Abogados dicen que es inconstitucional el impuesto a la transmisión de bienes

El Colegio de Abogados expresó su rechazo al proyecto que impulsa el Ejecutivo Provincial dentro del paquete económico para la Sesión Extraordinaria. Afirman que se afecta el principio de “no confiscatoriedad”.

25 ENE 2020 - 21:14 | Actualizado

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn expresó su “más amplio rechazo al proyecto de ley enviado por el gobernador Arcioni a la Legislatura del Chubut, que establece el impuesto a la transmisión gratuita de bienes” que puede denominarse como “impuesto a la herencia” o “impuesto sucesorio”.

Los abogados portuarios explicaron que la decisión del gobierno provincial “pretende castigar con un tributo más a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda o afecte uno o más bienes situados en la Provincia y/o beneficie a personas físicas o jurídicas con domicilio en la misma”.

Preocupados

Asimismo, los letrados “expresamos la preocupación por la modalidad con la cual se lleva a cabo este proceso de reforma, anulando la participación de los Colegios Profesionales (Abogados, profesionales de las Ciencias Económicas, Escribanos) creados por el Estado provincial con la facultad de colaborar con las autoridades públicas en la redacción de la legislación, como principales intérpretes e interesados en la aplicación de la referida norma”.

Desde el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn dejaron en claro su preocupación por “la asfixiante sobrecarga tributaria que tendrán los justiciables chubutenses que deban tramitar un juicio sucesorio, efectuar una donación de bienes a sus hijos o reordenar un patrimonio familiar entre otras muchas acciones que se ven alcanzadas, y que en este sentido impedirá el acceso a la justicia para las diversas modalidades de planificación patrimonial o reorganización familiar”.

Junto a ello, hicieron saber que “la norma propuesta por el Poder Ejecutivo resulta inconstitucional por afectar el principio de no confiscatoriedad” agregando que “este principio se traduce concretamente en que los impuestos deben garantizar la propiedad privada, asegurada por la Constitución nacional y provincial, sin abarcar una parte sustancial de la misma o de su renta”.

La conducción del Colegio de Abogados de la ciudad portuaria destacó que “el impuesto que se pretende aprobar se superpone con otros impuestos provinciales y nacionales que gravan idénticos bienes que luego son heredados: el impuesto sobre los bienes personales y el impuesto inmobiliario, o la Tasa de Justicia que debe abonarse en todo trámite sucesorio, calculada sobre los valores reales de las propiedades, con lo cual no encuentra justificación seria por la que aquellos vuelvan a ser gravados en oportunidad de transmitirse a los beneficiarios”.

Junto a ello, los letrados cuestionaron la decisión adoptada por el gobierno de pretender darle “a esta iniciativa un trámite exprés en la Legislatura sin que el proyecto cuente con un estudio meticuloso sobre cuáles son los principios impositivos que se pretenden desarrollar con el mismo en referencia a la población que se verá afectada patrimonialmente, de qué manera y en qué proporción, fundamentalmente cuando se encuentran en juego garantías constitucionales como el derecho de propiedad y a la no confiscatoriedad de los bienes”.

Ante ello, los miembros de la institución dejaron en claro que “no nos encontramos frente a un tributo a las grandes fortunas, sino frente a un impuesto que incidirá sobre los estratos medios de los chubutenses que ya contribuyen con el pago de sus impuestos, para solventar la sobredimensión de los gastos que generan los tres poderes del Estado, el cual últimamente destina más de lo que ingresa para pagar salarios en mora, arrimando al precipicio a la provincia toda y colocándonos frente a un año 2020 que será marcado por una creciente conflictividad social, frente a una clase dirigente que carece de autocrítica y razonabilidad y que, como única respuesta, pretende exigir un mayor esfuerzo a la sociedad”.

Por último, los miembros del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn exhortó “a los legisladores de la provincia a no aprobar la iniciativa cuestionada, pues la misma resulta inconstitucional y podrá generar diversos planteos judiciales con los mayores costos que ello ocasionará a nuestra provincia”.

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25 ENE 2020 - 21:14

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn expresó su “más amplio rechazo al proyecto de ley enviado por el gobernador Arcioni a la Legislatura del Chubut, que establece el impuesto a la transmisión gratuita de bienes” que puede denominarse como “impuesto a la herencia” o “impuesto sucesorio”.

Los abogados portuarios explicaron que la decisión del gobierno provincial “pretende castigar con un tributo más a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda o afecte uno o más bienes situados en la Provincia y/o beneficie a personas físicas o jurídicas con domicilio en la misma”.

Preocupados

Asimismo, los letrados “expresamos la preocupación por la modalidad con la cual se lleva a cabo este proceso de reforma, anulando la participación de los Colegios Profesionales (Abogados, profesionales de las Ciencias Económicas, Escribanos) creados por el Estado provincial con la facultad de colaborar con las autoridades públicas en la redacción de la legislación, como principales intérpretes e interesados en la aplicación de la referida norma”.

Desde el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn dejaron en claro su preocupación por “la asfixiante sobrecarga tributaria que tendrán los justiciables chubutenses que deban tramitar un juicio sucesorio, efectuar una donación de bienes a sus hijos o reordenar un patrimonio familiar entre otras muchas acciones que se ven alcanzadas, y que en este sentido impedirá el acceso a la justicia para las diversas modalidades de planificación patrimonial o reorganización familiar”.

Junto a ello, hicieron saber que “la norma propuesta por el Poder Ejecutivo resulta inconstitucional por afectar el principio de no confiscatoriedad” agregando que “este principio se traduce concretamente en que los impuestos deben garantizar la propiedad privada, asegurada por la Constitución nacional y provincial, sin abarcar una parte sustancial de la misma o de su renta”.

La conducción del Colegio de Abogados de la ciudad portuaria destacó que “el impuesto que se pretende aprobar se superpone con otros impuestos provinciales y nacionales que gravan idénticos bienes que luego son heredados: el impuesto sobre los bienes personales y el impuesto inmobiliario, o la Tasa de Justicia que debe abonarse en todo trámite sucesorio, calculada sobre los valores reales de las propiedades, con lo cual no encuentra justificación seria por la que aquellos vuelvan a ser gravados en oportunidad de transmitirse a los beneficiarios”.

Junto a ello, los letrados cuestionaron la decisión adoptada por el gobierno de pretender darle “a esta iniciativa un trámite exprés en la Legislatura sin que el proyecto cuente con un estudio meticuloso sobre cuáles son los principios impositivos que se pretenden desarrollar con el mismo en referencia a la población que se verá afectada patrimonialmente, de qué manera y en qué proporción, fundamentalmente cuando se encuentran en juego garantías constitucionales como el derecho de propiedad y a la no confiscatoriedad de los bienes”.

Ante ello, los miembros de la institución dejaron en claro que “no nos encontramos frente a un tributo a las grandes fortunas, sino frente a un impuesto que incidirá sobre los estratos medios de los chubutenses que ya contribuyen con el pago de sus impuestos, para solventar la sobredimensión de los gastos que generan los tres poderes del Estado, el cual últimamente destina más de lo que ingresa para pagar salarios en mora, arrimando al precipicio a la provincia toda y colocándonos frente a un año 2020 que será marcado por una creciente conflictividad social, frente a una clase dirigente que carece de autocrítica y razonabilidad y que, como única respuesta, pretende exigir un mayor esfuerzo a la sociedad”.

Por último, los miembros del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn exhortó “a los legisladores de la provincia a no aprobar la iniciativa cuestionada, pues la misma resulta inconstitucional y podrá generar diversos planteos judiciales con los mayores costos que ello ocasionará a nuestra provincia”.


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