Editorial / De los acuerdos a la gobernabilidad
Leé La Columna del Domingo, el tradicional editorial de la edición impresa de Jornada.
Se empiezan a apagar las brasas del fuego que causó el resultado de las elecciones legislativas y hay que reagrupar fuerzas para llegar a 2023 con chances. Ese es el resumen de esta nueva etapa que han comenzado a transitar varios de los actores más importantes de la política de Chubut que vienen de soportar sonoros cachetazos en las urnas.
La reunión que la semana pasada juntó alrededor de una mesa de la Residencia Oficial de Rawson al gobernador Mariano Arcioni; al vicegobernador Ricardo Sastre; y a los intendentes de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, y de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, no fue producto de la convivencia democrática sino de la preocupación que les causó a todos el pobre desempeño electoral que tuvieron. Con matices, es cierto, pero nadie quedó a salvo de la ola de Juntos por el Cambio.
El encuentro que algunos intentaron vender como un virtual “pacto de gobernabilidad” no fue más que un acercamiento para definir cuestiones urgentes. La gobernabilidad es un acuerdo más amplio entre un Gobierno con ciertas debilidades que necesita llegar al final de un mandato y actores de la oposición con fortaleza suficiente. La verdad, en la reunión de la casona de Fontana 49, todos los presentes tienen un cuota de poder de fuego pero nadie está lo suficientemente bien posicionado como para garantizar la gobernabilidad de Chubut y, a la luz de los resultados electorales, ni la de sus propios territorios.
En la reunión sí se pusieron de acuerdo para sacar antes del fin del año legislativo un tema que preocupa al Gobierno provincial: terminar de conformar el Superior Tribunal de Justicia. Aunque los pingos se ven en la cancha, Luque prometió el apoyo del bloque del PJ para los pliegos de Ricardo Napolitani, Daniel Báez y Silvia Bustos. El primero, propuesto por Arcioni (y empujado por intereses del Gobierno nacional), es un reconocido abogado comodorense que hizo buena parte de su carrera judicial en Santa Cruz, de estrechos lazos con el kirchnerismo. Báez es el avezado jefe de los fiscales de Madryn, de excelente llegada al arco político local. Y Bustos, la menos conocida y a la que muchos creen que le va a costar pasar el filtro de la Legislatura, es la jueza de Faltas de Rawson, que se sumó a la lista como parte de un acuerdo político con el intendente Damián Biss y el diputado Manuel Pagliaroni.
Luque no dio el respaldo a cambio de nada: impuso a una segunda mujer para el Superior, la respetada y eficiente jefa de los fiscales de Comodoro Rivadavia, Camila Banfi. Que sin embargo arrancó su carrera para ser ministra del STJ con una patinada: declaró suelta de cuerpo que Luque la honraba al proponerla aunque ella no era amiga del jefe comunal. Nadie se sorprende que haya negociaciones políticas, pero las propuestas para el Superior las hace el Poder Ejecutivo. Ocupar uno de los seis asientos del Superior es, sobre todo, un desafío político que algunos juristas parecen no dimensionar.
Estos pequeños acuerdos políticos son una señal de que nadie quiere sacar violentamente los pies del plato. Pero de ahí a un pacto de convivencia, hay mucho trecho.
La hora de negociar
El gobernador Arcioni estaba en Buenos Aires cuando un grupo de efectivos policiales y retirados de la Policía del Chubut causó un sacudón que preocupó a más de uno. La situación estuvo el fin de semana pasado a punto de desbarrancar, cuando algunos exaltados retuvieron varias horas en la Jefatura a dos ministros, José Grazzini y Oscar Antonena, que fueron agredidos con una violencia e impunidad que asombró, sobre todo tratándose de policías.
Con el diálogo roto con el Ejecutivo, el que apareció en escena fue el vicegobernador Sastre que, según dijeron sus allegados, fue el que trazó la línea fina del acuerdo que después terminó de cerrar durante el feriado del lunes el renunciado Federico Massoni.
En el Gobierno no iban a permitir que Sastre se lleve los laureles; ni tampoco Massoni, que a esa altura estaba de salida. Así que el martes, Arcioni se sentó a la mesa y en medio de sonrisas, selfies y celulares filmando el acontecimiento, rubricaron un papel con los mismos policías que tres días antes coreaban insultos con el apellido del gobernador. Política, el arte de lo posible.
Después de los policías, el Gobierno cerró otros acuerdos salariales con sectores de la Salud, con trabajadores de la ex “Ley 1987” enrolados en ATE y con empleados del Ministerio de Familia. Pero lo que pareciera encaminar las cosas puede terminar siendo un boomerang para Arcioni y su equipo, porque hay otros sectores de la Administración Pública que sienten que están siendo postergados de manera injusta.
Uno de ellos son los trabajadores de la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), que según denunció el gremio de Luz y Fuerza, hace veintitrés meses no pueden negociar una paritaria con el Estado provincial porque, sencillamente, el Gobierno no manda a sus representantes a la mesa de negociación. En ese tiempo, el salario del resto de los trabajadores privados afiliados al gremio se ha despegado más de un 83% por encima del de los empleados de la DGSP, que deberían cobrar lo mismo.
Es apenas un ejemplo de que en las negociaciones salariales con los trabajadores estatales no puede haber hijos y entenados. Porque esa, precisamente, puede ser la semilla que florezca conflictos, no soluciones.#
Se empiezan a apagar las brasas del fuego que causó el resultado de las elecciones legislativas y hay que reagrupar fuerzas para llegar a 2023 con chances. Ese es el resumen de esta nueva etapa que han comenzado a transitar varios de los actores más importantes de la política de Chubut que vienen de soportar sonoros cachetazos en las urnas.
La reunión que la semana pasada juntó alrededor de una mesa de la Residencia Oficial de Rawson al gobernador Mariano Arcioni; al vicegobernador Ricardo Sastre; y a los intendentes de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, y de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, no fue producto de la convivencia democrática sino de la preocupación que les causó a todos el pobre desempeño electoral que tuvieron. Con matices, es cierto, pero nadie quedó a salvo de la ola de Juntos por el Cambio.
El encuentro que algunos intentaron vender como un virtual “pacto de gobernabilidad” no fue más que un acercamiento para definir cuestiones urgentes. La gobernabilidad es un acuerdo más amplio entre un Gobierno con ciertas debilidades que necesita llegar al final de un mandato y actores de la oposición con fortaleza suficiente. La verdad, en la reunión de la casona de Fontana 49, todos los presentes tienen un cuota de poder de fuego pero nadie está lo suficientemente bien posicionado como para garantizar la gobernabilidad de Chubut y, a la luz de los resultados electorales, ni la de sus propios territorios.
En la reunión sí se pusieron de acuerdo para sacar antes del fin del año legislativo un tema que preocupa al Gobierno provincial: terminar de conformar el Superior Tribunal de Justicia. Aunque los pingos se ven en la cancha, Luque prometió el apoyo del bloque del PJ para los pliegos de Ricardo Napolitani, Daniel Báez y Silvia Bustos. El primero, propuesto por Arcioni (y empujado por intereses del Gobierno nacional), es un reconocido abogado comodorense que hizo buena parte de su carrera judicial en Santa Cruz, de estrechos lazos con el kirchnerismo. Báez es el avezado jefe de los fiscales de Madryn, de excelente llegada al arco político local. Y Bustos, la menos conocida y a la que muchos creen que le va a costar pasar el filtro de la Legislatura, es la jueza de Faltas de Rawson, que se sumó a la lista como parte de un acuerdo político con el intendente Damián Biss y el diputado Manuel Pagliaroni.
Luque no dio el respaldo a cambio de nada: impuso a una segunda mujer para el Superior, la respetada y eficiente jefa de los fiscales de Comodoro Rivadavia, Camila Banfi. Que sin embargo arrancó su carrera para ser ministra del STJ con una patinada: declaró suelta de cuerpo que Luque la honraba al proponerla aunque ella no era amiga del jefe comunal. Nadie se sorprende que haya negociaciones políticas, pero las propuestas para el Superior las hace el Poder Ejecutivo. Ocupar uno de los seis asientos del Superior es, sobre todo, un desafío político que algunos juristas parecen no dimensionar.
Estos pequeños acuerdos políticos son una señal de que nadie quiere sacar violentamente los pies del plato. Pero de ahí a un pacto de convivencia, hay mucho trecho.
La hora de negociar
El gobernador Arcioni estaba en Buenos Aires cuando un grupo de efectivos policiales y retirados de la Policía del Chubut causó un sacudón que preocupó a más de uno. La situación estuvo el fin de semana pasado a punto de desbarrancar, cuando algunos exaltados retuvieron varias horas en la Jefatura a dos ministros, José Grazzini y Oscar Antonena, que fueron agredidos con una violencia e impunidad que asombró, sobre todo tratándose de policías.
Con el diálogo roto con el Ejecutivo, el que apareció en escena fue el vicegobernador Sastre que, según dijeron sus allegados, fue el que trazó la línea fina del acuerdo que después terminó de cerrar durante el feriado del lunes el renunciado Federico Massoni.
En el Gobierno no iban a permitir que Sastre se lleve los laureles; ni tampoco Massoni, que a esa altura estaba de salida. Así que el martes, Arcioni se sentó a la mesa y en medio de sonrisas, selfies y celulares filmando el acontecimiento, rubricaron un papel con los mismos policías que tres días antes coreaban insultos con el apellido del gobernador. Política, el arte de lo posible.
Después de los policías, el Gobierno cerró otros acuerdos salariales con sectores de la Salud, con trabajadores de la ex “Ley 1987” enrolados en ATE y con empleados del Ministerio de Familia. Pero lo que pareciera encaminar las cosas puede terminar siendo un boomerang para Arcioni y su equipo, porque hay otros sectores de la Administración Pública que sienten que están siendo postergados de manera injusta.
Uno de ellos son los trabajadores de la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), que según denunció el gremio de Luz y Fuerza, hace veintitrés meses no pueden negociar una paritaria con el Estado provincial porque, sencillamente, el Gobierno no manda a sus representantes a la mesa de negociación. En ese tiempo, el salario del resto de los trabajadores privados afiliados al gremio se ha despegado más de un 83% por encima del de los empleados de la DGSP, que deberían cobrar lo mismo.
Es apenas un ejemplo de que en las negociaciones salariales con los trabajadores estatales no puede haber hijos y entenados. Porque esa, precisamente, puede ser la semilla que florezca conflictos, no soluciones.#