Debaten en el Senado sobre libertad y regulación de contenidos de internet

Miembros de la Asociación por los Derechos Civiles presentaron hoy un informe en la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, durante un debate en el que se expresó la importancia de lograr una regulación pública de contenidos en internet.

11 AGO 2021 - 15:15 | Actualizado

En una videoconferencia presidida por el senador Alfredo Luenzo (FdT-Chubut), Eduardo Ferreyra, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), expuso sobre el documento referido a "la protección del espacio cívico en línea. Un repaso a las amenazas actuales a la libertad de expresión en Internet".

Ferreyra advirtió que "la autorregulación presenta muchos defectos en su accionar y es necesario una regulación pública que colabore con la privada para abordar estos temas".

El dirigente señaló que "se ha postulado el marco internacional de derechos humanos como el marco general por el cual se deberían guiar las plataformas para la modelación de contenido" y que "cualquier implementación de un marco normativo puede verse frustrado, si no hay una desconcentración del poder que las compañías mantienen actualmente".

"Una regulación pública también tiene que apuntar a que la ciudadanía sea incorporada de manera significativa en la toma de decisiones", agregó.

El especialista instó a pensar en "un modelo que ponga límites, restricciones, y sobre todo establezca mecanismos de transparencia y rendición de cuentas", y en "cómo los delitos de intimidación pública se aplican a las redes sociales".

"Cualquier tipo de aplicación de un delito penal tiene que estar sometido a los estándares de libertad de expresión", aclaró, no obstante.

Damián Loreti, profesor titular plenario de la cátedra de Derecho a la Información de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y exvicedecano de esa casa de estudios, subrayó, por su parte, la "necesidad de la participación de la sociedad civil como correguladora del corregulador porque no alcanza solo con la transparencia".

"Lo que hay que ver es si esos logaritmos generan algún tipo de discriminación en término de ciertos tipos de discurso para generar distorsiones en términos de la accesibilidad a contenidos por parte de los interesados en esos contenidos", reflexionó.

También consideró que "hay un déficit en el análisis de qué pasa con las fake news, más pensada en términos de responsabilidades, de pluralismo", y entendió que "no alcanza con la trasparencia" sino que "hay que agregar mecanismos que garanticen que no hay discriminación negativa".

"No alcanza con la plataforma, no alcanza tampoco a mi criterio con los resultados de la aplicación de logaritmos no sean discriminatorios, sino que hay que hacer mecanismos que garanticen derecho de defensa y reparación porque estas plataformas deberían regirse por los principios rectores de protección de derechos humanos y empresas de Naciones Unidas", agregó.

11 AGO 2021 - 15:15

En una videoconferencia presidida por el senador Alfredo Luenzo (FdT-Chubut), Eduardo Ferreyra, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), expuso sobre el documento referido a "la protección del espacio cívico en línea. Un repaso a las amenazas actuales a la libertad de expresión en Internet".

Ferreyra advirtió que "la autorregulación presenta muchos defectos en su accionar y es necesario una regulación pública que colabore con la privada para abordar estos temas".

El dirigente señaló que "se ha postulado el marco internacional de derechos humanos como el marco general por el cual se deberían guiar las plataformas para la modelación de contenido" y que "cualquier implementación de un marco normativo puede verse frustrado, si no hay una desconcentración del poder que las compañías mantienen actualmente".

"Una regulación pública también tiene que apuntar a que la ciudadanía sea incorporada de manera significativa en la toma de decisiones", agregó.

El especialista instó a pensar en "un modelo que ponga límites, restricciones, y sobre todo establezca mecanismos de transparencia y rendición de cuentas", y en "cómo los delitos de intimidación pública se aplican a las redes sociales".

"Cualquier tipo de aplicación de un delito penal tiene que estar sometido a los estándares de libertad de expresión", aclaró, no obstante.

Damián Loreti, profesor titular plenario de la cátedra de Derecho a la Información de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y exvicedecano de esa casa de estudios, subrayó, por su parte, la "necesidad de la participación de la sociedad civil como correguladora del corregulador porque no alcanza solo con la transparencia".

"Lo que hay que ver es si esos logaritmos generan algún tipo de discriminación en término de ciertos tipos de discurso para generar distorsiones en términos de la accesibilidad a contenidos por parte de los interesados en esos contenidos", reflexionó.

También consideró que "hay un déficit en el análisis de qué pasa con las fake news, más pensada en términos de responsabilidades, de pluralismo", y entendió que "no alcanza con la trasparencia" sino que "hay que agregar mecanismos que garanticen que no hay discriminación negativa".

"No alcanza con la plataforma, no alcanza tampoco a mi criterio con los resultados de la aplicación de logaritmos no sean discriminatorios, sino que hay que hacer mecanismos que garanticen derecho de defensa y reparación porque estas plataformas deberían regirse por los principios rectores de protección de derechos humanos y empresas de Naciones Unidas", agregó.


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