Gils Carbó testificará en la investigación sobre la Mesa Judicial de Cambiemos
La ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue citada a declarar como testigo en la causa en la que se investiga el accionar de la denominada mesa judicial de Cambiemos.
El fiscal federal Franco Picardi la convocó para que brinde su testimonio el 8 de junio en el marco de la causa en la que se investiga si el Gobierno de Cambiemos ejerció presiones indebidas sobre magistrados que no se alineaban con los intereses de la gestión de Mauricio Macri.
La convocatoria se produjo después de que el fiscal de la Seguridad Social Gabriel De Vedia ratificara ante la Justicia las declaraciones periodísticas en las que contó que en el 2017, antes de que la entonces procuradora presentara su renuncia, intentó frenar la embestida en su contra.
En declaraciones ante distintos medios de comunicación, De Vedia había contado que intentó frenar lo que él consideraba una “persecución” a través del vínculo familiar que tenía con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los supuestos integrantes de la mesa judicial macrista.
“Yo le planteo el tema de la Procuradora. Primero negó la persecución. Para ellos no había persecución. Me dijo que el Ministerio Público iba a cambiar, que iba a haber un proyecto de ley para modificar el esquema y ahí le pregunté lo que me interesaba, que era que se acabe la persecución: ¿no se puede acabar? Me dijo que la Procuradora tenía que renunciar para no ir presa”, contó De Vedia en una entrevista radial.
La renuncia de Gils Carbó se dio en un contexto de creciente presión por parte del Gobierno de Macri, que no escondía su interés en desplazarla, pero además en un año en el que los números de teléfonos de los celulares de familiares suyos fueron publicados en el diario Clarín y luego de que se la involucrara en una causa penal por supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación.
El pedido de que Gils Carbó sea citada como testigo había sido formulado por el diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y fue respaldado en un escrito aparte por senadores de su bloque, entre ellos José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Jorge Taiana y Mariano Recalde y diputados como José Luis Gioja, Josefina González y Marisa Ucesa.
La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigue el papel que jugó la llamada "mesa judicial" durante el anterior Gobierno nacional e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo del expresidente Macri.
En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien dijo en un programa radial que en 2015 recibió la visita de un funcionario del Ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración testimonial).
Según dijo, le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego ratificado por el Congreso nacional.
Los denunciantes señalaron como "responsables de los hechos" a los funcionarios "de altísimo nivel en el Gobierno del presidente Macri", que integraron lo que públicamente se conoció como "la mesa judicial" de aquella administración.
En ese sentido, apuntaron al expresidente; a su exjefe de asesores José Torello; al exministro de Justicia Germán Garavano; al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas; al abogado Fabián Rodríguez Simón; a Mahiques, exconsejero de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo, y al último Procurador del Tesoro del anterior Gobierno, Bernardo Saravia Frías.
Entre los imputados también figuran el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, el expresidente del Boca Juniors Daniel Angelici y el exjefe de Gabinete Marcos Peña, señalado como quien convocaba a las reuniones de la "mesa judicial".
El fiscal federal Franco Picardi la convocó para que brinde su testimonio el 8 de junio en el marco de la causa en la que se investiga si el Gobierno de Cambiemos ejerció presiones indebidas sobre magistrados que no se alineaban con los intereses de la gestión de Mauricio Macri.
La convocatoria se produjo después de que el fiscal de la Seguridad Social Gabriel De Vedia ratificara ante la Justicia las declaraciones periodísticas en las que contó que en el 2017, antes de que la entonces procuradora presentara su renuncia, intentó frenar la embestida en su contra.
En declaraciones ante distintos medios de comunicación, De Vedia había contado que intentó frenar lo que él consideraba una “persecución” a través del vínculo familiar que tenía con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los supuestos integrantes de la mesa judicial macrista.
“Yo le planteo el tema de la Procuradora. Primero negó la persecución. Para ellos no había persecución. Me dijo que el Ministerio Público iba a cambiar, que iba a haber un proyecto de ley para modificar el esquema y ahí le pregunté lo que me interesaba, que era que se acabe la persecución: ¿no se puede acabar? Me dijo que la Procuradora tenía que renunciar para no ir presa”, contó De Vedia en una entrevista radial.
La renuncia de Gils Carbó se dio en un contexto de creciente presión por parte del Gobierno de Macri, que no escondía su interés en desplazarla, pero además en un año en el que los números de teléfonos de los celulares de familiares suyos fueron publicados en el diario Clarín y luego de que se la involucrara en una causa penal por supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación.
El pedido de que Gils Carbó sea citada como testigo había sido formulado por el diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y fue respaldado en un escrito aparte por senadores de su bloque, entre ellos José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Jorge Taiana y Mariano Recalde y diputados como José Luis Gioja, Josefina González y Marisa Ucesa.
La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigue el papel que jugó la llamada "mesa judicial" durante el anterior Gobierno nacional e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo del expresidente Macri.
En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien dijo en un programa radial que en 2015 recibió la visita de un funcionario del Ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración testimonial).
Según dijo, le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego ratificado por el Congreso nacional.
Los denunciantes señalaron como "responsables de los hechos" a los funcionarios "de altísimo nivel en el Gobierno del presidente Macri", que integraron lo que públicamente se conoció como "la mesa judicial" de aquella administración.
En ese sentido, apuntaron al expresidente; a su exjefe de asesores José Torello; al exministro de Justicia Germán Garavano; al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas; al abogado Fabián Rodríguez Simón; a Mahiques, exconsejero de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo, y al último Procurador del Tesoro del anterior Gobierno, Bernardo Saravia Frías.
Entre los imputados también figuran el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, el expresidente del Boca Juniors Daniel Angelici y el exjefe de Gabinete Marcos Peña, señalado como quien convocaba a las reuniones de la "mesa judicial".