La semana pasada, el amparo de una magistrada que tuvo curso positivo en la Justicia provincial y obligó al Estado a pagarle todos los salarios atrasados a la fiscal de Puerto Madryn, María Alejandra Hernández, volvió a generar polémica.
La magistrada percibió salarios atrasados y aguinaldo por un valor total de unos $ 800 mil y Jornada contó los primeros detalles del caso en su edición del lunes pasado.
La polémica no se debió tanto a que alguien considere ilegítimo el reclamo de la fiscal, sino porque la Justicia volvió a actuar de modo por lo menos cuestionable para solucionar un reclamo en particular de uno de los suyos, y no de manera colectiva.
Otra vez, además, se hizo mediante un mecanismo absolutamente legal pero que también deja dudas sobre su utilización: la firma de conjueces que se constituyen cuando el juez que debe actuar se excusa y deja el camino para que asuma ese lugar un conjuez que fue designado para tal fin. En todos los casos, los conjueces son abogados de la matrícula de la circunscripción en la que son llamados a actuar.
Las dudas tienen que ver con que los conjueces terminan firmando con una celeridad pocas veces vista en la Justicia de Chubut los requerimientos salariales de los magistrados.
“Fumus bonis iuris”
El oficio 1859/2010 que le ordenó a la Provincia a pagarle los salarios atrasados a una fiscal fue firmado en Puerto Madryn el de 19 noviembre pasado por la conjueza Luciana Irina Pueyo.
“Encontrándose cumplidos prima facie los requisitos de admisibilidad téngase por promovida acción de amparo contra la provincia de Chubut. De la misma córrase traslado a la demandada para que en el término de cinco días conteste y comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley”, dice en tono de advertencia de la conjueza. Y agrega: “Notifíquese por oficio al Sr. Gobernador de la Provincia y al Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Chubut”.
“En relación a la medida cautelar peticionada, en el análisis que requiere la procedencia de las medidas cautelares deben apreciarse la concurrencia de los recaudos de apariencia del buen derecho y de peligro en la demora que justifiquen su procedencia. En esa inteligencia, debe tenerse en cuenta que los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora que se vinculan entre si y que a mayor verisimilitud del derecho cabe no ser tan exigente con la gravedad e inminencia en el daño y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor acerca del ‘fumus in bonis iuris’ se puede atenuar”, dice la conjueza Pueyo.
En realidad, “fumus bonis iuris” (sin el “in”) es una expresión en latín que significa fríamente “humo de buen derecho”, pero que en su acepción jurídica debe entenderse como la “probabilidad de éxito según el mérito del caso”. Es decir, se necesita que se dé este requiso para recibir ciertos beneficios de las acciones judiciales. En este caso, que se le pague a la fiscal a pesar que no esté dilucidada la cuestión de fondo.
Las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, alcanza sólo de su verosimilitud.
En el texto de la conjueza Pueyo se habla del “derecho a la retribución justa”, que se encuentra protegido por el Artículo 14 bis del Constitución Nacional; del “derecho de propiedad”, entendido a partir de “todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer”, como la remuneración como trabajador; del principio de la “inviolabilidad de propiedad”; de que las remuneraciones judiciales “no pueden ser demoradas ni reducidas durante el desempeño de sus funciones”; del “peligro en la demora”, que puede “ocasionar un perjuicio grave e irreparable al actor”; y hasta del “derecho alimentario como la falta de pago de las remuneraciones devengadas”.
Pueyo le ordenó a la Provincia del Chubut que, en el término de 48 horas de notificada, “abone la totalidad de las remuneraciones netas devengadas y adeudadas a la fecha y, en tiempo y forma, las que en el futuro se devenguen hasta que recaiga sentencia definitiva”.
Tras la publicación de Jornada (hace una semana), la fiscal se descargó contra este diario en el chat de la Asociación de Magistrados, el virtual sindicato de jueces, fiscales y defensores que cada vez estás más activo. Inclusive, en el chat hubo comentarios de otros empleados del Poder Judicial de menor rango, que vaya a saber por qué hablan mal de este medio.
Jornada siempre publica información chequeada, y los datos de esta misma columna lo certifican.
Antecedentes
La resolución de la conjueza Pueyo que benefició a la fiscal Hernández tiene un antecedente reciente y otro de hace unos años que nadie debería olvidar.
El reciente es de agosto pasado: en una resolución a través de la misma mecánica, Julia Haydeé Laborda, asesora de Familia e Incapaces de la ciudad de Trelew, logró que la Justicia le ordenara a la Provincia pagarles salarios atrasados por más de $ 1,3 millón.
En aquel caso también actuó un conjuez: Guillermo Oscar Álvarez, un abogado especialista en Procedimiento Tributario, Penal Tributario y Previsional, socio del Estudio Jurídico Álvarez & de Prada de la ciudad de Mar del Plata, que desde hace pocos meses es conjuez en Chubut.
El antecedente más antiguo pero más costoso para el Estado provincial es de 2015, cuando decenas de magistrados de Chubut, entre ellos jueces, fiscales, defensores y profesionales del Poder Judicial, embargaron cuentas del Estado provincial por más de $ 73,8 millones en concepto de reclamos por equiparación salarial.
Esa cifra incluyó el pago de honorarios (costas) por más de $ 20,8 millones a decenas de abogados de toda la provincia que oficiaron de patrocinantes de estos magistrados.
En 2017 ocurrió algo similar y aquella vez todos los cañones apuntaron al juez de Comodoro Gustavo Toquier, ya que si bien se excusó en todos los amparos presentados por magistrados, desde su Juzgado salieron en tiempo récord todos los embargos de los magistrados que le costaron al Estado provincial más de $ 200 millones.
Claro que Toquier -como ahora los dos jueces que dejaron la firma de los amparos a conjueces-, no firmó las ejecuciones reclamadas por los magistrados: aquella vez, el abogado de la matrícula Héctor Eduardo Freile fue el que firmó los amparos millonarios.
Los irónicos que nunca faltan dicen que en los pasillos de la Justicia de Chubut se dice “San Freile” cuando algún conjuez toma algún amparo con reclamos salariales de los magistrados.
Reclamos a la Corte
Siguiendo con la cara oscura de la Justicia, en los últimos días hubo reclamos por “las demoras injustificadas que afectan gravemente el proceso de justicia por delitos de lesa humanidad”, publicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las ONG más antiguas y activas en cuestiones de derechos humanos en la Argentina.
“El paso del tiempo atenta contra la justicia. Es necesario y urgente que la Corte, como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, se imponga a sí misma la obligación de resolver a la brevedad todas las causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran pendientes”, exigió el CELS.
El caso al que se refiere tiene que ver con Chubut y con Trelew en particular. Es que el 17 de diciembre pasado, después de seis años de que la causa de la “Masacre de Trelew” llegara a la Corte Suprema, el tribunal recién dictó un fallo.
Sin embargo, todo ese tiempo sirvió para que tome una decisión meramente formal. La Corte en vez de tratar todos los puntos del recurso extraordinario de la defensa de Carlos Marandino –el único condenado que está vivo-, anuló la resolución de la Cámara de Casación que concedió el recurso. “Es decir –se queja el CELS- que ahora deberemos esperar que la Cámara de Casación resuelva nuevamente sobre la interposición del recurso extraordinario y que luego vuelva a la Corte para que trate el reclamo de fondo. El juicio oral y público se realizó en 2012, dos de los tres condenados fallecieron durante estos años y aún las víctimas no cuentan con una sentencia firme”.
Durante 2020, la CSJN dictó fallos preocupantes que, luego de años, quedan enmarañados en cuestiones procesales que dejan sin respuesta los planteos de las partes, agrega el CELS. “Fallos que implican retrocesos y que provocan nuevas demoras. Estos años sin respuestas terminan consolidando, en muchos casos, situaciones de impunidad”.
Luque con Linares
La relación entre el intendente de Comodoro Rivadavia y el presidente del PJ no es la mejor desde hace tiempo pero no fue obstáculo para que participaran juntos del acto en el que se oficializó la asunción de la nueva conducción del Consejo de Localidad del PJ en la ciudad petrolera, encabezada por la exfuncionaria buzzista Judith Jozami.
El acto fue breve y tanto Juan Pablo Luque como Carlos Linares se sentaron en la mesa del Consejo de Localidad del PJ. Jozami fue oficializada como nueva titular, como también se reconoció a los integrantes del mismo y los respectivos suplentes.
La lista de la nueva gestión del Consejo de Localidad comodorense está integrada, además de Jozami, por Miguel Osvaldo Araneda; Ana Carolina Alfaro; Rubén Díaz; Gabriela Quinteros; Guillermo Peña; Delia Arancibia; Fernando Villagra; y Jorgelina Chiguay, como titulares; y Miguel Tunik; Daniela Andrade; Mauricio Barrios; Elizabeth Ingram; Héctor Barrionuevo; Mara Asencio; Esteban Vázquez; Gladys Moya y Néstor Cifuentes, como suplentes.
“Refugio de ñoquis”
“Se quiera o no, se acepte o no, todo en esa institución es una irregularidad. Desde los absurdos fundamentos de su creación. Es parte de la deuda que no se sabe a qué se aplicó. Estafa al pueblo chubutano, a estudiantes y a profesores y refugio de ñoquis”. El duro comentario fue publicado en su cuenta de Twitter por el exrector de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Jorge Gil, en relación a un artículo periodístico que dio cuenta de las presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en la Universidad del Chubut, la casa de estudios creada por Mario Das Neves que en su momento tuvo una durísima polémica con Gil, que en aquel momento era el rector de la UNPSJB.
La expresión “refugio de ñoquis” no tenía otros destinatarios que Graciela Di Perna, actual rectora (cuñada de Das Neves) y Fernando Menchi, exministro de Educación del dasnevismo que también recaló en la UDC como vicerrector.
Resulta que un grupo de miembros de la Universidad de Chubut enviaron una nota al gobernador Mariano Arcioni para manifestar su “preocupación” por el funcionamiento la casa de estudios. Allí hablaron, además, de presuntas irregularidades en el funcionamiento de los órganos de cogobierno, el ejercicio de la vida plena democrática, el manejo de los recursos asignados por la provincia, y de los actos administrativos, técnicos y legales, que hacen presumir la comisión de irregularidades.
La carta al gobernador no fue la única acción, también presentaron denuncias a la Oficina Anticorrupción (OA), por ahora sin mayores novedades.
A Di Perna le endilgan haber sido designada en la última gestión de Das Neves, a pesar que ya había autoridades electas y fue entonces que “se forzó a una elección donde ganó Di Perna”, aseguran los denunciantes.
Además, la acusan de llevar a la UDC un modelo de “administración pública alejada de las prácticas universitarias”, y “más cercana al funcionamiento de un Ministerio”.
Aseguran que del análisis que realizaron los denunciantes surgió que el ingreso a la UDC de Di Perna fue presumiblemente irregular ya que fue nombrada “docente ayudante ad Honorem” dos semanas antes de su elección sin respetar la normativa vigente. Concretamente, la acusan de no haber ejercido nunca la docencia en ningún nivel del sistema educativo con el agravante que tampoco habría concurrido a dictar la cátedra para la que fue designada.#
??????? Yendo #SeráLey pic.twitter.com/b21oHhDkmO
— Nancy Gonzalez (@nancysgonzalez) December 27, 2020
A esta violencia ya me estoy acostumbrando. El costo de mantener mis convicciones firmes frente a la intolerancia. Hago responsables a quienes transmiten un discurso de odio dónde quien piensa distinto viene a matarnos. Sepan que la lucha por nuestra meseta recién comienza. pic.twitter.com/PRWIUfroSa
— Marina Barrera (@marisolebarrera) December 22, 2020
Quiero contarles que me realizaron el hisopado para COVID-19 y dio positivo. Me encuentro en aislamiento hace una semana y continuaré trabajando desde mi casa. No tenemos que relajarnos, el virus sigue presente, respetemos las medidas comunicadas desde salud pública.
— Othar Macharashvili?? (@otharmach) December 22, 2020
Panorama del covid: Anoche me quedaba sin aire y me costaba mucho respirar (ya 7 día con el virus), y solo tengo 26 años! Porfavor amigxs, conocidxs, cuiden a su familia e intenten no juntarse estas fiestas ??
— Carol Williams (@CarolTWilliams) December 23, 2020
Como si algo le faltara a este 2020, hoy perdí a un GRAN Amigo, te recordare siempre Roby como lo que fuiste un Gran tipo , pura bondad y mejor Amigo. Mi mas sentido pésame y el de mi flia a sus familiares y amigos . Te queremos mucho QEPD ?? pic.twitter.com/LDu61dAJXD
— Jorge L Miquelarena (@jlmiquelarena) December 22, 2020
Gran pérdida, buena gente. Mis condolencias A la familia y allegados. Descansa en paz
— Norberto Yauhar (@norguya) December 22, 2020
Ésta tarde falleció mí vieja, una grande, una luchadora. Mil palabras más tengo para describirla, Catalina ahora descansa en paz. Gracias por todo mami ♥? pic.twitter.com/mrz78l2HOG
— Danilo Bisso (@DaniloBisso) December 23, 2020
Siempre extrañándote... pic.twitter.com/t0loDywK1a
— Lucas Ramiro Britapaja (@BritapajaLucas) December 22, 2020
Feliz dia a toda la familia camionera, de la cual orgullosamente soy parte! #Camioneros es lealtad y dignidad!
Caminamos con gigantes, MOYANO y TABOADA!!!#VerdeMiCorazon pic.twitter.com/rJLuwXmeT0
— Tatiana Goic (@tatyanaale) December 15, 2020Otra vez???, Roddy si votas a favor de la zonificación te vamos a venir a buscar, pensar a favor del trabajo, sin cianuro. Sin tocar el río chubut, sin tocar la cordillera, no entienden, hoy nuevamente en casa, no me afecta, solo le pido disculpas a mi familia por el mal momento
— Roddy Ingram (@roddyingram) December 22, 2020
Perdón a los vecinos por las molestias
— Roddy Ingram (@roddyingram) December 22, 2020
?? #AHORA ?? En #ATiempo ??@carloseliceche Diputado #FrenteDeTodos #Denuncia Leila Lloyd Jones "Lastima mucho y perjudica a toda la clase política. Me consta que nada de eso ha sucedido"
— Cadena Tiempo (@CadenaTiempo) December 22, 2020
Lo más patético de la denuncia de la diputada lloyd jones es que quedo al descubierto que tiene de asesor a su pareja en vez de alguien capacitado para hacer leyes. La justicia también debería investigar estas cosas xq se usan dineros públicos para beneficio propio
— JaviLagoPuelo (@JaviPuelo) December 20, 2020
Chubut. El Gobernador anunció una Reforma Judicial.
Seguro que el Poder Judicial necesita cambios. No sé si tantos como los otros Poderes, pero sí, bienvenidos sean. Se tendrían que hacer como a nivel nacional, partiendo de algun dictamen de una comisión formada por personas...
— Paulo Eduardo König (@PauloKonig) December 26, 2020Chubut. ...comisión
de personas representativas del quehacer judicial, y sin secretismos.
A su vez, por lo menos tres de las personas que integren el Superior, debieran ser mujeres que sean expertas juristas y que tengan perspectiva de género. Hay muchas en la Provincia.
— Paulo Eduardo König (@PauloKonig) December 26, 2020La semana pasada, el amparo de una magistrada que tuvo curso positivo en la Justicia provincial y obligó al Estado a pagarle todos los salarios atrasados a la fiscal de Puerto Madryn, María Alejandra Hernández, volvió a generar polémica.
La magistrada percibió salarios atrasados y aguinaldo por un valor total de unos $ 800 mil y Jornada contó los primeros detalles del caso en su edición del lunes pasado.
La polémica no se debió tanto a que alguien considere ilegítimo el reclamo de la fiscal, sino porque la Justicia volvió a actuar de modo por lo menos cuestionable para solucionar un reclamo en particular de uno de los suyos, y no de manera colectiva.
Otra vez, además, se hizo mediante un mecanismo absolutamente legal pero que también deja dudas sobre su utilización: la firma de conjueces que se constituyen cuando el juez que debe actuar se excusa y deja el camino para que asuma ese lugar un conjuez que fue designado para tal fin. En todos los casos, los conjueces son abogados de la matrícula de la circunscripción en la que son llamados a actuar.
Las dudas tienen que ver con que los conjueces terminan firmando con una celeridad pocas veces vista en la Justicia de Chubut los requerimientos salariales de los magistrados.
“Fumus bonis iuris”
El oficio 1859/2010 que le ordenó a la Provincia a pagarle los salarios atrasados a una fiscal fue firmado en Puerto Madryn el de 19 noviembre pasado por la conjueza Luciana Irina Pueyo.
“Encontrándose cumplidos prima facie los requisitos de admisibilidad téngase por promovida acción de amparo contra la provincia de Chubut. De la misma córrase traslado a la demandada para que en el término de cinco días conteste y comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley”, dice en tono de advertencia de la conjueza. Y agrega: “Notifíquese por oficio al Sr. Gobernador de la Provincia y al Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Chubut”.
“En relación a la medida cautelar peticionada, en el análisis que requiere la procedencia de las medidas cautelares deben apreciarse la concurrencia de los recaudos de apariencia del buen derecho y de peligro en la demora que justifiquen su procedencia. En esa inteligencia, debe tenerse en cuenta que los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora que se vinculan entre si y que a mayor verisimilitud del derecho cabe no ser tan exigente con la gravedad e inminencia en el daño y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor acerca del ‘fumus in bonis iuris’ se puede atenuar”, dice la conjueza Pueyo.
En realidad, “fumus bonis iuris” (sin el “in”) es una expresión en latín que significa fríamente “humo de buen derecho”, pero que en su acepción jurídica debe entenderse como la “probabilidad de éxito según el mérito del caso”. Es decir, se necesita que se dé este requiso para recibir ciertos beneficios de las acciones judiciales. En este caso, que se le pague a la fiscal a pesar que no esté dilucidada la cuestión de fondo.
Las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, alcanza sólo de su verosimilitud.
En el texto de la conjueza Pueyo se habla del “derecho a la retribución justa”, que se encuentra protegido por el Artículo 14 bis del Constitución Nacional; del “derecho de propiedad”, entendido a partir de “todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer”, como la remuneración como trabajador; del principio de la “inviolabilidad de propiedad”; de que las remuneraciones judiciales “no pueden ser demoradas ni reducidas durante el desempeño de sus funciones”; del “peligro en la demora”, que puede “ocasionar un perjuicio grave e irreparable al actor”; y hasta del “derecho alimentario como la falta de pago de las remuneraciones devengadas”.
Pueyo le ordenó a la Provincia del Chubut que, en el término de 48 horas de notificada, “abone la totalidad de las remuneraciones netas devengadas y adeudadas a la fecha y, en tiempo y forma, las que en el futuro se devenguen hasta que recaiga sentencia definitiva”.
Tras la publicación de Jornada (hace una semana), la fiscal se descargó contra este diario en el chat de la Asociación de Magistrados, el virtual sindicato de jueces, fiscales y defensores que cada vez estás más activo. Inclusive, en el chat hubo comentarios de otros empleados del Poder Judicial de menor rango, que vaya a saber por qué hablan mal de este medio.
Jornada siempre publica información chequeada, y los datos de esta misma columna lo certifican.
Antecedentes
La resolución de la conjueza Pueyo que benefició a la fiscal Hernández tiene un antecedente reciente y otro de hace unos años que nadie debería olvidar.
El reciente es de agosto pasado: en una resolución a través de la misma mecánica, Julia Haydeé Laborda, asesora de Familia e Incapaces de la ciudad de Trelew, logró que la Justicia le ordenara a la Provincia pagarles salarios atrasados por más de $ 1,3 millón.
En aquel caso también actuó un conjuez: Guillermo Oscar Álvarez, un abogado especialista en Procedimiento Tributario, Penal Tributario y Previsional, socio del Estudio Jurídico Álvarez & de Prada de la ciudad de Mar del Plata, que desde hace pocos meses es conjuez en Chubut.
El antecedente más antiguo pero más costoso para el Estado provincial es de 2015, cuando decenas de magistrados de Chubut, entre ellos jueces, fiscales, defensores y profesionales del Poder Judicial, embargaron cuentas del Estado provincial por más de $ 73,8 millones en concepto de reclamos por equiparación salarial.
Esa cifra incluyó el pago de honorarios (costas) por más de $ 20,8 millones a decenas de abogados de toda la provincia que oficiaron de patrocinantes de estos magistrados.
En 2017 ocurrió algo similar y aquella vez todos los cañones apuntaron al juez de Comodoro Gustavo Toquier, ya que si bien se excusó en todos los amparos presentados por magistrados, desde su Juzgado salieron en tiempo récord todos los embargos de los magistrados que le costaron al Estado provincial más de $ 200 millones.
Claro que Toquier -como ahora los dos jueces que dejaron la firma de los amparos a conjueces-, no firmó las ejecuciones reclamadas por los magistrados: aquella vez, el abogado de la matrícula Héctor Eduardo Freile fue el que firmó los amparos millonarios.
Los irónicos que nunca faltan dicen que en los pasillos de la Justicia de Chubut se dice “San Freile” cuando algún conjuez toma algún amparo con reclamos salariales de los magistrados.
Reclamos a la Corte
Siguiendo con la cara oscura de la Justicia, en los últimos días hubo reclamos por “las demoras injustificadas que afectan gravemente el proceso de justicia por delitos de lesa humanidad”, publicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las ONG más antiguas y activas en cuestiones de derechos humanos en la Argentina.
“El paso del tiempo atenta contra la justicia. Es necesario y urgente que la Corte, como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, se imponga a sí misma la obligación de resolver a la brevedad todas las causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran pendientes”, exigió el CELS.
El caso al que se refiere tiene que ver con Chubut y con Trelew en particular. Es que el 17 de diciembre pasado, después de seis años de que la causa de la “Masacre de Trelew” llegara a la Corte Suprema, el tribunal recién dictó un fallo.
Sin embargo, todo ese tiempo sirvió para que tome una decisión meramente formal. La Corte en vez de tratar todos los puntos del recurso extraordinario de la defensa de Carlos Marandino –el único condenado que está vivo-, anuló la resolución de la Cámara de Casación que concedió el recurso. “Es decir –se queja el CELS- que ahora deberemos esperar que la Cámara de Casación resuelva nuevamente sobre la interposición del recurso extraordinario y que luego vuelva a la Corte para que trate el reclamo de fondo. El juicio oral y público se realizó en 2012, dos de los tres condenados fallecieron durante estos años y aún las víctimas no cuentan con una sentencia firme”.
Durante 2020, la CSJN dictó fallos preocupantes que, luego de años, quedan enmarañados en cuestiones procesales que dejan sin respuesta los planteos de las partes, agrega el CELS. “Fallos que implican retrocesos y que provocan nuevas demoras. Estos años sin respuestas terminan consolidando, en muchos casos, situaciones de impunidad”.
Luque con Linares
La relación entre el intendente de Comodoro Rivadavia y el presidente del PJ no es la mejor desde hace tiempo pero no fue obstáculo para que participaran juntos del acto en el que se oficializó la asunción de la nueva conducción del Consejo de Localidad del PJ en la ciudad petrolera, encabezada por la exfuncionaria buzzista Judith Jozami.
El acto fue breve y tanto Juan Pablo Luque como Carlos Linares se sentaron en la mesa del Consejo de Localidad del PJ. Jozami fue oficializada como nueva titular, como también se reconoció a los integrantes del mismo y los respectivos suplentes.
La lista de la nueva gestión del Consejo de Localidad comodorense está integrada, además de Jozami, por Miguel Osvaldo Araneda; Ana Carolina Alfaro; Rubén Díaz; Gabriela Quinteros; Guillermo Peña; Delia Arancibia; Fernando Villagra; y Jorgelina Chiguay, como titulares; y Miguel Tunik; Daniela Andrade; Mauricio Barrios; Elizabeth Ingram; Héctor Barrionuevo; Mara Asencio; Esteban Vázquez; Gladys Moya y Néstor Cifuentes, como suplentes.
“Refugio de ñoquis”
“Se quiera o no, se acepte o no, todo en esa institución es una irregularidad. Desde los absurdos fundamentos de su creación. Es parte de la deuda que no se sabe a qué se aplicó. Estafa al pueblo chubutano, a estudiantes y a profesores y refugio de ñoquis”. El duro comentario fue publicado en su cuenta de Twitter por el exrector de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Jorge Gil, en relación a un artículo periodístico que dio cuenta de las presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en la Universidad del Chubut, la casa de estudios creada por Mario Das Neves que en su momento tuvo una durísima polémica con Gil, que en aquel momento era el rector de la UNPSJB.
La expresión “refugio de ñoquis” no tenía otros destinatarios que Graciela Di Perna, actual rectora (cuñada de Das Neves) y Fernando Menchi, exministro de Educación del dasnevismo que también recaló en la UDC como vicerrector.
Resulta que un grupo de miembros de la Universidad de Chubut enviaron una nota al gobernador Mariano Arcioni para manifestar su “preocupación” por el funcionamiento la casa de estudios. Allí hablaron, además, de presuntas irregularidades en el funcionamiento de los órganos de cogobierno, el ejercicio de la vida plena democrática, el manejo de los recursos asignados por la provincia, y de los actos administrativos, técnicos y legales, que hacen presumir la comisión de irregularidades.
La carta al gobernador no fue la única acción, también presentaron denuncias a la Oficina Anticorrupción (OA), por ahora sin mayores novedades.
A Di Perna le endilgan haber sido designada en la última gestión de Das Neves, a pesar que ya había autoridades electas y fue entonces que “se forzó a una elección donde ganó Di Perna”, aseguran los denunciantes.
Además, la acusan de llevar a la UDC un modelo de “administración pública alejada de las prácticas universitarias”, y “más cercana al funcionamiento de un Ministerio”.
Aseguran que del análisis que realizaron los denunciantes surgió que el ingreso a la UDC de Di Perna fue presumiblemente irregular ya que fue nombrada “docente ayudante ad Honorem” dos semanas antes de su elección sin respetar la normativa vigente. Concretamente, la acusan de no haber ejercido nunca la docencia en ningún nivel del sistema educativo con el agravante que tampoco habría concurrido a dictar la cátedra para la que fue designada.#
??????? Yendo #SeráLey pic.twitter.com/b21oHhDkmO
— Nancy Gonzalez (@nancysgonzalez) December 27, 2020
A esta violencia ya me estoy acostumbrando. El costo de mantener mis convicciones firmes frente a la intolerancia. Hago responsables a quienes transmiten un discurso de odio dónde quien piensa distinto viene a matarnos. Sepan que la lucha por nuestra meseta recién comienza. pic.twitter.com/PRWIUfroSa
— Marina Barrera (@marisolebarrera) December 22, 2020
Quiero contarles que me realizaron el hisopado para COVID-19 y dio positivo. Me encuentro en aislamiento hace una semana y continuaré trabajando desde mi casa. No tenemos que relajarnos, el virus sigue presente, respetemos las medidas comunicadas desde salud pública.
— Othar Macharashvili?? (@otharmach) December 22, 2020
Panorama del covid: Anoche me quedaba sin aire y me costaba mucho respirar (ya 7 día con el virus), y solo tengo 26 años! Porfavor amigxs, conocidxs, cuiden a su familia e intenten no juntarse estas fiestas ??
— Carol Williams (@CarolTWilliams) December 23, 2020
Como si algo le faltara a este 2020, hoy perdí a un GRAN Amigo, te recordare siempre Roby como lo que fuiste un Gran tipo , pura bondad y mejor Amigo. Mi mas sentido pésame y el de mi flia a sus familiares y amigos . Te queremos mucho QEPD ?? pic.twitter.com/LDu61dAJXD
— Jorge L Miquelarena (@jlmiquelarena) December 22, 2020
Gran pérdida, buena gente. Mis condolencias A la familia y allegados. Descansa en paz
— Norberto Yauhar (@norguya) December 22, 2020
Ésta tarde falleció mí vieja, una grande, una luchadora. Mil palabras más tengo para describirla, Catalina ahora descansa en paz. Gracias por todo mami ♥? pic.twitter.com/mrz78l2HOG
— Danilo Bisso (@DaniloBisso) December 23, 2020
Siempre extrañándote... pic.twitter.com/t0loDywK1a
— Lucas Ramiro Britapaja (@BritapajaLucas) December 22, 2020
Feliz dia a toda la familia camionera, de la cual orgullosamente soy parte! #Camioneros es lealtad y dignidad!
Caminamos con gigantes, MOYANO y TABOADA!!!#VerdeMiCorazon pic.twitter.com/rJLuwXmeT0
— Tatiana Goic (@tatyanaale) December 15, 2020Otra vez???, Roddy si votas a favor de la zonificación te vamos a venir a buscar, pensar a favor del trabajo, sin cianuro. Sin tocar el río chubut, sin tocar la cordillera, no entienden, hoy nuevamente en casa, no me afecta, solo le pido disculpas a mi familia por el mal momento
— Roddy Ingram (@roddyingram) December 22, 2020
Perdón a los vecinos por las molestias
— Roddy Ingram (@roddyingram) December 22, 2020
?? #AHORA ?? En #ATiempo ??@carloseliceche Diputado #FrenteDeTodos #Denuncia Leila Lloyd Jones "Lastima mucho y perjudica a toda la clase política. Me consta que nada de eso ha sucedido"
— Cadena Tiempo (@CadenaTiempo) December 22, 2020
Lo más patético de la denuncia de la diputada lloyd jones es que quedo al descubierto que tiene de asesor a su pareja en vez de alguien capacitado para hacer leyes. La justicia también debería investigar estas cosas xq se usan dineros públicos para beneficio propio
— JaviLagoPuelo (@JaviPuelo) December 20, 2020
Chubut. El Gobernador anunció una Reforma Judicial.
Seguro que el Poder Judicial necesita cambios. No sé si tantos como los otros Poderes, pero sí, bienvenidos sean. Se tendrían que hacer como a nivel nacional, partiendo de algun dictamen de una comisión formada por personas...
— Paulo Eduardo König (@PauloKonig) December 26, 2020Chubut. ...comisión
de personas representativas del quehacer judicial, y sin secretismos.
A su vez, por lo menos tres de las personas que integren el Superior, debieran ser mujeres que sean expertas juristas y que tengan perspectiva de género. Hay muchas en la Provincia.
— Paulo Eduardo König (@PauloKonig) December 26, 2020