POLICIALES

Anuario 2020: ensayo de mano dura que se desactivó

Al ritmo de Federico Massoni, al inicio de la pandemia el Ministerio de Seguridad impuso duras medidas para los vecinos que violaron el aislamiento obligatorio de la cuarentena.

01/01/2021 02:00

Notificaciones. El Gimnasio Municipal 1 de Trelew fue uno de los espacios que se usó para las demoras.

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Los gimnasios municipales, por caso, se convirtieron en centros de notificación de infracción donde eran conducidos los imprudentes en compañía de la Policía. Para algunos, en realidad eran centros de detención hechos pero no derechos, sino fuera de la Constitución.

La consecuencia fue que hubo varias denuncias por presuntas detenciones y apremios ilegales, que consideraron que la Policía abusaba de sus facultades al no permitir casi ninguna actividad considerada fuera del ASPO. Se habló hasta de demoras en la vereda de gente que había salido un par de metros de la puerta de su propia casa.

Protestas

Se presentaron tres hábeas corpus colectivos y preventivos. Tras un par de días de debate y descargos en audiencias virtuales, la jueza de Trelew Mirta del Valle Moreno decide anular las resoluciones provinciales. Es que según su criterio, disponían excesivos límites de todo tipo para la vida cotidiana, que ni siquiera preveían los decretos nacionales. Y pidió que la conducta estatal se adecúe a las recomendaciones que bajaban de Casa Rosada. El concepto era dialogar con el ciudadano para que regrese a su hogar y no privarlo de la libertad como primera medida.

Esos reclamos vinieron del área de Violencia Institucional del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Fiscalía de Rawson.

Sus presentaciones incluyeron secuestros injustificados de vehículos que en realidad estaban habilitados para circular; amenazas y hostigamiento a ciudadanos, incluso cuando los decretos provinciales no estaban publicados.

Hubo denuncias de particulares, una presentación del bloque de diputados Frente de Todos, e incluso investigaciones de oficio. Todos advirtieron que la Policía debía adecuarse a los protocolos y disposiciones establecidos por los organismos de Derechos Humanos. Y varios de estos expedientes terminaron en la Justicia Federal.