Causa IPV: incendian pruebas, amenazan a perito y queda presa una mujer
Hubo un fuego intencional en la Delegación del IPV en Comodoro Rivadavia. Intentaban borrar evidencias. Además intentaron intimidar a un perito informático que intervino en la causa. Griselda Jonás quedó detenida. Sus presuntos cómplices eran dos funcionarios de alto rango de Rawson.
La causa “Sueños Pagos”, que involucra a personal del Instituto Provincial de la Vivienda, derivó en nuevos hechos que comprometerían a trabajadores del organismo. En las primeras horas de ayer se declaró un incendio en la delegación Comodoro Rivadavia, situada en Kilómetro 3 en la que, burdamente, se quemó con intencionalidad documentación relacionada con los hechos que se investigan.
Se aguardan los resultados de los peritajes para establecer qué fue lo ocurrido mientras se avanza en la recolección de datos y elementos.
Durante el incendio se habría establecido que parte de la documentación existente en la Delegación cuenta con copia de respaldo y digitalizado en el archivo del organismo. Incluye los expedientes que se generan desde que se inicia el proceso de licitación hasta que se ejecuta la obra.
Según se supo, se arrojó un elemento desde una ventana externa sin persiana que da al subsuelo del edificio. “Si esa acción hubiese tenido éxito, sino hubiese sido por los bomberos, el edificio estaría hoy destruido. No hay dudas de que fue deliberado y que querían destruir pruebas. Se pudo haber quemado todo el archivo y hubieran desaparecido pruebas que incriminarían a muchas personas”, indicaron los empleados.
“Quiero aclarar que en el caso que se investiga llevamos adelante una operatoria que realizamos con entidades intermedias. Había algunos cuestionamientos respecto a estos procesos. El Instituto ha dado claros mensajes, no tenemos gestores inmobiliarios porque no se cobra ninguna vivienda antes de su adjudicación. El arquitecto Martín Iparraguirre -delegado en Comodoro- ha hecho y presentado denuncias de particulares, no de hechos puntuales como los últimos que surgen y en los que Fiscalía ha encarado una seria investigación”, resumió la gerente general Ivana Papaianni en Radio del Mar.
La funcionaria confirmó denuncias y el pedido de la ampliación declaratoria, independientemente de que las actuaciones recaían en un empleado apartado de sus funciones. “La última que investiga Fiscalía incluye pruebas contundentes de hechos anónimos que venían sucediéndose en casos expuestos por vecinos”. Papaianni confirmó que se entregaron legajos de viviendas entregas en la ciudad a pedido de la Justicia y reconoció que habría un empleado vinculado en esta maniobra ilegal porque la propia mujer denunciada así lo hizo saber.
“Cuando celebramos operatorias con entidades intermedias, certificamos datos a través del cruce mediante distintos motores de búsqueda como Registro de Propiedad del Inmueble y ANSES. Es el gremio quien trae al postulante al Instituto y mediante un análisis de su situación social y económica se hace una evaluación para la adjudicación. Desconocemos si hay una organización que garantizaba una supuesta postulación a los vecinos”, planteó.
Para acceder a una vivienda se debe contar con el registro ante el IPV y en caso de plantearse modificaciones en el proceso de construcción, se vuelve a convocar a los gremios u organizaciones para actualizar listados de postulantes para una nueva verificación. “No queremos que ningún vecino inscripto tenga cuestionamiento alguno sobre su documentación con lo que vamos a desarrollar una plataforma en internet para reactualizar nuestra base de datos y seguir en contacto permanente”
Amenazado
Marcos Ghiberto, perito informático de la Fiscalía de Comodoro, recibió amenazas por su intervención en el caso. Le hicieron llegar un cartel intimidatorio donde se le advertía. “No te metas en este tema que te vamos a quemar tu casa, y tu familia corre peligro. Deja que intervenga solo Policía”, dice la nota.
Un delegado sindical del personal, Horacio Etchegaray, planteó la preocupación de los trabajadores, que dicen haber denunciado irregularidades en la adjudicación de viviendas desde hace más de un año. “Mandaron un mensaje muy claro al IPV y a la Justicia, la inacción también es injusticia por parte del organismo. Tenemos bronca por lo que sucede”, explicó. Él mismo recibió denuncias por la venta de viviendas y avisó a las autoridades.
Ciclos terminados
“En cada reunión por temas sindicales, parecía reiterativa y cansadora la posición que teníamos. Los ciclos de algunos funcionarios deben terminarse, debería venir otra gente al IPV. Si entregamos una casa en diciembre y no es habitada, es una injusticia para quien la necesita de verdad. Si no hacemos nada ante eso, somos cómplices. Pedí visitas, que bajen de Rawson y que se hagan convenios con la Universidad”. Etchegaray denunció la entrega de casas a beneficiarios que tenían propiedades preexistentes.
Detalles del fraude
En este escenario, la imputada por el caso quedó en prisión preventiva por mes. El fiscal Héctor Iturrioz le imputó exacciones ilegales en modalidad de concusión y asociación ilícita. Se trata de Griselda Fanny Jonás.
Según el parte de prensa de Fiscalía, la audiencia la presidió Miguel Caviglia y la defensora pública fue Cristina Sadino.
El fiscal aseguró que la maniobra se inició en enero de este año, con un grupo comandado por dos funcionarios de alto rango dependientes del IPV. Sus identidades aún no fueron precisadas. Sólo se sabe que una sería una mujer llamada “Claudia”; el otro es un hombre. Acordaron recaudar dinero de “aportes” de vecinos de Comodoro Rivadavia, apremiados por la necesidad de acceder a una vivienda propia.
Como organizadora, Jonás, asumió el rol de representante del grupo en Comodoro Rivadavia; pues “los dos jefes de la banda” permanecerían en Rawson para cumplir su rol funcional en el IPV.
Jonás comenzó a ofrecer “Carpetas Adjudicadas” del IPV. Eran distintos planes de viviendas sociales que el organismo construyó y construye en Kilómetro 12. Los vecinos pagaban entre $ 150.000 a $ 300.000 y se garantizaban una “Adjudicación Directa”, que sorteaba todos los procedimientos legales, siempre según el parte de prensa.
Jonás sumó cómplices que se encargarían de conseguir interesados, explicarles los “beneficios” y ponerlos en contacto directo con ella para concluir la operación. Una vez percibido el pago, Jonás remitía las “Carpetas” a sus superiores de Rawson. A veces eran planillas que en la emergencia eran firmadas por la banda falsificando la rúbrica de los estafados. Luego enviaban parte de la recaudación, previo descontar su “comisión” y la de sus gestores.
Recibida la documentación y la plata, los funcionarios del IPV confeccionaban las resoluciones de adjudicación en favor de los pagadores, previo descontar su “comisión” y la de sus gestores.
Según el fiscal, hubo al menos 200 operaciones ilegales.
La causa “Sueños Pagos”, que involucra a personal del Instituto Provincial de la Vivienda, derivó en nuevos hechos que comprometerían a trabajadores del organismo. En las primeras horas de ayer se declaró un incendio en la delegación Comodoro Rivadavia, situada en Kilómetro 3 en la que, burdamente, se quemó con intencionalidad documentación relacionada con los hechos que se investigan.
Se aguardan los resultados de los peritajes para establecer qué fue lo ocurrido mientras se avanza en la recolección de datos y elementos.
Durante el incendio se habría establecido que parte de la documentación existente en la Delegación cuenta con copia de respaldo y digitalizado en el archivo del organismo. Incluye los expedientes que se generan desde que se inicia el proceso de licitación hasta que se ejecuta la obra.
Según se supo, se arrojó un elemento desde una ventana externa sin persiana que da al subsuelo del edificio. “Si esa acción hubiese tenido éxito, sino hubiese sido por los bomberos, el edificio estaría hoy destruido. No hay dudas de que fue deliberado y que querían destruir pruebas. Se pudo haber quemado todo el archivo y hubieran desaparecido pruebas que incriminarían a muchas personas”, indicaron los empleados.
“Quiero aclarar que en el caso que se investiga llevamos adelante una operatoria que realizamos con entidades intermedias. Había algunos cuestionamientos respecto a estos procesos. El Instituto ha dado claros mensajes, no tenemos gestores inmobiliarios porque no se cobra ninguna vivienda antes de su adjudicación. El arquitecto Martín Iparraguirre -delegado en Comodoro- ha hecho y presentado denuncias de particulares, no de hechos puntuales como los últimos que surgen y en los que Fiscalía ha encarado una seria investigación”, resumió la gerente general Ivana Papaianni en Radio del Mar.
La funcionaria confirmó denuncias y el pedido de la ampliación declaratoria, independientemente de que las actuaciones recaían en un empleado apartado de sus funciones. “La última que investiga Fiscalía incluye pruebas contundentes de hechos anónimos que venían sucediéndose en casos expuestos por vecinos”. Papaianni confirmó que se entregaron legajos de viviendas entregas en la ciudad a pedido de la Justicia y reconoció que habría un empleado vinculado en esta maniobra ilegal porque la propia mujer denunciada así lo hizo saber.
“Cuando celebramos operatorias con entidades intermedias, certificamos datos a través del cruce mediante distintos motores de búsqueda como Registro de Propiedad del Inmueble y ANSES. Es el gremio quien trae al postulante al Instituto y mediante un análisis de su situación social y económica se hace una evaluación para la adjudicación. Desconocemos si hay una organización que garantizaba una supuesta postulación a los vecinos”, planteó.
Para acceder a una vivienda se debe contar con el registro ante el IPV y en caso de plantearse modificaciones en el proceso de construcción, se vuelve a convocar a los gremios u organizaciones para actualizar listados de postulantes para una nueva verificación. “No queremos que ningún vecino inscripto tenga cuestionamiento alguno sobre su documentación con lo que vamos a desarrollar una plataforma en internet para reactualizar nuestra base de datos y seguir en contacto permanente”
Amenazado
Marcos Ghiberto, perito informático de la Fiscalía de Comodoro, recibió amenazas por su intervención en el caso. Le hicieron llegar un cartel intimidatorio donde se le advertía. “No te metas en este tema que te vamos a quemar tu casa, y tu familia corre peligro. Deja que intervenga solo Policía”, dice la nota.
Un delegado sindical del personal, Horacio Etchegaray, planteó la preocupación de los trabajadores, que dicen haber denunciado irregularidades en la adjudicación de viviendas desde hace más de un año. “Mandaron un mensaje muy claro al IPV y a la Justicia, la inacción también es injusticia por parte del organismo. Tenemos bronca por lo que sucede”, explicó. Él mismo recibió denuncias por la venta de viviendas y avisó a las autoridades.
Ciclos terminados
“En cada reunión por temas sindicales, parecía reiterativa y cansadora la posición que teníamos. Los ciclos de algunos funcionarios deben terminarse, debería venir otra gente al IPV. Si entregamos una casa en diciembre y no es habitada, es una injusticia para quien la necesita de verdad. Si no hacemos nada ante eso, somos cómplices. Pedí visitas, que bajen de Rawson y que se hagan convenios con la Universidad”. Etchegaray denunció la entrega de casas a beneficiarios que tenían propiedades preexistentes.
Detalles del fraude
En este escenario, la imputada por el caso quedó en prisión preventiva por mes. El fiscal Héctor Iturrioz le imputó exacciones ilegales en modalidad de concusión y asociación ilícita. Se trata de Griselda Fanny Jonás.
Según el parte de prensa de Fiscalía, la audiencia la presidió Miguel Caviglia y la defensora pública fue Cristina Sadino.
El fiscal aseguró que la maniobra se inició en enero de este año, con un grupo comandado por dos funcionarios de alto rango dependientes del IPV. Sus identidades aún no fueron precisadas. Sólo se sabe que una sería una mujer llamada “Claudia”; el otro es un hombre. Acordaron recaudar dinero de “aportes” de vecinos de Comodoro Rivadavia, apremiados por la necesidad de acceder a una vivienda propia.
Como organizadora, Jonás, asumió el rol de representante del grupo en Comodoro Rivadavia; pues “los dos jefes de la banda” permanecerían en Rawson para cumplir su rol funcional en el IPV.
Jonás comenzó a ofrecer “Carpetas Adjudicadas” del IPV. Eran distintos planes de viviendas sociales que el organismo construyó y construye en Kilómetro 12. Los vecinos pagaban entre $ 150.000 a $ 300.000 y se garantizaban una “Adjudicación Directa”, que sorteaba todos los procedimientos legales, siempre según el parte de prensa.
Jonás sumó cómplices que se encargarían de conseguir interesados, explicarles los “beneficios” y ponerlos en contacto directo con ella para concluir la operación. Una vez percibido el pago, Jonás remitía las “Carpetas” a sus superiores de Rawson. A veces eran planillas que en la emergencia eran firmadas por la banda falsificando la rúbrica de los estafados. Luego enviaban parte de la recaudación, previo descontar su “comisión” y la de sus gestores.
Recibida la documentación y la plata, los funcionarios del IPV confeccionaban las resoluciones de adjudicación en favor de los pagadores, previo descontar su “comisión” y la de sus gestores.
Según el fiscal, hubo al menos 200 operaciones ilegales.