ECONOMÍA

Con el refinanciamiento de la deuda, Chubut busca ahorrarse $ 6.000 millones durante 2020

El proyecto presentado por el Ejecutivo estipula reperfilar los bonos Bocade y Bopro. Se estipula un comienzo de pago de los pasivos a partir de 2023, durante el último año de gestión de Arcioni y extender los plazos hasta 2038. Los fundamentos que llevan a la renegociación de los títulos públicos.

21/06/2020 02:00

Los bonos colocados en los mercados suman U$S 700 millones y con el corrimiento de plazos este año se podrían ahorrar $ 6.000 millones.

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Ya ingresó a la Legislatura el proyecto para el refinanciamiento de la deuda de Chubut que será tratado en las próximas semanas. Los bonos a refinanciar son por un lado el Bocade, con un plazo de vencimiento en 2026 y el Bopro, que vence en 2023. Entre ambos totalizan U$S 700 millones colocados en los mercados.

De acuerdo a la letra del proyecto, “las operaciones que se lleven adelante en el marco de lo previsto por la ley presente deberán cumplir necesariamente con los parámetros de sostenibilidad de la deuda bajo legislación extranjera publicados por el Gobierno Nacional vigentes a la fecha de la presente ley” así como también prevé que “la primera cuota de amortización de capital que debe afrontar la provincia no se produzca con posterioridad al ejercicio 2023”.

El esquema propuesto es estirar los pasivos y que se comience a pagar la deuda en el último año del gobernador (2023) y que los plazos se extiendan hasta 2038, con el aval correspondiente del 75% de los acreedores.

Según los datos aportados por el economista Facundo Ball, el refinanciamiento aliviaría a las arcas provinciales en cerca de $ 6.000 millones este año. Según los cálculos, los vencimientos del Bocade son de U$S 52.270.856 de julio a diciembre. Mientras que por el Bopro son U$S 5.967.539. Es lo que queda por delante este año. Son U$S 58.238.395, lo que al dólar de hoy representa algo más de 4.000 millones de pesos. A esos $ 4.000 millones, se le deben adicionar otros $ 2.000 millones más que tienen que ver con el proporcional que se pagará por adelantado del mes de enero durante los meses de noviembre y diciembre. Esos $ 6.000 millones son lo que el Gobierno podría dejar de pagar este año si logra el reperfilamiento.

Dentro del Artículo 4 del proyecto se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía a realizar “todos aquellos actos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley presente, incluyendo sin limitación la realización de operaciones de crédito público establecidas por el Artículo 62 de la Ley de Administración Financiera, incluyendo todas las emisiones necesarias para instrumentar dichas operaciones, los canjes, y/o las reestructuraciones de los títulos públicos existentes y sus garantías a efectos de mejorar montos, plazos y/o intereses de las operaciones para restaurar la sostenibilidad de la deuda”.

Con respecto a las garantías, se refleja “la afectación en garantía, cesión en pago y/o en propiedad fiduciaria de los fondos provenientes de la coparticipación federal de impuestos” y/o “de las regalías hidrocarburíferas y/o los recursos propios de libre disponibilidad, en todos los casos netas de coparticipación a los municipios”. En este punto, una de las advertencias fue que el reembolso no debería afectar los fondos que le tocan a los municipios por coparticipación federal y regalías.

Para las comisiones, hubo una corrección del documento original y se rebajaron. Se estipula “aprobar y suscribir contratos con entidades financieras para que presten los servicios enumerados previéndose para ello el pago de comisiones en condiciones de mercado, las que en ningún caso podrán superar el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado, acorde a las especificaciones técnicas particulares que determine la autoridad de aplicación”.

Considerandos

Dentro de los fundamentos y motivos para la refinanciación, se explicita el “difícil momento económico y social que en los últimos tiempos viene transitando la provincia del Chubut”, lo cual “ha compelido a los poderes públicos provinciales al dictado de sucesivas normas de emergencia, con el objetivo de establecer un marco normativo a la imposibilidad de la Provincia de hacer frente a los vencimientos”.

“La gravedad de la crisis y su profundización durante 2019 derivó en una nueva declaración de emergencia económica, financiera”.

Se aclara que “la crisis que enfrenta la Provincia no es un fenómeno aislado, sino que toda la Nación se encuentra en una grave situación. Esto amerita a tomar las medidas más eficaces y urgentes que estén al alcance, ya que los sectores más vulnerables de la población requieren soluciones inmediatas e impostergables”.