsecretaria de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.

Aunque la salida de Agulleiro fue por razones políticas y no tendría nada que ver con el conflicto con la empresa Arcante, desde entonces ocurrieron situaciones que por lo menos llaman la atención.

El 27 de abril, el asesor legal del Ministerio, José María Pendón, escribió un lapidario dictamen en contra del proyecto de Arcante y pidió que se hiciera un estudio de impacto ambiental debido a que la Municipalidad de Trelew había expresado su oposición a la instalación.

El asesor legal, además, dejó en claro que la disposición en trincheras de los residuos sólidos no cumplía con “los métodos de tratamiento que impliquen minimización, reciclados y reutilización de los mismos, y la incorporación de tecnologías más adecuadas para la preservación ambiental”. Tras el dictamen de Pendón, la subsecretaria Vega le informó a la empresa de los Nogales que debían readecuar el proyecto para poder obtener una autorización para operar.

Despido

Sin embargo, pocas semanas después y por razones poco claras, Vega decidió echar a Pendón del Ministerio a través de un decreto firmado por el propio gobernador Arcioni.

Sin que en este tiempo haya habido controles y mucho menos clausura del lugar, Vega firmó la semana pasada una resolución curiosa. Es la N° 62, que revocó una resolución anterior de abril pasado y prohíbe a partir de ahora “todo proyecto nuevo relativo a la disposición final de residuos orgánicos pesqueros, que no contemplen tecnologías de reducción y reutilización de los mismos.”

Curiosamente, otorga “un plazo máximo de 150 días corridos para que los centros de disposición final de Residuos Orgánicos de la pesca existentes y en funcionamiento, realicen la adecuación de la gestión de los mismos, debiendo primar, la reducción y la reutilización de los residuos orgánicos generados.” Y le da 45 días “para presentar formalmente el plan de adecuación a fin de ser evaluado y eventualmente aprobado por el Ministerio”.

Lo que saben del tema sugieren que esa resolución fue hecha a medida de Arcante porque no hay ninguna otra empresa que esté enterrando residuos sin autorización y sin haber mediado una audiencia pública. Es decir, en vez de clausurarla por operar de manera irregular, le dieron más tiempo para que se adecúe.

El proyecto de Arcante que da vueltas por el Ministerio de Ambiente desde el año pasado habla de un “relleno sanitario”, es decir un lugar que cumple con normas ambientales para la deposición de residuos, algo que no es tal en los hechos.

Fue realizado por la consultora Estudio de Ingeniería Ambiental, que lidera el reconocido ingeniero Ariel Testino, máster en Gestión y Auditoría Ambiental, y habitualmente crítico de la actividad minera por el alto riesgo de contaminación.

La oposición de Trelew

Es posible que las autoridades municipales de Trelew todavía no se hayan enterado de la resolución firmada por Vega. Pero se descuenta que pondrán el grito en el cielo. Es que Trelew se opuso de manera terminante a que el basural de Arcante siga funcionando a pocos kilómetros de la ciudad.

En diciembre, cuando Jornada reveló la situación, la Municipalidad criticó la “decisión unilateral” del Ministerio de Ambiente que “arbitrariamente habilitó a una empresa privada a disponer a cielo abierto de desechos orgánicos marinos en un campo fuera del ejido”.

“El municipio no fue consultado sobre esta medida que va en perjuicio del ambiente saludable y afecta directamente la salud de los vecinos”, expresaron las autoridades de Trelew.

En los hechos existe un acuerdo entre Rawson y Trelew que prohíbe arrojar este tipo de residuos a cielo abierto o el enterramiento en ambos ejidos. Por qué el basural de Arcante sigue abierto es una respuesta que por ahora nadie puede contestar con precisión.#

Cartera de clientes yun negocio redondo

Aunque su actividad no está controlada por la autoridad de aplicación, se estima que la empresa Arcante cobra unos $ 1.500 por volquete de 5 metros cúbicos, y recibe alrededor de 50 volquetes diarios. La cuenta es sencilla: son unos $ 75 mil pesos diarios que multiplicados por veinticinco días en que funciona el basural, suman algo así como $ 1.875.000 mensuales. Lo que se dice, un negocio redondo por hacer un pozo y enterrar basura sin tratarla.

Los clientes de Arcante son las cinco pesqueras que operan en Rawson (Conarpesa, Iberpesca, Veraz, Cabo Vírgenes y La Costillita, esta última propiedad de la familia Nogales, los dueños del basural). Además, otras tres pesqueras de Trelew también llevan sus desechos allí.

Si alguien controlara, estas empresas deberían cumplir con las normas y depositar su basura industrial en las otras ofertas legales que existen en la zona: el Girsu, en las afueras de Trelew, es el más importante operador. Pero también hay dos empresas que brinda el servicio en Puerto Madryn. Claro que los costos son mayores que los que cobra una empresa que brinda el servicio sin las adecuaciones ambientales y sin control oficial.

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20 AGO 2018 - 21:04

Está ubicado sobre un campo a la vera de la Ruta 1 camino a Punta Tombo, a unos 15 kilómetros del centro de Trelew. Ya ocupa varios kilómetros cuadrados que sólo pueden observarse desde el aire y quienes suelen andar por la zona haciendo trecking o en bicicleta hace meses que se quejan por los olores nauseabundos que emana. Olores que, inclusive, llegan al caso urbano de la ciudad valletana por las noches cada vez que sopla viento del sudeste.

La empresa que opera el lugar, Arcante S.A., lo llama pomposamente “Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Orgánicos Industriales del VIRCh”. Pero es, en verdad, un basural a cielo abierto sin autorización para funcionar en el que diariamente se entierran sin ningún tipo de control ni tratamiento unas 200 toneladas de residuos de la industria pesquera de Rawson y Trelew.

Sólo para tener dimensión de lo que eso significa, lo que diariamente entierran en ese campo cercano a Trelew es más de lo que generan los más de 100 mil habitantes de la ciudad valletana en su conjunto, que diariamente son tratados en la planta del Girsu.

Mal olor

El escándalo del basural clandestino estalló en diciembre del año pasado, cuando Jornada publicó un artículo sobre su existencia y fotos que causaron impacto en los ambientes políticos. “Algo huele mal: desechos de langostinos enfrentaron a Trelew con Provincia”, tituló Jornada.

Tras el informe de este diario, el entonces ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro, reconoció que había autorizado de manera “excepcional y provisoria” la disposición de esos desechos para hacer un tratamiento pero quedaba claro que no podían dejarlos tirados y que se genere un pasivo ambiental.



La autorizada era la empresa Arcante S.A., cuyas caras visibles son los hermanos Dámaso Ernesto y Daniel Nicolás Nogales. Cuando estalló el escándalo, Agulleiro cuestionó que los empresarios se hayan aprovechado de aquella autorización provisoria para llevar adelante la deposición de los residuos de manera inadecuada: “Los desechos no pueden quedar expuestos por más de dos o tres horas, rápidamente los tienen que tratar. Fuimos muy claros en ese punto, el privado tiene la obligación de hacerlo y si no está cumpliendo se tomarán las medidas del caso llegando inclusive a una clausura provisoria o definitiva”, le dijo a Jornada en diciembre pasado.

Lo que la empresa de los Nogales hacía –y sigue haciendo de manera descontrolada- es un desmonte y un zanjeo en pleno campo en donde luego abren fosas (tipo trincheras) en las que depositan los residuos orgánicos sin ningún tipo de tratamiento. Luego las tapan con una topadora y ahí terminó todo el “tratamiento” de los residuos.

Sin embargo, taparlos no significa eliminarlos. Los especialistas advierten los riesgos del lixiviado, que es como se denomina a la degradación de la materia orgánica de los residuos sólidos, que termina formando un líquido contaminante de color oscuro y de olor muy fuerte que penetra en la tierra y contamina todo a su paso.

El viernes, un dron de Jornada registró desde la Ruta 1 el importante crecimiento que tuvo el lugar desde diciembre pasado y confirmó que los camiones con varias toneladas de desechos en sus bateas siguen llegando diariamente al lugar, un campo de los Nogales de unas 3 mil hectáreas.

Asesor desplazado

Después de la polémica de finales del año pasado, el Ministerio de Ambiente le prorrogó dos veces el permiso provisorio a Arcante a cambio de que hiciera las adecuaciones necesarias para que pueda funcionar respetando las normas ambientales. Pero la empresa no hizo nada y siguió operando como si nada.

La autorización precaria de Arcante expiró en febrero pasado, lo que significa que la empresa hace seis meses que realiza un servicio sin ningún tipo de control y con el llamativo silencio del Ministerio de Ambiente de Chubut.

En abril pasado, Agulleiro dejó de ser el ministro y a cargo de la cartera quedó Mariana Vega, la subsecretaria de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.

Aunque la salida de Agulleiro fue por razones políticas y no tendría nada que ver con el conflicto con la empresa Arcante, desde entonces ocurrieron situaciones que por lo menos llaman la atención.

El 27 de abril, el asesor legal del Ministerio, José María Pendón, escribió un lapidario dictamen en contra del proyecto de Arcante y pidió que se hiciera un estudio de impacto ambiental debido a que la Municipalidad de Trelew había expresado su oposición a la instalación.

El asesor legal, además, dejó en claro que la disposición en trincheras de los residuos sólidos no cumplía con “los métodos de tratamiento que impliquen minimización, reciclados y reutilización de los mismos, y la incorporación de tecnologías más adecuadas para la preservación ambiental”. Tras el dictamen de Pendón, la subsecretaria Vega le informó a la empresa de los Nogales que debían readecuar el proyecto para poder obtener una autorización para operar.

Despido

Sin embargo, pocas semanas después y por razones poco claras, Vega decidió echar a Pendón del Ministerio a través de un decreto firmado por el propio gobernador Arcioni.

Sin que en este tiempo haya habido controles y mucho menos clausura del lugar, Vega firmó la semana pasada una resolución curiosa. Es la N° 62, que revocó una resolución anterior de abril pasado y prohíbe a partir de ahora “todo proyecto nuevo relativo a la disposición final de residuos orgánicos pesqueros, que no contemplen tecnologías de reducción y reutilización de los mismos.”

Curiosamente, otorga “un plazo máximo de 150 días corridos para que los centros de disposición final de Residuos Orgánicos de la pesca existentes y en funcionamiento, realicen la adecuación de la gestión de los mismos, debiendo primar, la reducción y la reutilización de los residuos orgánicos generados.” Y le da 45 días “para presentar formalmente el plan de adecuación a fin de ser evaluado y eventualmente aprobado por el Ministerio”.

Lo que saben del tema sugieren que esa resolución fue hecha a medida de Arcante porque no hay ninguna otra empresa que esté enterrando residuos sin autorización y sin haber mediado una audiencia pública. Es decir, en vez de clausurarla por operar de manera irregular, le dieron más tiempo para que se adecúe.

El proyecto de Arcante que da vueltas por el Ministerio de Ambiente desde el año pasado habla de un “relleno sanitario”, es decir un lugar que cumple con normas ambientales para la deposición de residuos, algo que no es tal en los hechos.

Fue realizado por la consultora Estudio de Ingeniería Ambiental, que lidera el reconocido ingeniero Ariel Testino, máster en Gestión y Auditoría Ambiental, y habitualmente crítico de la actividad minera por el alto riesgo de contaminación.

La oposición de Trelew

Es posible que las autoridades municipales de Trelew todavía no se hayan enterado de la resolución firmada por Vega. Pero se descuenta que pondrán el grito en el cielo. Es que Trelew se opuso de manera terminante a que el basural de Arcante siga funcionando a pocos kilómetros de la ciudad.

En diciembre, cuando Jornada reveló la situación, la Municipalidad criticó la “decisión unilateral” del Ministerio de Ambiente que “arbitrariamente habilitó a una empresa privada a disponer a cielo abierto de desechos orgánicos marinos en un campo fuera del ejido”.

“El municipio no fue consultado sobre esta medida que va en perjuicio del ambiente saludable y afecta directamente la salud de los vecinos”, expresaron las autoridades de Trelew.

En los hechos existe un acuerdo entre Rawson y Trelew que prohíbe arrojar este tipo de residuos a cielo abierto o el enterramiento en ambos ejidos. Por qué el basural de Arcante sigue abierto es una respuesta que por ahora nadie puede contestar con precisión.#

Cartera de clientes yun negocio redondo

Aunque su actividad no está controlada por la autoridad de aplicación, se estima que la empresa Arcante cobra unos $ 1.500 por volquete de 5 metros cúbicos, y recibe alrededor de 50 volquetes diarios. La cuenta es sencilla: son unos $ 75 mil pesos diarios que multiplicados por veinticinco días en que funciona el basural, suman algo así como $ 1.875.000 mensuales. Lo que se dice, un negocio redondo por hacer un pozo y enterrar basura sin tratarla.

Los clientes de Arcante son las cinco pesqueras que operan en Rawson (Conarpesa, Iberpesca, Veraz, Cabo Vírgenes y La Costillita, esta última propiedad de la familia Nogales, los dueños del basural). Además, otras tres pesqueras de Trelew también llevan sus desechos allí.

Si alguien controlara, estas empresas deberían cumplir con las normas y depositar su basura industrial en las otras ofertas legales que existen en la zona: el Girsu, en las afueras de Trelew, es el más importante operador. Pero también hay dos empresas que brinda el servicio en Puerto Madryn. Claro que los costos son mayores que los que cobra una empresa que brinda el servicio sin las adecuaciones ambientales y sin control oficial.


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