Doble crimen de Madryn: la Corte decidirá si lo investiga la Justicia provincial o la federal
La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidirá el fuero que se hará cargo del doble crimen de Federico Lomeña y Héctor “Nehemías” López en Puerto Madryn.
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia considera que los episodios no tienen vínculo con el narcotráfico ni se probó que las víctimas hayan estado relacionadas con ese ámbito. Pero la Justicia Provincial de la ciudad del Golfo asume que los mataron porque vendían droga y tenían una deuda que no pudieron cancelar. El expediente ya viajó a Capital Federal.
Ya en diciembre de 2020, los jueces del TOF Mario Reynaldi, Enrique Guanziroli y Luis Giménez habían explicado que el doble homicidio siempre se investigó de modo separado. Están imputados Genaro Carrizo Artiles, Nicolás Valencia, Nalib Zajur, Giulio De Cecco, Bautista Bidinost y Aaron Sepúlveda.
Artiles y Bidinost están procesados en otra causa que ya se elevó a juicio oral y público y que sí es federal: una presunta organización narco que actuaba en Madryn.
“Tan diferenciados son los hechos que en una se persiguen infracciones a la ley de estupefacientes prohibidos y en la otra homicidios; ambas fueron separadas en el mismo instructor y como se vislumbra claramente, deben continuar separadas y mantener su juzgamiento en el fuero ordinario provincial, no sólo porque no hay un interés federal prevalente en el asunto sino porque no existió ni existe conexidad alguna entre ellas sino coincidencia en algún procesado”.
Hubo testigos de identidad reservada que “aludieron supuestas” participaciones de Lomeña y López en el narcotráfico con “eventuales conflictos de dinero”. Pero la pesquisa no mostró más evidencias que esa.
“Las muertes violentas no afectaron intereses o bienes jurídicos federales. Se trata de un violento conflicto entre particulares que culminó en unos óbitos que no afectaron la prestación de servicios o intereses federales”, escribieron los magistrados.
El 23 de marzo respondió la jueza de Madryn, Stella Eizmendi, con el aval de la fiscal Silvana Salazar. Repasó allanamientos, requisas, secuestros pericias informáticas y entrevistas a testigos de identidad reservada. Dijo que estos datos “enderezan la investigación al tráfico de estupefacientes” y que esa hipótesis “es hoy la más sólida”. Recordó que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro había ordenado unificar ambos casos.
Para Eizmendi, la postura del TOF “encierra una evidente contradicción” ya que pide que un juez provincial haga el juicio oral, cuando toda la pesquisa fue federal. “Esto exime y limita la intervención de la justicia provincial dado que no sólo no pudo investigar estructuras jerárquicas vinculadas al comercio de estupefacientes por carecer de medios e instrumentos legales para hacerlo sino que además no debe hacerlo dado que provocaría una injerencia que le está vedada”.
La magistrada provincial devolvió el expediente a la ciudad petrolera.
En la semana que pasó, el TOF respondió y repitió sus argumentos, pero con un párrafo picante para la jueza: “No podemos dejar de señalar, en respuesta a las consideraciones de la Sra. Magistrada provincial, que estos jueces no desconocemos sino que por el contrario velamos, en la medida de nuestras capacidades, por los derechos de las víctimas y de los imputados sometidos a los condicionamientos de vida que importa un proceso penal”.
El Tribunal dio intervención a la Corte y advirtió que seguirá interviniendo en las actuaciones hasta que haya una definición “para no dilatar aún más el trámite que se advierte en el expediente”.#
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia considera que los episodios no tienen vínculo con el narcotráfico ni se probó que las víctimas hayan estado relacionadas con ese ámbito. Pero la Justicia Provincial de la ciudad del Golfo asume que los mataron porque vendían droga y tenían una deuda que no pudieron cancelar. El expediente ya viajó a Capital Federal.
Ya en diciembre de 2020, los jueces del TOF Mario Reynaldi, Enrique Guanziroli y Luis Giménez habían explicado que el doble homicidio siempre se investigó de modo separado. Están imputados Genaro Carrizo Artiles, Nicolás Valencia, Nalib Zajur, Giulio De Cecco, Bautista Bidinost y Aaron Sepúlveda.
Artiles y Bidinost están procesados en otra causa que ya se elevó a juicio oral y público y que sí es federal: una presunta organización narco que actuaba en Madryn.
“Tan diferenciados son los hechos que en una se persiguen infracciones a la ley de estupefacientes prohibidos y en la otra homicidios; ambas fueron separadas en el mismo instructor y como se vislumbra claramente, deben continuar separadas y mantener su juzgamiento en el fuero ordinario provincial, no sólo porque no hay un interés federal prevalente en el asunto sino porque no existió ni existe conexidad alguna entre ellas sino coincidencia en algún procesado”.
Hubo testigos de identidad reservada que “aludieron supuestas” participaciones de Lomeña y López en el narcotráfico con “eventuales conflictos de dinero”. Pero la pesquisa no mostró más evidencias que esa.
“Las muertes violentas no afectaron intereses o bienes jurídicos federales. Se trata de un violento conflicto entre particulares que culminó en unos óbitos que no afectaron la prestación de servicios o intereses federales”, escribieron los magistrados.
El 23 de marzo respondió la jueza de Madryn, Stella Eizmendi, con el aval de la fiscal Silvana Salazar. Repasó allanamientos, requisas, secuestros pericias informáticas y entrevistas a testigos de identidad reservada. Dijo que estos datos “enderezan la investigación al tráfico de estupefacientes” y que esa hipótesis “es hoy la más sólida”. Recordó que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro había ordenado unificar ambos casos.
Para Eizmendi, la postura del TOF “encierra una evidente contradicción” ya que pide que un juez provincial haga el juicio oral, cuando toda la pesquisa fue federal. “Esto exime y limita la intervención de la justicia provincial dado que no sólo no pudo investigar estructuras jerárquicas vinculadas al comercio de estupefacientes por carecer de medios e instrumentos legales para hacerlo sino que además no debe hacerlo dado que provocaría una injerencia que le está vedada”.
La magistrada provincial devolvió el expediente a la ciudad petrolera.
En la semana que pasó, el TOF respondió y repitió sus argumentos, pero con un párrafo picante para la jueza: “No podemos dejar de señalar, en respuesta a las consideraciones de la Sra. Magistrada provincial, que estos jueces no desconocemos sino que por el contrario velamos, en la medida de nuestras capacidades, por los derechos de las víctimas y de los imputados sometidos a los condicionamientos de vida que importa un proceso penal”.
El Tribunal dio intervención a la Corte y advirtió que seguirá interviniendo en las actuaciones hasta que haya una definición “para no dilatar aún más el trámite que se advierte en el expediente”.#