Editorial / La otra agenda de Chubut más allá de los sueldos
Leé La Columna del Domingo, el tradicional análisis de la edición impresa de Jornada.
El Gobierno provincial pagó el viernes 5.100 millones de pesos en sueldos y después de casi un año y medio logró abonar de una vez la enorme masa salarial que demanda el “elefante blanco” de Chubut: los 64.500 empleados públicos.
Solucionar los problemas que uno mismo genera no debería ser una virtud sino una obligación. Sin embargo, a la luz de la enorme crisis que hace años viene atravesando la Provincia, haber abonado una masa salarial completa en un solo día –como había prometido el gobernador Mariano Arcioni- no es un dato menor.
Claro que ahora el Gobierno será esclavo de las palabras del gobernador y deberá cumplir en adelante con el pago en una sola vez, además de empezar a poner en caja la deuda de hasta dos sueldos y el aguinaldo que mantiene con los salarios más altos de la Administración Pública.
Arcioni no pasó de villano a héroe, ni mejoró mucho su delicada situación política, ni tampoco logró reunificar a la alianza de Gobierno que ganó las elecciones en junio del año pasado. Pero esta semana descomprimió algo la situación salarial; se mostró codo a codo con el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero; recibió en su despacho a uno de los intendentes más duro en sus críticas, el madrynense Gustavo Sastre; y se sintió tranquilo luego de que buena parte del arco político hablara a favor de una movida adelantada hace dos semanas en exclusiva en esta Columna: Ricardo Sastre piensa más en ser senador en 2021 que en seguir marcando la cancha desde la Legislatura.
No es poco para un gobernador que hace dos meses estaba rodeado por las llamas.
Debate
Ya no parece haber temor en algunos altos funcionarios de Chubut para plantear el debate por la minería. El propio Arcioni y su ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, salieron en los últimos días a hablar del tema.
Se animan a hablar sin tapujos porque saben que el Gobierno nacional respalda a pleno. Ni el presidente Alberto Fernández ni ninguno de los integrantes de su Gabinete tiene dudas de que el desarrollo minero argentino será clave en el despegue de la economía cuando la pandemia sea un mal recuerdo.
Es más, Alberto se entusiasma con ser él quien anuncie la inversión inicial para el desarrollo minero en Chubut, que rondaría los 1.600 millones de dólares, además de la generación de miles de puestos de trabajo.
Por supuesto, los sectores de la izquierda que son los más activos en contra de la minería, acompañados intelectualmente desde sus casas y a través de las redes sociales por sectores de la clase media, plantean su oposición. Muchas veces, de una manera bastante intolerante: el viernes quemaron gomas y prendieron fuego una puerta de la Municipalidad de Trelew; amenazaron a un fotógrafo frente a ese mismo municipio; y en Esquel escracharon al diputado nacional Santiago Igon y su familia, a pesar de que el legislador ya se había manifestado en contra de la minería en Chubut.
Lo ideal sería que nadie imponga nada entre gallos y medianoche. Pero que tampoco nadie se arrogue una representación popular mayoritaria que nadie le dio. La democracia ofrece mecanismos para dilucidar estos contrapuntos. Hay que usarlos.
Defender los intereses
Mientras buena parte de la sociedad discute sobre el pago de sueldos, los límites de la cuarentena y la minería, siguen pasando otras cosas importantes que el gran público no mira por desconocimiento o porque algunos medios no lo ponen en la agenda.
A casi cinco meses de haberse caído 55 torres de alta tensión en una zona de sierras en plena meseta chubutense, no se ha reparado ni una. Ni siquiera se sabe cuál es el plan para empezar a solucionar el tema.
Claro, como la caída no afectó el suministro eléctrico en grandes zonas urbanas, a nadie parece importarle el destino de esas obras de reparación. Sin embargo, la dilación en encontrar una solución le está costando millones de dólares a los intereses de la Provincia del Chubut. O sea, a todos los chubutenes.
A los que cobran un sueldo del Estado debería importarles más que a nadie que la Provincia deje de perder el dinero que está perdiendo por la falta de interés y decisión de empresarios y funcionarios nacionales y provinciales.
Las torres en cuestión son operadas por la firma Transpa pero trasladan la energía generada por Hidroléctrica Futaleufú en la presa ubicada en cercanías a Trevelin.
Con la línea caída, y según cálculos preliminares, la energía que no pudo vender Hidroeléctrica Futaleufú le generó una pérdida de unos 15 millones de dólares de facturación. ¿Por qué es dañina esta pérdida para Chubut? Porque la Provincia tiene el 33% de las acciones de la central (el control accionario lo tiene la firma Aluar).
Chubut ha perdido hasta el presente unos 85 millones de pesos en regalías, valor que se elevará a 208 millones de pesos si esto se extiende por seis meses más. Para poder dimensionar esto: equivale a la masa salarial de cinco meses de la Dirección General de Servicios Públicos de la Provincia del Chubut. Nada más y nada menos.
El Gobierno provincial pagó el viernes 5.100 millones de pesos en sueldos y después de casi un año y medio logró abonar de una vez la enorme masa salarial que demanda el “elefante blanco” de Chubut: los 64.500 empleados públicos.
Solucionar los problemas que uno mismo genera no debería ser una virtud sino una obligación. Sin embargo, a la luz de la enorme crisis que hace años viene atravesando la Provincia, haber abonado una masa salarial completa en un solo día –como había prometido el gobernador Mariano Arcioni- no es un dato menor.
Claro que ahora el Gobierno será esclavo de las palabras del gobernador y deberá cumplir en adelante con el pago en una sola vez, además de empezar a poner en caja la deuda de hasta dos sueldos y el aguinaldo que mantiene con los salarios más altos de la Administración Pública.
Arcioni no pasó de villano a héroe, ni mejoró mucho su delicada situación política, ni tampoco logró reunificar a la alianza de Gobierno que ganó las elecciones en junio del año pasado. Pero esta semana descomprimió algo la situación salarial; se mostró codo a codo con el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero; recibió en su despacho a uno de los intendentes más duro en sus críticas, el madrynense Gustavo Sastre; y se sintió tranquilo luego de que buena parte del arco político hablara a favor de una movida adelantada hace dos semanas en exclusiva en esta Columna: Ricardo Sastre piensa más en ser senador en 2021 que en seguir marcando la cancha desde la Legislatura.
No es poco para un gobernador que hace dos meses estaba rodeado por las llamas.
Debate
Ya no parece haber temor en algunos altos funcionarios de Chubut para plantear el debate por la minería. El propio Arcioni y su ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, salieron en los últimos días a hablar del tema.
Se animan a hablar sin tapujos porque saben que el Gobierno nacional respalda a pleno. Ni el presidente Alberto Fernández ni ninguno de los integrantes de su Gabinete tiene dudas de que el desarrollo minero argentino será clave en el despegue de la economía cuando la pandemia sea un mal recuerdo.
Es más, Alberto se entusiasma con ser él quien anuncie la inversión inicial para el desarrollo minero en Chubut, que rondaría los 1.600 millones de dólares, además de la generación de miles de puestos de trabajo.
Por supuesto, los sectores de la izquierda que son los más activos en contra de la minería, acompañados intelectualmente desde sus casas y a través de las redes sociales por sectores de la clase media, plantean su oposición. Muchas veces, de una manera bastante intolerante: el viernes quemaron gomas y prendieron fuego una puerta de la Municipalidad de Trelew; amenazaron a un fotógrafo frente a ese mismo municipio; y en Esquel escracharon al diputado nacional Santiago Igon y su familia, a pesar de que el legislador ya se había manifestado en contra de la minería en Chubut.
Lo ideal sería que nadie imponga nada entre gallos y medianoche. Pero que tampoco nadie se arrogue una representación popular mayoritaria que nadie le dio. La democracia ofrece mecanismos para dilucidar estos contrapuntos. Hay que usarlos.
Defender los intereses
Mientras buena parte de la sociedad discute sobre el pago de sueldos, los límites de la cuarentena y la minería, siguen pasando otras cosas importantes que el gran público no mira por desconocimiento o porque algunos medios no lo ponen en la agenda.
A casi cinco meses de haberse caído 55 torres de alta tensión en una zona de sierras en plena meseta chubutense, no se ha reparado ni una. Ni siquiera se sabe cuál es el plan para empezar a solucionar el tema.
Claro, como la caída no afectó el suministro eléctrico en grandes zonas urbanas, a nadie parece importarle el destino de esas obras de reparación. Sin embargo, la dilación en encontrar una solución le está costando millones de dólares a los intereses de la Provincia del Chubut. O sea, a todos los chubutenes.
A los que cobran un sueldo del Estado debería importarles más que a nadie que la Provincia deje de perder el dinero que está perdiendo por la falta de interés y decisión de empresarios y funcionarios nacionales y provinciales.
Las torres en cuestión son operadas por la firma Transpa pero trasladan la energía generada por Hidroléctrica Futaleufú en la presa ubicada en cercanías a Trevelin.
Con la línea caída, y según cálculos preliminares, la energía que no pudo vender Hidroeléctrica Futaleufú le generó una pérdida de unos 15 millones de dólares de facturación. ¿Por qué es dañina esta pérdida para Chubut? Porque la Provincia tiene el 33% de las acciones de la central (el control accionario lo tiene la firma Aluar).
Chubut ha perdido hasta el presente unos 85 millones de pesos en regalías, valor que se elevará a 208 millones de pesos si esto se extiende por seis meses más. Para poder dimensionar esto: equivale a la masa salarial de cinco meses de la Dirección General de Servicios Públicos de la Provincia del Chubut. Nada más y nada menos.