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Juntaron firmas para un referendo en Uruguay sobre polémica ley de Lacalle

Activistas uruguayos que pretenden una consulta sobre una ley clave del Gobierno del presidente Luis Lacalle Pou que limita libertades sindicales y refuerza el poder de la policía y el Ejército afirmaron hoy haber alcanzado 700.000 firmas de apoyo, 50.000 más de las necesarias que habilitarían el referendo.

08/07/2021 11:22

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El presidente de la central sindical Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), Fernando Pereira, valoró hoy el trabajo de los promotores de la iniciativa y agradeció el "esfuerzo final" para llegar "hasta la última firma" en el último momento.

Si bien anticipó que el "vaso" estaba "lleno", en referencia al mínimo de firmas necesarias para impulsar el debate, llamó igualmente a seguir recolectando adhesiones hasta el mediodía y enfatizó en la necesidad de "desbordarlo".

Tras este plazo, la Comisión iniciará una caravana desde la sede del PIT-CNT hasta la Corte Electoral, donde se entregará el petitorio.

Ayer, el integrante de la Comisión Nacional Pro-Referendo de Uruguay Rafael Michelini había señalado que faltaban unas 15.000 adhesiones para llegar al objetivo, pero Pereira aseguró hoy a Canal 12 que ya habían reunido 700.000 adhesiones.

"Seguramente muchos pensaban que no podríamos llegar a las 700.000 firmas, la pandemia era un factor trascendental en el sentido de lo negativo, que nos impedía estar en las calles", pero "cada hora que pasa estamos más cerca de la hazaña", expresó en una transmisión de su cuenta de Facebook.

"Se hincha el pecho cuando no necesitamos del insulto para convencer a las personas; sino que lo hacés desde el argumento de por qué es importante que el pueblo decida sobre temas relacionados a la vivienda, salud y derechos sindicales", agregó, citado por el diario El Observador.

La Comisión Pro-Referendo busca derogar 135 de los 476 artículos de una ley aprobada el 8 de julio del año pasado, después de un tratamiento exprés en el Congreso.

En las dos cámaras fue sancionada con los votos de la alianza gobernante -los partidos Nacional, Colorado, Independiente y de la Gente más Cabildo Abierto- y rechazada por el Frente Amplio (FA).

Las firmas que presente la organización deben atravesar un proceso de revisión y control, y la Corte tiene 50 días hábiles para analizarlas. Si todo está bien, tiene otros 45 días para llamar a la consulta.

Entre sus puntos más cuestionados, la LUC flexibiliza el uso de la fuerza policial, regula el derecho a la huelga y declara ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados que "afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios", por lo que faculta el uso de la fuerza pública para disolverlos.

En cuanto al Código Penal, define un incremento para delitos relacionados con el narcotráfico y la violencia sexual en todas sus formas, y para los menores en edad imputable amplía las penas mínimas y máximas, además de limitar para adolescentes el régimen de semilibertad.

También amplía el concepto de legítima defensa para un bien material, extiende de 2 a 4 horas el plazo que tiene la Policía para informar a Fiscalía de la detención de una persona, y otorga potestad a policías y militares para registrar personas y autos en procedimientos "preventivos rutinarios".

Además, dispone cambios en el mercado del petróleo crudo y sus derivados, elimina la obligatoriedad de la educación formal en la primera infancia y reduce el rol de los directores generales de los Consejos de Educación.

Entre las organizaciones que trabajaron en la recolección de las firmas pro-referendo se contaron, además de la PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios Uruguayos (FEUU), la Intersocial Feminista, el Frente Amplio, la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU), las Intersociales de Salto, Carmelo, Rivera, Soriano, Artigas, Costa de Oro, Tacuarembó, Paysandú, Treinta y Tres y Fray Bentos, y Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos.