Cuestionan a la Secretaría de Pesca por cerrar el langostino
En la sesión virtual de la Legislatura, los diputados aprobaron un par de pedidos de informes al Poder Ejecutivo, presentados por la diputada Rossana Artero, referido a los ingresos que tuvo la Provincia por el Fondo Ambiental Provincial y también sobre la reforma que se hizo por decreto al Proyecto Pesquero que permitió que buques puedan ampliar su capacidad de cajones.
Sobre el FAP, la diputada Artero recordó que años atrás se implementó la creación de un impuesto provincial “que gravaba con un monto cada cajón de langostino que se desembarcaba en los puertos de la provincia. En la ley original y sus modificaciones también se establece que será la autoridad de aplicación y el organismo encargado de cobrar dicho canon el Ministerio de Ambiente”.
Según detalló la legisladora, esos montos recaudados serían repartidos “por mitades iguales entre la Provincia y los municipios costeros dedicados a la zafra pesquera. También se agrega que un 10% de los percibido deberá repartirse como fondo de incentivo al personal afectado a las tareas de control y seguimiento de las operaciones”.
Remarcó que la Justicia en varias oportunidades rechazó los planteos de inconstitucional de la ley en cuestión “y tengo entendido que hay una nueva presentación en tal sentido”.
Por ese motivo solicitó en forma detallada “informes sobre las recaudaciones, montos, certificados de cobro, acciones judiciales”, entre otros puntos del informe.
“Como es importante tanto para los municipios como las arcas provinciales y para los propios trabajadores, es que solicito que se esclarezca definitivamente esta temática donde evidentemente a la luz de los resultados ninguno de los actores involucrados, tanto oficiales como privados evitan pagar e informar”, denunció Artero.
Ampliación de buques
Otro de los pedidos de informes aprobado por la Cámara es el referido al decreto por el cual se permitió la ampliación de bodegas de los buques pesqueros. Para Artero es una de las “cosas insólitas que ocurren en nuestra provincia”, comparando esta decisión con lo ocurrido cuando “también se modificó el artículo 105 de nuestra Constitución Provincial por decreto, para enajenar tierras con bosques nativos”.
Es que “el decreto Nº 1109/18 modificó la ley de pesca provincial y se hizo una interpretación muy especial del artículo Nº 35 para permitir, contrariamente a lo que establece, hacer ampliación de bodegas sin ningún control. Les puedo asegurar que propietarios de un barco de 60 cajones hoy cuentan, partiendo de ese permiso original, con una embarcación de 1.200 cajones”.
“Bajo el denominado Plan de Reformulación de Proyectos Pesqueros, se autorizaron ampliaciones absolutamente fuera de regla, utilizando el decreto en cuestión fueron autorizados por el Ejecutivo Provincial varios permisos, arrogándose facultades que no posee y operativizados por la Secretaría de Pesca provincial”, afirmó Artero.
En la sesión virtual de la Legislatura, los diputados aprobaron un par de pedidos de informes al Poder Ejecutivo, presentados por la diputada Rossana Artero, referido a los ingresos que tuvo la Provincia por el Fondo Ambiental Provincial y también sobre la reforma que se hizo por decreto al Proyecto Pesquero que permitió que buques puedan ampliar su capacidad de cajones.
Sobre el FAP, la diputada Artero recordó que años atrás se implementó la creación de un impuesto provincial “que gravaba con un monto cada cajón de langostino que se desembarcaba en los puertos de la provincia. En la ley original y sus modificaciones también se establece que será la autoridad de aplicación y el organismo encargado de cobrar dicho canon el Ministerio de Ambiente”.
Según detalló la legisladora, esos montos recaudados serían repartidos “por mitades iguales entre la Provincia y los municipios costeros dedicados a la zafra pesquera. También se agrega que un 10% de los percibido deberá repartirse como fondo de incentivo al personal afectado a las tareas de control y seguimiento de las operaciones”.
Remarcó que la Justicia en varias oportunidades rechazó los planteos de inconstitucional de la ley en cuestión “y tengo entendido que hay una nueva presentación en tal sentido”.
Por ese motivo solicitó en forma detallada “informes sobre las recaudaciones, montos, certificados de cobro, acciones judiciales”, entre otros puntos del informe.
“Como es importante tanto para los municipios como las arcas provinciales y para los propios trabajadores, es que solicito que se esclarezca definitivamente esta temática donde evidentemente a la luz de los resultados ninguno de los actores involucrados, tanto oficiales como privados evitan pagar e informar”, denunció Artero.
Ampliación de buques
Otro de los pedidos de informes aprobado por la Cámara es el referido al decreto por el cual se permitió la ampliación de bodegas de los buques pesqueros. Para Artero es una de las “cosas insólitas que ocurren en nuestra provincia”, comparando esta decisión con lo ocurrido cuando “también se modificó el artículo 105 de nuestra Constitución Provincial por decreto, para enajenar tierras con bosques nativos”.
Es que “el decreto Nº 1109/18 modificó la ley de pesca provincial y se hizo una interpretación muy especial del artículo Nº 35 para permitir, contrariamente a lo que establece, hacer ampliación de bodegas sin ningún control. Les puedo asegurar que propietarios de un barco de 60 cajones hoy cuentan, partiendo de ese permiso original, con una embarcación de 1.200 cajones”.
“Bajo el denominado Plan de Reformulación de Proyectos Pesqueros, se autorizaron ampliaciones absolutamente fuera de regla, utilizando el decreto en cuestión fueron autorizados por el Ejecutivo Provincial varios permisos, arrogándose facultades que no posee y operativizados por la Secretaría de Pesca provincial”, afirmó Artero.