Chile: Instituto de DDHH tildó de "fracaso" el decreto militarista de Piñera
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile tildó de nuevo “fracaso del Estado”, el decreto de Estado de Excepción Constitucional por Emergencia durante 15 días en cuatro provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía en la denominada macrozona sur, que implica la presencia de las Fuerzas Armadas con supervigilancia y fiscalizaciones.
El organismo, que es independiente del Gobierno pero pertenece al Estado chileno, argumentó en un comunicado que la medida representa un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos de violencia registrados en la zona y señaló que "es un fracaso del Estado y de la sociedad en su conjunto que se cometan asesinatos y otros hechos de violencia y que no se pueda investigar, juzgar ni condenar a los culpables".
“También representa un fracaso que el Estado de Chile termine, en los hechos, involucrando a las Fuerzas Armadas en funciones que debieran ser privativas de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI)”, indica parte del texto.
En este sentido, el INDH considera el diálogo como la principal alternativa, apoyándose en las universidades y la Convención Constitucional, y apunta a que esta última “tiene la oportunidad histórica de establecer un nuevo pacto intercultural en que se funde la paz y la justicia en el sur de Chile”.
En semanas recientes, el conflicto entre los pueblos originarios y el Estado se ha intensificado, luego de múltiples hechos de violencia entre miembros de la comunidad mapuche y efectivos de Carabineros (policía chilena) en la macrozona sur, por lo que el Gobierno decidió el pasado martes decretar Estado de Excepción Constitucional por Emergencia en el sector, específicamente en las provincias de Malleco, Cautín (La Araucanía), Arauco y Biobío (Biobío).
El presidente Sebastián Piñera explicó que la medida se extenderá por 15 días y que se debió a los “graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado” en zonas del sur de Chile durante las últimas semanas.
Paralelamente, el gremio de camioneros ha exigido al Gobierno mayor seguridad para poder trabajar en el sector, luego de que sus miembros hayan sido objeto de diversos ataques.
Adicionalmente, la muerte de Denisse Cortés, una activista de derechos humanos en la más reciente marcha por la resistencia indígena, realizada en el centro de Santiago el fin de semana pasado, tiene enfrentado a manifestantes y la policía por la responsabilidad de su deceso.
El hecho está siendo investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte de Santiago.
El organismo, que es independiente del Gobierno pero pertenece al Estado chileno, argumentó en un comunicado que la medida representa un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos de violencia registrados en la zona y señaló que "es un fracaso del Estado y de la sociedad en su conjunto que se cometan asesinatos y otros hechos de violencia y que no se pueda investigar, juzgar ni condenar a los culpables".
“También representa un fracaso que el Estado de Chile termine, en los hechos, involucrando a las Fuerzas Armadas en funciones que debieran ser privativas de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI)”, indica parte del texto.
En este sentido, el INDH considera el diálogo como la principal alternativa, apoyándose en las universidades y la Convención Constitucional, y apunta a que esta última “tiene la oportunidad histórica de establecer un nuevo pacto intercultural en que se funde la paz y la justicia en el sur de Chile”.
En semanas recientes, el conflicto entre los pueblos originarios y el Estado se ha intensificado, luego de múltiples hechos de violencia entre miembros de la comunidad mapuche y efectivos de Carabineros (policía chilena) en la macrozona sur, por lo que el Gobierno decidió el pasado martes decretar Estado de Excepción Constitucional por Emergencia en el sector, específicamente en las provincias de Malleco, Cautín (La Araucanía), Arauco y Biobío (Biobío).
El presidente Sebastián Piñera explicó que la medida se extenderá por 15 días y que se debió a los “graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado” en zonas del sur de Chile durante las últimas semanas.
Paralelamente, el gremio de camioneros ha exigido al Gobierno mayor seguridad para poder trabajar en el sector, luego de que sus miembros hayan sido objeto de diversos ataques.
Adicionalmente, la muerte de Denisse Cortés, una activista de derechos humanos en la más reciente marcha por la resistencia indígena, realizada en el centro de Santiago el fin de semana pasado, tiene enfrentado a manifestantes y la policía por la responsabilidad de su deceso.
El hecho está siendo investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte de Santiago.