POLICIALES

Corrupción en el IPV de Comodoro: condenan a exdelegado local a 3 años de prisión efectiva

Se trata de Abel Reyna, en hechos que van desde fines del 2011 a sepiembre del 2014. Fue sentenciado porque entregó viviendas de manera irregular a cambio de dinero y sexo.

12/04/2019 02:00

Abel Reyna junto a su defensor Guillermo Iglesias. Fue condenado.

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El exdelegado del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, Abel Reyna, fue condenado ayer a 3 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos y empleo público.

La jueza Mónica García consideró probadas las maniobras ilegales para otorgar viviendas en el Plan 81 viviendas del barrio Ciudadela, el pago de un particular a Reyna y Darío Acosta para que se le otorgara una vivienda y la entrega irregular de una vivienda a cambio de sexo. También la cesión irregular de viviendas a sus colaboradores Acosta y Medina Consoli. La jueza también sostuvo que Reyna encubrió la actuación de Ricardo Trovant, por entonces titular del IPV provincial.

No obstante ello, Reyna fue absuelto de los delitos de tráfico de influencia y falsedad ideológica en perjuicio de la Administración Pública.

Los hechos

La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del IPV, realizó maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014.

Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían, indicó un parte de Fiscalía.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en la sede del IPV de Rivadavia y Asturias. Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes.

Favores sexuales

Asimismo, durante los primeros meses de 2014, Abel Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde el año 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada aceptó reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014, Reyna le hizo entrega de una vivienda, ello con la participación de Darío Acosta.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, como delegado del IPV delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, entregó, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.

Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2014, Fabián Alejandro Otero, excónyuge de Claudia Leonori, obtuvo de manera irregular una vivienda del IPVyDU en el barrio Ciudadela.

Dicha vivienda fue cedida por Claudia Leonori a Otero como propia en el marco del divorcio, habiéndola obtenido Leonori en forma fraudulenta, insertando datos falsos en su Legajo, ya que la ficha de inscripción no se encuentra sellada, lo que no permite conocer quién realizó la encuesta social que da fe de los datos incorporados.