Editorial / La basura debajo de la alfombra

Las investigaciones periodísticas siempre incomodan a alguien. Por eso sigue siendo importante el periodismo. Es lo que sucedió con la serie de notas que publicó esta semana Jornada sobre el basural ilegal instalado en un campo cercano a Trelew, en el que diariamente se depositarían unas 200 toneladas de residuos de la pesca.

Bastó que este diario divulgara detalles del desaguisado administrativo que existe detrás del Expediente 1.313/17 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Chubut para que naciera una curiosa alianza entre esta dependencia del Estado y una empresa privada para salir a acusar a este diario de operar en contra de un emprendimiento privado que se vende como una solución pero, a la luz de los acontecimientos, es un gran problema.

El funcionamiento de manera poco clara de un basural con trincheras cavadas en medio de un campo en donde se entierran diariamente toneladas de residuos de la pesca, puso al descubierto toda la ineficiencia del Estado para llevar adelante los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. El problema no son los desechos solamente sino la impericia, desidia y falta de profesionalismo que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Chubut ha manifestado para manejar un tema que genera más dudas que certezas.

Aclara y oscurece

En este contexto, las declaraciones que realizó la subsecretaria de Gestión Ambiental, Mariana Vega, a cargo de esa cartera desde abril pasado tras la salida de Ignacio Agulleiro, dejaron muchas dudas. La ingeniera, que tuvo un paso por el área de Modernización del Estado en el segundo gobierno dasnevista y luego fue concejal de Rawson por ese sector, no pudo responder tres veces a una misma pregunta que le hicieron durante una entrevista con FM Tiempo Trelew: ¿el basural de la empresa Arcante ubicado a pocos kilómetros del centro de Trelew tiene permiso o no? Es más, su frase “no recuerdo si Arcante tiene permiso o no, eso es anecdótico”, fue de las más fuertes pronunciadas por un funcionario público para tratar de explicar algo tan sencillo. Que una empresa tenga la venia para cavar fosas y enterrar desperdicios de la pesca sin ningún tratamiento con el sólo uso de una topadora, es la imagen metafórica más contundente que se pueda utilizar para explicar el viejo concepto de “barrer la basura debajo de la alfombra”.

La endeblez del discurso de Vega, y más allá de esta funcionaria en particular, hizo pensar a muchos en algo inevitable: si no pueden controlar 200 toneladas de basura de la pesca por día, ¿cómo van a hacer para ejercer el control que exigen los proyectos mineros que se avecinan? En verdad, con este Ministerio de Ambiente es imposible pensar en llevar adelante el necesario cambio de la matriz productiva de la provincia que debería incluir a la minería y a otras actividades que exigen un control ambiental serio.

Intereses

Más allá de las cuestiones políticas o los intereses empresarios que pueda haber detrás de esta llaga que tocó Jornada con su investigación, es poco serio que el Gobierno provincial no pueda dar respuestas precisas sobre un tema tan sensible y actual como el cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de las normas vigentes.

Por supuesto que se entiende que las 200 toneladas de residuos de la industria pesquera de Rawson son un problema de difícil solución; que hace años se viene administrando una “papa caliente” que ha quemado a muchos pero nunca pudo ser encarrilada por nadie; y que la autoridad de aplicación (el Ministerio de Ambiente) siempre corre detrás del problema que generan las empresas que producen los desechos, que son las principales responsables legales por ese pasivo ambiental que producen.

Pero las leyes son sagradas y hace años que existen. O sea, no cumplirlas es un sacrilegio legal. Que no las quieran cumplir algunos empresarios rápidos para los negocios pero lentos para las adecuaciones jurídicas es una cosa. Pero que el Estado se haga el distraído vaya uno a saber por qué razón, es una vergüenza institucional que no se puede permitir.

La Ley Nacional N° 25.612 que habla de la gestión integral de los residuos industriales es más que clara cuando expresa que “se entiende por gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio al conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que comprenden las etapas de generación, manejo, almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición final de los mismos, y que reducen o eliminan los niveles de riesgo en cuanto a su peligrosidad, toxicidad o nocividad, según lo establezca la reglamentación, para garantizar la preservación ambiental y la calidad de vida de la población”.

El tema que tanta polémica causó por las publicaciones de Jornada no cumple con casi ninguno de estos postulados. Es más, esa ley nacional es, nada más y nada menos, la que garantiza la preservación ambiental, la protección de los recursos naturales, la calidad de vida de la población, la conservación de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

En Chubut, y sólo citando el caso del basural de la pesca ubicado en las afueras de Trelew, la crisis ambiental está a la vuelta de la esquina. Los empresarios que quieran hacer negocios con los desechos industriales tienen que ser bienvenidos en tanto y en cuanto cumplan con las normas ambientales. Y el Estado, a través del Ministerio de Ambiente, debe ejercer su potestad para controlar ese cumplimiento y garantizar los derechos de los ciudadanos.

Es tan sencillo que cuesta creer que no suceda.