PROVINCIA

Corrupción: reclamo por actitud de una defensora

La exjueza Gladys Olavarría defiende a cuatro imputados por los presuntos sobreprecios y falsas licitaciones por las reparaciones en establecimientos. Pidió más plazo porque no puede abrir una pericia desde su computadora. El fiscal Omar Rodríguez la acusó de intentar “dilatar” el proceso.

12/11/2020 02:00

Sonrisa. El fiscal no quiere que el proceso se siga atrasando.

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El fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodriguez, calificó como “abiertamente dilatoria” la actitud de la defensora de cuatro de los imputados en la causa de los sobreprecios en obras para el Ministerio de Educación. La letrada pidió más tiempo en el proceso penal porque no puede abrir en su computadora una pericia informática.

Es la exjueza comodorense y ahora defensora particular Gladys Olavarría, que patrocina a Daniel Schmidt, Félix Currumil, Roxana Pereira y Jorge Santucho. Junto a la exministro de Educación Graciela Cigudosa todos están imputados. La investigación estaría en su etapa final, previa a la audiencia preliminar.

Olavarría presentó un escrito ante el juez Fabio Monti en el que afirmó que “no podía abrir el secuestro número 30”. Es una de las pericias informáticas del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General. Sostuvo que “no tendría problemas en que los peritos del MPF nos facilitaran el material pero como se encuentran en aislamiento por un caso de Covid es que los mismos no se presentaran a trabajar durante 15 días, por lo que solicitamos la suspensión del plazo hasta tanto Fiscalía pueda cumplir con lo informado y poner a disposición de esta parte la pericia”.

Ante un pedido similar, el juez logró que se reunieran los defensores con el perito informático Guillermo Figueredo. Según el fiscal Rodríguez “el 2 de noviembre concurrimos al área del laboratorio informático. Ese día, a las 10 arribaron los defensores Andrés Meiszner (defensor de Cigudosa), Miguel Moyano y Olavarría. Figueredo fue el responsable de extraer los datos de los soportes digitales en su momento”.

Rodríguez se opuso a que se prorroguen los plazos de la audiencia preliminar. “El informático, en presencia de las partes, les abrió el secuestro 30. Les explicó la manera de ejecutar el programa para que vieran cómo funcionaba, que estaba todo bien, le volvió a efectuar una copia para asegurar que no tengan inconvenientes en el contenido extraído, etcétera”.

A su vez les advirtió que ese secuestro “contiene mucha información, es muy pesado, y que si no tienen una máquina con buena capacidad de memoria el programa no se abrirá a través de la herramienta UFED”. Se le explicó a Olavarría que “existe otra forma de abrir el secuestro, por medio del PDF, el cual permite acceder al contenido”.

Según el parte de prensa de Fiscalía, Rodríguez concluyó en que “resulta inaudito que bajo el paraguas de que su máquina no tiene memoria suficiente para abrir el secuestro solicita se suspendan los plazos”. Pidió a Monti rechazar el planteo. “No existe ningún tipo de agravio atendible, en función que la defensora cuenta con toda la evidencia que pretende introducir Fiscalía en la audiencia preliminar al momento de discutir sobre su pertinencia”.

En caso de ser necesario, “se convoque a una audiencia con la parte agraviada, personal informático, a fin de que pueda en persona el Sr. Juez, verificar lo que afirmo, con el objeto de poder superar este entuerto, reanudar los plazos y llevar a cabo la audiencia preliminar”.