Ordenan detener a dos empresarios que pagaban con cheques sin fondos
Los contrataron para una obra de gas entre Puelo y El Bolsón. Y adquirían insumos con valores que rebotaron en los bancos.
Se investiga la defraudación en la obra de ampliación de un sistema de transporte y distribución de gas natural. La causa está a cargo del funcionario Ismael Cerda, con supervisión del fiscal de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer.
La maniobra implicó el pago con cheques sin fondos, y se atribuye a una empresa subcontratista encargada de realizar el montaje de cañerías. Los investigadores intentaron dar con el paradero de los denunciados, sin éxito. La jueza Fernanda Révori ordenó dos detenciones.
Según el parte de prensa de Fiscalía, el Ministerio de Energía y Minería adjudicó la ampliación del sistema de transporte y distribución de gas natural en el tramo El Bolsón – Lago Puelo a Contreras Hnos. Sociedad Anónima, Industrial, comercial, inmobiliaria, Financiera, Abrícola, Ganadera y Minera. Esta empresa, por su parte subcontrató a la empresa Petroweld para el montaje de cañerías por $32.131.990,35, con un anticipo del 1.5% del monto total, con fecha de inicio de los trabajos el 1 de marzo de 2018.
Petroweld contrató en forma directa con los pequeños comerciantes y proveedores de la zona de la Comarca Andina para contar con alquileres de medios de transporte, áridos, máquinas de construcción, alimentos, baños químicos, etcétera.
El director, el presidente y la directora suplente, haciendo alusión a la solvencia económica de Contreras Hnos. ante los pequeños comerciantes de la zona, celebraron contratos. Los comerciantes firmaron y los cumplieron, recibiendo un adelanto con cheques de pago diferido. Al ser presentados al cobro por los comerciantes, fueron rechazados por falta de fondos de Petroweld y ninguno pudo ser cobrado hasta la fecha, luego de las intimaciones.
Ninguna de las tres personas imputadas pudo ser ubicada para ser sometidas al proceso. Se llamó a todos los números aportados tanto por Petroweld en comunicaciones vía mail con Contrera; teléfonos que figuran en las órdenes de pago, sin obtener respuesta: no eran abonados en servicio o buzones de mensaje. Se pidió el paradero del presidente y suplente de la empresa investigada, sin novedad.
La Fiscalía de Lago Puelo pidió auxilio jurisdiccional y la juez autorizó dos de los tres pedidos de detención ya que entendió que en relación a uno de los tres imputados, por el momento no están dadas las condiciones para esa medida ya que se sabe su lugar habitual de residencia.
La jueza Fernanda Révori concluyó que los imputados “resultan ser partícipes de al menos los ocho hechos de presunta estafa cometidas en perjuicio de los pequeños comerciantes, los que se vieron perjudicados económicamente por quienes mediante engaños aparentaron solvencia empresarial y económica logrando defraudarlos”.
De acuerdo a la gacetilla de Fiscalía, según el planteo del funcionario fiscal “por la actitud evasiva adoptada por los sindicados tanto frente a las víctimas como ante los requerimientos fiscales, el resultado negativo de las pesquisas y diligencias para dar con sus paraderos y notificarlos de la imputación, existen suficientes motivos para afirmar que no poseen arraigo ni en la zona ni en ningún otro lugar del país ante la inexactitud de sus domicilios y por tanto resulta razonable presumir que no se someterán a proceso”.#
Se investiga la defraudación en la obra de ampliación de un sistema de transporte y distribución de gas natural. La causa está a cargo del funcionario Ismael Cerda, con supervisión del fiscal de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer.
La maniobra implicó el pago con cheques sin fondos, y se atribuye a una empresa subcontratista encargada de realizar el montaje de cañerías. Los investigadores intentaron dar con el paradero de los denunciados, sin éxito. La jueza Fernanda Révori ordenó dos detenciones.
Según el parte de prensa de Fiscalía, el Ministerio de Energía y Minería adjudicó la ampliación del sistema de transporte y distribución de gas natural en el tramo El Bolsón – Lago Puelo a Contreras Hnos. Sociedad Anónima, Industrial, comercial, inmobiliaria, Financiera, Abrícola, Ganadera y Minera. Esta empresa, por su parte subcontrató a la empresa Petroweld para el montaje de cañerías por $32.131.990,35, con un anticipo del 1.5% del monto total, con fecha de inicio de los trabajos el 1 de marzo de 2018.
Petroweld contrató en forma directa con los pequeños comerciantes y proveedores de la zona de la Comarca Andina para contar con alquileres de medios de transporte, áridos, máquinas de construcción, alimentos, baños químicos, etcétera.
El director, el presidente y la directora suplente, haciendo alusión a la solvencia económica de Contreras Hnos. ante los pequeños comerciantes de la zona, celebraron contratos. Los comerciantes firmaron y los cumplieron, recibiendo un adelanto con cheques de pago diferido. Al ser presentados al cobro por los comerciantes, fueron rechazados por falta de fondos de Petroweld y ninguno pudo ser cobrado hasta la fecha, luego de las intimaciones.
Ninguna de las tres personas imputadas pudo ser ubicada para ser sometidas al proceso. Se llamó a todos los números aportados tanto por Petroweld en comunicaciones vía mail con Contrera; teléfonos que figuran en las órdenes de pago, sin obtener respuesta: no eran abonados en servicio o buzones de mensaje. Se pidió el paradero del presidente y suplente de la empresa investigada, sin novedad.
La Fiscalía de Lago Puelo pidió auxilio jurisdiccional y la juez autorizó dos de los tres pedidos de detención ya que entendió que en relación a uno de los tres imputados, por el momento no están dadas las condiciones para esa medida ya que se sabe su lugar habitual de residencia.
La jueza Fernanda Révori concluyó que los imputados “resultan ser partícipes de al menos los ocho hechos de presunta estafa cometidas en perjuicio de los pequeños comerciantes, los que se vieron perjudicados económicamente por quienes mediante engaños aparentaron solvencia empresarial y económica logrando defraudarlos”.
De acuerdo a la gacetilla de Fiscalía, según el planteo del funcionario fiscal “por la actitud evasiva adoptada por los sindicados tanto frente a las víctimas como ante los requerimientos fiscales, el resultado negativo de las pesquisas y diligencias para dar con sus paraderos y notificarlos de la imputación, existen suficientes motivos para afirmar que no poseen arraigo ni en la zona ni en ningún otro lugar del país ante la inexactitud de sus domicilios y por tanto resulta razonable presumir que no se someterán a proceso”.#