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Apuntan al dasnevismo y a Linares por el jury al fiscal Iturrioz. El Tribunal de “El Embrujo” y una salida poco común. La Megacausa eterna: otro fallo sobre los exfuncionarios del Banco. Siguen designando gente en el Gobierno. Y más.
30/09/2019 02:00
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La decisión del Consejo de la Magistratura de Chubut de enviar a jury al fiscal Héctor Iturrioz por su actuación durante la detención del exministro de Familia, Martín Bortagaray, en el marco de la causa “Revelación”, dejó mucha tela para cortar.

Además de la curiosidad de que la mayoría de los consejeros (7 a 6) decidió enjuiciar sólo a uno de los fiscales (no acusaron a Marcos Nápoli) y apenas darle una sanción administrativa al juez Sergio Piñeda, que fue el que firmó la orden de detención, muchos empezaron a ver cuestiones políticas detrás de la decisión.

El más directo fue Nápoli, que si bien quedó fuera de la posibilidad de un jury, salió en defensa de Iturrioz y dijo sin vueltas que detrás de la decisión de los consejeros que votaron para enjuiciarlo estaba el dasnevismo.

En Comodoro –de donde es Iturrioz-, en cambio, no son pocos los que creen que detrás del jury está el poder político municipal, que está enfrentado con el fiscal porque está a punto de imputar a buena parte del Gabinete de Carlos Linares por la causa que investiga un presunto fraude al municipio durante la emergencia climática de 2017.

“Carlitos metió la cola”, dijo uno que conoce los entramados de la política y la Justicia comodorense.

Marche preso

Última mañana del juicio oral y público antes del fallo. La combi con vidrios polarizados de la Policía del Chubut estacionó frente a la Oficina Judicial de Rawson y cuando todos esperaban que subieran los imputados que están detenidos por “El Embrujo”, el primero en ingresar sonriente fue el presidente del Tribunal, Alejandro Soñís. “Qué paradoja irse así”, sonrió frente a la prensa.

Un poco más explícito fue el primer vocal, Ricardo Rolón: “Al final los que vamos presos somos nosotros”. La que zafó de las chanzas fue la jueza de Puerto Madryn, Marcela Pérez, que se fue derecho en su coche particular para comenzar a escribir su voto.

Basta de pararse

En su alegato, el abogado Eduardo Hualpa, por la querella de Iniciativa Ciudadana, había pedido terminar con algunas costumbres “arcaicas” de los juicios, como tener que pararse cada vez que ingresa el Tribunal, tradiciones que chocan cuando un vecino corriente las percibe por primera vez.

Al cerrar las audiencias, el juez Soñís no olvidó y recogió el guante: “Sepan que nunca pedimos que se paren, al contrario, nos sentíamos incómodos. Somos ciudadanos de la misma comunidad con los mismos derechos que el resto pero tal vez con más obligaciones”, aclaró. Hualpa asintió en silencio.

Paños fríos

En su alegato, Sergio Miranda, abogado de la querella del Frente para la Victoria, había sugerido a los jueces: “No se olviden de quién fue Mario Das Neves”. La referencia le cayó mal a Miguel Moyano, defensor de Rubén “Bedo” Reinoso, conocido militante dasnevista. “Está atacando a una persona que no puede defenderse, fue una expresión inadecuada y quiero creer que fue un acto fallido y no quiso condicionar a nadie”.

En las réplicas, Miranda dijo: “Le pido disculpas a Moyano si lo ofendí, en próximas intervenciones trataré de ser más cauteloso”. El defensor de “Bedo” le devolvió la gentileza: “Quiero destacar su hombría de bien y su integridad y le pido a Miranda que por favor si yo pronuncio alguna palabra de más, me lo haga saber”. Y todos amigos.

La Megacausa no termina

Han pasado veinte años desde que estalló el caso y una década desde las condenas a muchos de los involucrados, pero la Megacausa del Banco del Chubut sigue danto tela para cortar en ámbitos judiciales.

Si bien los responsables fueron juzgados y condenados, luego se abrió una instancia judicial por las responsabilidades que le cupieron a todos los funcionarios del Banco que estuvieron involucrados y habían violado reglamentaciones del Banco Central.

En marzo de 2014 se conocieron los detalles de un sumario en lo financiero, en el que el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias impuso sanciones no sólo a un grupo de funcionarios sino también al propio Banco del Chubut.

Así por ejemplo, la entidad fue multada en $ 960.000; Jorge Francisco Barcia, $ 800.000 e inhabilitación por dos años; Silvia Estela Beros, $ 768.000 e inhabilitación por dos años; Luis Norberto Vila, $ 714.000 e inhabilitación por dos años; Mario Alberto González, $ 621.000 e inhabilitación por un año; Jorge Eduardo Marzullo, Pablo Andrés Rondini, Eduardo Carlos Palacios y Manuel Viñals, $ 416.000 a cada uno; Eduardo Samamé, $ 279.000; Antonio Osvaldo Roqueta, $ 271.000; Ana María Zamarreño, $ 233.000; Jorge Armando Espina, $ 189.000; Nelson Fermín Daniel Urtizberea Galiano, $ 161.000; Rodolfo Raúl Quiroga, $ 129.000; Juan Domingo Mario Ferré, $ 102.000; Hugo Ernesto Femia, $ 96.000; y José Manuel Carrizo, $ 92.000.

A todos se les hicieron cargos por “inadecuadas política y gestión crediticia, mediando sobrevaluación del patrimonio de la entidad como consecuencia de la incorrecta clasificación de la cartera de créditos y la consiguiente insuficiencia de previsiones por riesgo de incobrabilidad, legajos incompletos de prestatarios, registraciones contables que no reflejan la realidad patrimonial, económica y financiera, incumplimiento de disposiciones sobre controles internos y auditorías externas, y suministro de información distorsionada al BCRA”, entre muchas otras, según el Banco Central.

Todos ellos apelaron las sanciones de aquel fallo y, ahora, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que integran los doctores Jorge Esteban Argento, Carlos Manuel Grecco y Sergio Fernández, fallaron en relación a esas apelaciones.

En principio, la Cámara rechazó la defensa de prescripción articulada y la pretendida extinción de la acción, pero admitió parcialmente el recurso de apelación interpuesto por los exdirectores Samamé, Quiroga y Zamarreño. Así como también admitió parcialmente el recurso de apelación directa interpuesto por los exgerentes Femia, Espina, Ferré y Carrizo, entre otras decisiones que incluye el fallo.

Poniendo estaba la gansa

Además, dejó sin efecto los montos de las multas originales de Samamé, Quiroga, Zamarreño, Femia, Espina, Ferre y Carrizo, las que se redujeron y se fijaron en la suma de $ 179.000 para Samamé; $ 29.000 para Quiroga; $ 133.000 para Zamarreño; $ 50.000 cada uno para Femia, Ferré y Carrizo; y $ 139.000 para Espina.

Asimismo, dice el fallo, se rechazó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 41 de la ley 21.526 y de la Comunicación “A” 3579 del Banco Central, que habían hecho todos los condenados.

Desmanejos en la SCPL

“Han hecho del arbitrio, la forma de manejar a la SCPL”, disparó esta semana que pasó el abogado Miguel Montoya, exfuncionario provincial y actual consejero suplente de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia.

Tras varias idas y vueltas, Montoya viene bregando para poder asumir como consejero titular, ante los reiterados impedimentos que le han puesto las nuevas autoridades de la cooperativa comodorense.

El abogado volvió a criticar y exponer lo que a su criterio son malos manejos y el poco apego hacia las normas que estarían teniendo quienes hoy presiden la cooperativa.

En declaraciones radiales a FM Clásica 101.3, Montoya se refirió a la asamblea que realizará la entidad el próximo 12 de octubre para elegir nuevos delegados. Explicó que “es la convocatoria anual para la elección de delegados y para la realización de la asamblea, que después es la que vota una lista de consejeros, siendo una renovación parcial que se hace de los consejeros cada año”.

El delegado suplente observó que 2019 ha sido para la entidad un año atípico con tres renuncias, “con lo cual los suplentes que reemplazan a los titulares no pasan a cumplir el mandato del titular, cumplen al año por el que fueron electos, con lo cual este año se renuevan tres consejeros pero hay que elegir tres más porque hubo tres renuncias”, trató de explicar Montoya.

“La elección de este año es por seis cargos y esto no ha sido expuesto en la publicación que salió en los diarios, ya que tiene que tener la convocatoria con las fechas ciertas de las elecciones por circunscripciones, y señalar, cuáles son los cargos que se van a reemplazar”, manifestó el exfiscal de Estado.

“Peor que antes”

Para Montoya, la Cooperativa de Comodoro “está peor que antes”, dado que “no me dejaron asumir cuando el titular que había renunciado ratificó por telegrama su carácter indeclinable, suspendieron las reuniones para tratar temas porque tenían que tratar la renuncia y convocaron a una asamblea de delegados, manejada y direccionada, y el día de la asamblea me presenté con un escribano público, el Dr. De Diego, pero me impidieron acceder por una orden de Elías Jones, notificándome que yo no era delegado”.

Inclusive, señaló Montoya con asombro, “pusieron en duda mi calidad de socio de la cooperativa y esto es una falacia. Me enteré todo esto por gente que participó, porque se me impidió el ingreso, en una reunión en la que habían pedido mi separación”, expresó el abogado.

En este contexto, Montoya presentó una media preliminar, para después iniciar las acciones que correspondan “en forma individual, contra los consejeros que fueron los responsables de esto”.

“Por estar la Justicia de paro, esto no ha avanzado”, se lamentó.

Se van pero no se van

No es la primera vez que pasa pero en estos tiempos de crisis en donde al Gobierno le cuesta tanto conseguir fondos para pagar los salarios de los empleados públicos, resulta por lo menos curioso que el Poder Ejecutivo siga nombrando funcionarios o dándoles conchabo a otros que los remueve de un cargo y los acovacha en algún lugar de Estado.

Sólo hay que leer asiduamente el Boletín Oficial para conocer este tipo de casos. Por ejemplo, en los últimos días se publicó el Decreto Nº 1.000, en el que se dejó sin efecto la designación en el cargo de Director General de Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, al señor Walter Alejandro Flores. En el Artículo 3 de ese decreto se informa que su sucesor será Randal Alberto Thomas, a partir del 1° de septiembre de 2019.

En el Decreto Nº 1001, es decir, el siguiente, se designa a Flores como “Personal de Gabinete” en el ámbito del Ministerio de Gobierno, asignándole al funcionario designado una remuneración equivalente al cargo de Director General.

Más designaciones

El Boletín Oficial de Chubut informó de más bajas y altas instantáneas. Por ejemplo, el Decreto Nº 1.047 dejó sin efecto la designación de Rocío de las Nieves Fernández en el cargo de Directora de Viviendas de la Dirección General de Logística de la Subsecretaría Unidad Gobernador. Pero, en el mismo instrumento legal, se la designa en el cargo de “Personal de Gabinete” de la Subsecretaria de Unidad Gobernador con una remuneración equivalente al cargo de Directora.

El decreto siguiente, el Nº 1.048 designó a Juan Pablo Pes Daroca como “Personal de Gabinete”, dependiente de la Subsecretaría Unidad Gobernador con una remuneración equivalente al cargo de Director.

Subsidio

También el Boletín Oficial dio cuenta del Decreto Nº 1.037, por el cual se otorgó a la Mutual de los Trabajadores de la Construcción de la Provincia del Chubut, representada por su presidente, Raúl Fernando Silva, y su tesorero, Gustavo Daniel Silva, la suma de $ 670.000 en concepto de “subsidio para ser destinados a asistir económicamente a 67 trabajadores de la construcción de las localidades de Comodoro Rivadavia y Sarmiento, los que percibirán la suma de $ 10.000 cada uno”.#