PROVINCIA

De Boca en Boca y #DesdeElTwitter

La insólita ordenanza “anti-aborto” de Dolavon, el traspié del intendente Bowen y la historia del médico que escribió el texto. Julián Marino Dávolos, el docente de la Universidad de Chubut al que acusaron por acoso en la Universidad de Córdoba. Y más.

09/12/2019 02:00

Confeso. Claudio Ghigliotto, el ideológo ultracatólico que escribió la ordenanza “anti-aborto” en el Valle.

6.058

La insólita ordenanza que desde hace cinco años coloca a la localidad de Dolavon en el podio de pueblo “Pro vida” gracias a una insólita ordenanza que se votó en 2014 para prohibir la distribución de la píldora del “día después” y hasta rechazar el aborto no punible que es absolutamente legal, dejó mal parados a varios.

Entre ellos, al intendente Dante Bowen, que después de que explotara la bomba en los medios, quiso salir –en algunos medios le dieron aire sin problemas- a sacar partido de una situación que está lejos de dejarlo bien parado.

Es que Bowen asumió hace cuatro años, cuando –hay que decirlo- la ordenanza ya estaba vigente desde un año antes y no había sido vetada por el entonces intendente Martín Bortagaray –enemigo acérrimo de Bowen-, pero tuvo cuatro años de gestión para que su bloque de concejales volteara semejante mamarracho.

Ahora, a menos de una semana del cambio de concejales, el edil Pablo Pierce, uno que se va y no seguirá –Bowen no le dio la chance de repetir- dejó en evidencia a propios y extraños, al no conseguir que la mayoría del Concejo Deliberante del pueblo de las norias para eliminar una ordenanza violatoria de los derechos constitucionales.

Concejales prehistóricos

La norma vigente desde 2014 fue aprobada por cinco concejales, de los cuales tres siguen en la actual gestión: la actual presidenta del cuerpo, Nancy Lacoste, y los ediles John Gerez y María del Carmen Gómez. Los últimos votaron en contra de la derogación de la norma, mientras que la primera no estuvo en la sesión.

El lunes pasado, cuando se puso a consideración la derogación de la normativa, sólo Pierce y su compañero de bancada, Juan Carlos Ferrara, votaron a favor. Ivana Linares –del mismo bloque del FpV que responde a Bowen- se abstuvo. Mientras que Gómez y Gerez, de Chubut Somos Todos, junto a la edil María Narlú Sosa, del monobloque PJ, votaron en contra e impidieron la derogación de una norma vergonzosa.

A los pocos días, la concejal Lacoste confesó en una entrevista con Cadena Tiempo es que el texto de la ley no surgió de la pluma de ningún concejal sino que el ideólogo fue Claudio Ghigliotto, un médico que fue director del Hospital de Dolavon y es un confeso “anti-aborto” y ultracatólico.

“Retrógrados”

Uno de los que se sumó a la polémica fue el exconcejal de Dolavon Jorge Alberto Uzal (UCR). En las redes sociales, Uzal contó que “hace años, la dirección de la Escuela 101 le solicito al entonces director del Hospital (N. de la R.: Ghigliotto) que diera una charla sobre educación sexual y la respuesta fue: “Se deben aceptar los niños que Dios envíe””, recordó Uzal.

“El mismo Concejo que se negó a declarar a Dolavon ‘No Nuclear’ aprobó la ordenanza ‘Pro Vida’. Una contradicción intelectual absoluta, como si todo lo relacionado con lo nuclear no fuese ‘Pro Muerte’. Cuando la religión y su fundamentalismo entran por la puerta, la política sale por la ventana”, agregó el exconcejal.

“Estos concejales son el resabio de dos intendentes con algunos rasgos similares: tanto Bowen como Bortagaray hacen e hicieron su voluntad utilizando a los concejales ‘elegidos por el pueblo’. No es aceptable que los representantes desoigan a sus representados y desprecien su posición. La ordenanza 485 es contraria al pensamiento general de todo un pueblo y sólo un mínimo de retrógrados que anteponen a Dios por sobre el interés común, pueden sustentarla”, disparó Uzal.

“La pastilla, el profiláctico y el aborto como última opción son elementos relacionados con la dignidad del ser humano y su calidad de vida. Una última consideración: en la ordenanza, su autor nada dice de proteger en su casa junto a su familia y ayudar económicamente al niño y a la madre.”

Atento a las ollas

El éxito de convocatoria en los denominados “mate bingo” parece ser tema de análisis por parte de la actual gestión de Lotería del Chubut. Según reconoció el propio presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS), Luis María Aguirre, el organismo no ha tenido una mirada “económica” sobre el fenómeno dichos encuentros sociales.

Si bien reconoció que la mayoría de esos eventos son con fines solidarios y cumplen con los requerimientos previstos para su realización, alertó que siguen de cerca aquellos casos donde el fin es comercial y apuntó en concreto a las “revendedoras de ollas” que organizan encuentros de ese tipo sin cumplir con los requerimientos del Instituto para dichos casos.

Docente denunciado

Julián Marino Dávolos es un actual docente de la Universidad del Chubut que es Licenciado en Psicología, Licenciado en Comunicación Social y Doctor en Psicología, y en los últimos años se hizo medianamente conocido en la zona del Valle, en donde suele exponer con orgullo un extenso currículum de más de una docena de páginas.

Sin bien es oriundo de Trelew y pertenece a una conocida familia, desarrolló todos sus estudios en Córdoba y tiene posgrados en varios países del extranjero.

Pues bien, precisamente en Córdoba, el licenciado Marino (sin el Dávolos de segundo apellido que comenzó a usar tras su regreso a Chubut), no es una persona que dejó un buen recuerdo. Tras varios años como docente, enfrentó en 2018 una grave acusación por acoso sexual en el ámbito universitario, en donde era docente.

En agosto pasado, la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba aprobó la Conclusión Sumarial N° 3237/18 “en cuanto a que tiene por probados los hechos que se le imputaban a Julián Carlos Marino (Leg. 36.483) los que encuadran el acoso sexual: todo comentario reiterado o conducta con connotación sexual que implique hostigamiento y/o asedio que tenga por fin inducir a otra persona a acceder a requerimientos sexuales no deseados o no consentidos”, dice la resolución de la Universidad a la que accedió Jornada, que por otro lado es pública.

Como el sumario se dilató más de la cuenta y Marino aprovechó para presentar su renuncia en el medio, ahora la Universidad no tuvo más remedio que aceptar la renuncia de Marino a partir del 01/12/2018, “por cumplimiento del plazo de ciento ochenta días corridos, según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 25.164, norma más favorable al docente, y aplicable en virtud de los antecedentes: R.H.C.S. N° 237/1997; Dictamen N° 51270 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Córdoba y Dictamen PTN N° 285 Tomo 254:374 del 01/09/2005”.

Asimismo, se deja en claro que como consecuencia de la aceptación de la renuncia, se declara que “por pérdida de potestad disciplinaria no resulta posible la aplicación a Julián Carlos Marino de la sanción de cesantía recomendada, que hubiere correspondido”.

Marino, por así decir, “zafó” de una condena mayor, pero la Universidad de Córdoba dejó en claro la “preocupación de la Facultad de Psicología por la dilación de los tiempos administrativos que obran en el expediente de referencia, los cuales redundan en una imposibilidad de aplicación de la sanción que le correspondería a Julián Carlos Marino. “Ello lesiona fuertemente la posibilidad de reparación a las personas afectadas, lo cual podría generar una falta de credibilidad en los mecanismos institucionales establecidos en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba para el abordaje de las violencias de género”, dice la resolución firmada por la decana Patricia Altamirano, y el secretario del Honorable Consejo Directivo, Matías Dreizik.

Marino sigue siendo docente de la Universidad del Chubut y, al parecer, mantiene un enfrentamiento con la actual rectora, Graciela Di Perna. Tanto, que los dos sobrinos de la rectora, Pablo y “Mariví” Das Neves, usaron sus cuentas de Twitter para destrozar a Marino y dejar entrever la grave situación que le tocó vivir en su paso académico por la Universiad de Psicología de Córdoba.

Reparto de oficinas

El viernes se concretó la Sesión Preparatoria y designación de autoridades en el Concejo Deliberante de Rawson. Los flamantes ediles se hicieron presentes y se distribuyeron las oficinas que les corresponderá a cada uno. Pero no todo fue armonioso.

Es que al momento de recorrer los despachos, los concejales se apresuraron a elegir el que querían e inclusive a tomar posesión de los muebles que debían tener.

Hasta hubo algún que otro altercado cuando varios ediles pretendían ocupar la misma oficina o cuando una de ellas pidió un mueble instalado en otro despacho.

Se les explicó que primero debía intervenir la gente de Inventarios y Patrimonio para controlar qué quedaba en cada despacho y luego sí hacer la distribución correspondiente.

En defensa propia

El diputado provincial José María Grazzini, que dentro de pocas horas asumirá como ministro de Gobierno de Chubut, salió el viernes a defender una ley de su autoría que la Legislatura aprobó sin fisuras y que generó mucha polémica entre sectores empresarios.

Se trata de una norma que apunta a exigir la contratación de mano de obra nacida en Chubut o con un mínimo de 5 años de residencia. Ya que en caso de que no se cumpla eso –salvo excepciones- cada empresa deberá abonar una tasa de 5% sobre el sueldo bruto del trabajador.

“Quienes cuestionan la ley lo hacen desde el desconocimiento”, indicó el legislador en una entrevista en Radio del Mar de Comodoro. En ese marco, dijo que su inquietud surgió a partir de las tasas de desempleo en la provincia, que afectan especialmente a la franja de edad de 18 a 35 años entre los varones, y a la de 18 a 40 años, en las mujeres.

“Se contempla que la empresa contratante pueda hacer el descargo en caso de que no haya en la provincia una especialidad laboral y entonces no debería abonar nada –explicó Grazzini -. También se contempla el caso de un joven que se fue a estudiar fuera de la provincia, se capacitó y luego regresa para trabajar”, agregó.

El tema generó preocupación en ámbitos empresarios y ahora resta saber si el Poder Ejecutivo, al que Grazzini se sumará, la promulga o la veta.

El todavía diputado admitió que podría aceptar modificaciones: “Estamos abiertos al dialogo y se pueden cambiar cosas a partir de la reglamentación. Es una ley que está vigente en muchas provincias, por ejemplo todos destacamos la gran labor que se ha llevado en San Luis, donde se aplicó esta protección del empleo, o en Catamarca y San Juan, con muy buenos resultados y reduciendo la desocupación”.

Uno de los periodistas que lo entrevistó en Radio del Mar lo chicaneó al consultarle si él se hubiera podido desarrollar en la provincia con una ley como la que ahora impulsa, en relación a la condición de cordobés de Grazzini: “Yo resido en Puerto Madryn desde el año 1986 y era otro contexto, una situación diferente”, respondió.#