En el inicio del juicio oral y público por el Caso Revelación, el fiscal Marcos Nápoli dejó claro que la asociación ilícita que habría cobrado retornos de empresas de la obra pública funcionó con el permiso del gobernador Mario Das Neves. En la apertura del debate en la Oficina Judicial de Rawson, con el fiscal Gustavo Núñez, Nápoli acusó por más de 30 hechos, según la Agencia de Comunicación Judicial. Hay siete imputados exfuncionarios y un empresario.
Hoy a las 9 será la primera intervención de las defensas y el inicio del desfile de testigos, unos 80 en total. Los jueces son Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales.
Hay estrictas medidas contra el Covid: todos deben tomarse la temperatura en el ingreso, anotar sus datos, entrar por turnos a la sala y usar mascarilla y barbijo.
En otro orden, Nápoli confirmó que no pedirá que declaren una veintena de empresarios que había imputado pero que accedieron a la suspensión del juicio a prueba para evitar ir a juicio, a cambio de construir instalaciones o comprar equipamiento para uso de la ciudadanía. En su momento se discutió si de acusados podían pasar a ser testigos.
Los imputados son Víctor Cisterna, Diego Correa, Gonzalo Carpintero, Pablo Oca, Diego Correa, Martín Bortagaray, Alejandro Pagani, Diego Lüters y Martín Castillo.
En su acusación, Nápoli habló del diseño de un plan criminal, definido por la cohesión y el trabajo de una asociación ilícita entre Das Neves y funcionarios de la administración provincial que asumieron en 2015.
Este grupo delictivo “rediseñó la operatoria inicial tras la salida de Cisterna” del gobierno, con las incorporaciones al gabinete de Bortagaray y Oca.
Según la fiscalía esa organización duró hasta el fallecimiento de Das Neves en octubre de 2017 e involucró a otros funcionarios de menor rango, como Lüters.
Se escuchó un pormenorizado detalle de la operatoria y según el MPF, “todas y cada una de las acciones descriptas fueron individual y colectivamente antijurídicas”. Nápoli aseguró que “nada fue dejado al azar”. Todo se originó en una “circular” en el cual quedaba expresado cómo se iba a proceder con la adjudicación de la obra pública y el pago de las deudas a las constructoras. El esquema habilitó las coimas para acreditar los pagos.
Se detalló la situación patrimonial de algunos de los involucrados en la causa, en los años previos y durante el tiempo de los ilícitos.
A Cisterna se lo acusa como organizador de asociación ilícita y exacciones ilegales; a Correa, organizador de asociación ilícita y cohecho pasivo; a Carpintero, organizador de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de información. A Oca y Pagani también se los acusa de organizar la asociación ilícita y cohecho. A Bortagaray, como miembro de la asociación y cohecho; Lüters, miembro de asociación ilícita, y Castillo, cohecho activo.
El tribunal resolvió, con acuerdo de las partes, que los testimonios no podrán transmitirse en simultáneo por internet. Es que según el artículo 323 del Código Procesal Penal, “antes de declarar, los testigos no se comunicarán entre sí ni con otras personas, ni deberán ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencia”. No está claro aún qué sucederá con el trabajo de la prensa.
En el inicio del juicio oral y público por el Caso Revelación, el fiscal Marcos Nápoli dejó claro que la asociación ilícita que habría cobrado retornos de empresas de la obra pública funcionó con el permiso del gobernador Mario Das Neves. En la apertura del debate en la Oficina Judicial de Rawson, con el fiscal Gustavo Núñez, Nápoli acusó por más de 30 hechos, según la Agencia de Comunicación Judicial. Hay siete imputados exfuncionarios y un empresario.
Hoy a las 9 será la primera intervención de las defensas y el inicio del desfile de testigos, unos 80 en total. Los jueces son Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales.
Hay estrictas medidas contra el Covid: todos deben tomarse la temperatura en el ingreso, anotar sus datos, entrar por turnos a la sala y usar mascarilla y barbijo.
En otro orden, Nápoli confirmó que no pedirá que declaren una veintena de empresarios que había imputado pero que accedieron a la suspensión del juicio a prueba para evitar ir a juicio, a cambio de construir instalaciones o comprar equipamiento para uso de la ciudadanía. En su momento se discutió si de acusados podían pasar a ser testigos.
Los imputados son Víctor Cisterna, Diego Correa, Gonzalo Carpintero, Pablo Oca, Diego Correa, Martín Bortagaray, Alejandro Pagani, Diego Lüters y Martín Castillo.
En su acusación, Nápoli habló del diseño de un plan criminal, definido por la cohesión y el trabajo de una asociación ilícita entre Das Neves y funcionarios de la administración provincial que asumieron en 2015.
Este grupo delictivo “rediseñó la operatoria inicial tras la salida de Cisterna” del gobierno, con las incorporaciones al gabinete de Bortagaray y Oca.
Según la fiscalía esa organización duró hasta el fallecimiento de Das Neves en octubre de 2017 e involucró a otros funcionarios de menor rango, como Lüters.
Se escuchó un pormenorizado detalle de la operatoria y según el MPF, “todas y cada una de las acciones descriptas fueron individual y colectivamente antijurídicas”. Nápoli aseguró que “nada fue dejado al azar”. Todo se originó en una “circular” en el cual quedaba expresado cómo se iba a proceder con la adjudicación de la obra pública y el pago de las deudas a las constructoras. El esquema habilitó las coimas para acreditar los pagos.
Se detalló la situación patrimonial de algunos de los involucrados en la causa, en los años previos y durante el tiempo de los ilícitos.
A Cisterna se lo acusa como organizador de asociación ilícita y exacciones ilegales; a Correa, organizador de asociación ilícita y cohecho pasivo; a Carpintero, organizador de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de información. A Oca y Pagani también se los acusa de organizar la asociación ilícita y cohecho. A Bortagaray, como miembro de la asociación y cohecho; Lüters, miembro de asociación ilícita, y Castillo, cohecho activo.
El tribunal resolvió, con acuerdo de las partes, que los testimonios no podrán transmitirse en simultáneo por internet. Es que según el artículo 323 del Código Procesal Penal, “antes de declarar, los testigos no se comunicarán entre sí ni con otras personas, ni deberán ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencia”. No está claro aún qué sucederá con el trabajo de la prensa.