Revelación: los fiscales pidieron la inhabilitación perpetua para poder ocupar cargos públicos
Será para los siete dirigentes políticos que fueron acusados por presunta asociación ilícita. El fiscal Nápoli adelantó que en caso de condena también reclamarán el recupero de bienes a favor del Estado. También quieren dejar claro cómo fallaron los mecanismos de control en la época de los episodios.
Luego de presentar la acusación por el Caso Revelación, el fiscal Marcos Nápoli subrayó que las defensas deben notificarse antes de poder revelar públicamente las calificaciones jurídicas y las penas pedidas para cada uno de los 20 imputados. “Sí puedo afirmar que más allá de los montos punitivos hicimos principal hincapié en la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, con más en algún caso el recupero de bienes a favor del Estado”.
Según Nápoli, “con la penalización de estas conductas tan disvaliosas a los intereses de toda la comunidad no vamos a erradicar de ningún modo la corrupción que a lo largo de los años azota a todas las administraciones publicas de todo el país, en municipios, provincias y Nación”. Sin embargo, “pretendemos contribuir a que se conozcan los mecanismos y las acciones de quienes delinquieron, a la par de dotar de información y conocimiento a la sociedad para que ejerza con mayor determinación el control sobre el manejo de fondos públicos”.
“Que fluyan de este juicio las falencias advertidas en los mecanismo públicos de control, sea Fiscalía de Estado, Fiscalía Anticorrupción y opositores políticos del entonces gobierno que gozaban de atribuciones para haber controlado todo estos desmanes y sin dudas no lo han hecho”.
“Mal endémico”
Para el fiscal, “más allá de las incidencias técnico-jurídicas nos interesa sobre manera dejar al descubierto las practicas delictuales y colaborar al empoderamiento de quienes deben ejercer los controles, para eliminar paulatinamente este mal endémico”.
Nápoli dijo que cuentan con “pruebas sólidas” y calificó de “vergonzosos” los episodios que se juzgarán. El escrito tiene más de 300 páginas y detalla las presuntas conductas de “una mayoría de altos funcionarios del gabinete provincial que tenían en sus manos un porcentaje altísimo del poder de aquella época”.
Las evidencias incluyen testimonios, documentación secuestrada, informes de entidades financieras, del Poder Ejecutivo, de oficinas descentralizadas, pericias contables e informáticas, entrecruzamientos de mensajes y llamada, etcétera.
Detalles
El grupo imputado de asociación ilícita está conformado por siete dirigentes políticos. El resto son empresarios de la construcción y el periodista Andrés Ninín.
Los empresarios involucrados “no pudieron demostrar aún que estaban bajo el yugo de una extorsión al momento de pagar coima o bien no acudieron a la probation”.
En los siguientes 30 días hábiles la Oficina Judicial debe notificar de la acusación a los imputados dado que fue declarado un “caso complejo”. En este lapso los defensores deberán ofrecer la prueba que consideren pertinente. Tras la feria judicial se hará la audiencia preliminar que decidirá si la causa se eleva a juicio. También se discutirán posibles planteos como la intención de algún empresario de solicitar el beneficio de la suspensión de juicio a prueba o el juicio abreviado, opción sólo para quienes no eran funcionarios públicos.
La lista final es: Víctor Cisterna, Diego Correa, Gonzalo Carpintero, Pablo Oca, Alejandro Pagani, Juan Martín Bortagaray, Diego Lüters, Federico Piccione, Pablo Bastida, Andrés Ninín, Mauricio Capandeguy, Patricio Manzanel, Jorge Rossi, Juan Riquelme, Massoud Inghani, Miguel Freile, Pablo Menedin, Martín Castillo, Gonzalo Cordón Ferrando y Oscar Sandín.#
Luego de presentar la acusación por el Caso Revelación, el fiscal Marcos Nápoli subrayó que las defensas deben notificarse antes de poder revelar públicamente las calificaciones jurídicas y las penas pedidas para cada uno de los 20 imputados. “Sí puedo afirmar que más allá de los montos punitivos hicimos principal hincapié en la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, con más en algún caso el recupero de bienes a favor del Estado”.
Según Nápoli, “con la penalización de estas conductas tan disvaliosas a los intereses de toda la comunidad no vamos a erradicar de ningún modo la corrupción que a lo largo de los años azota a todas las administraciones publicas de todo el país, en municipios, provincias y Nación”. Sin embargo, “pretendemos contribuir a que se conozcan los mecanismos y las acciones de quienes delinquieron, a la par de dotar de información y conocimiento a la sociedad para que ejerza con mayor determinación el control sobre el manejo de fondos públicos”.
“Que fluyan de este juicio las falencias advertidas en los mecanismo públicos de control, sea Fiscalía de Estado, Fiscalía Anticorrupción y opositores políticos del entonces gobierno que gozaban de atribuciones para haber controlado todo estos desmanes y sin dudas no lo han hecho”.
“Mal endémico”
Para el fiscal, “más allá de las incidencias técnico-jurídicas nos interesa sobre manera dejar al descubierto las practicas delictuales y colaborar al empoderamiento de quienes deben ejercer los controles, para eliminar paulatinamente este mal endémico”.
Nápoli dijo que cuentan con “pruebas sólidas” y calificó de “vergonzosos” los episodios que se juzgarán. El escrito tiene más de 300 páginas y detalla las presuntas conductas de “una mayoría de altos funcionarios del gabinete provincial que tenían en sus manos un porcentaje altísimo del poder de aquella época”.
Las evidencias incluyen testimonios, documentación secuestrada, informes de entidades financieras, del Poder Ejecutivo, de oficinas descentralizadas, pericias contables e informáticas, entrecruzamientos de mensajes y llamada, etcétera.
Detalles
El grupo imputado de asociación ilícita está conformado por siete dirigentes políticos. El resto son empresarios de la construcción y el periodista Andrés Ninín.
Los empresarios involucrados “no pudieron demostrar aún que estaban bajo el yugo de una extorsión al momento de pagar coima o bien no acudieron a la probation”.
En los siguientes 30 días hábiles la Oficina Judicial debe notificar de la acusación a los imputados dado que fue declarado un “caso complejo”. En este lapso los defensores deberán ofrecer la prueba que consideren pertinente. Tras la feria judicial se hará la audiencia preliminar que decidirá si la causa se eleva a juicio. También se discutirán posibles planteos como la intención de algún empresario de solicitar el beneficio de la suspensión de juicio a prueba o el juicio abreviado, opción sólo para quienes no eran funcionarios públicos.
La lista final es: Víctor Cisterna, Diego Correa, Gonzalo Carpintero, Pablo Oca, Alejandro Pagani, Juan Martín Bortagaray, Diego Lüters, Federico Piccione, Pablo Bastida, Andrés Ninín, Mauricio Capandeguy, Patricio Manzanel, Jorge Rossi, Juan Riquelme, Massoud Inghani, Miguel Freile, Pablo Menedin, Martín Castillo, Gonzalo Cordón Ferrando y Oscar Sandín.#