Pingüinos arrasados: inspección de Nación
Aunque no querían dejarlos entrar, la brigada que envió el Ministerio de Ambiente revisó el campo y se aguarda su informe de los animales muertos por una topadora.
En las últimas horas la brigada de Control Ambiental enviada por Nación no pudo ingresar al campo donde se produjo el avance sobre la reserva natural de pingüinos, matando a pichones tras el paso de una topadora. Bajo el argumento de la propiedad privada, no los dejaron entrar y debieron recurrir a la Justicia para el allanamiento correspondiente.
En diálogo con Cadena Tiempo, El viceministro de Ambiente de la Argentina, Sergio Federovisky, sostuvo que el propietario de la tierra donde mataron a un centenar de pingüinos les negó el ingreso a los equipos ambientales enviados por Nación para relevar el desastre ecológico. Molesto por lo ocurrido, el funcionario habló de un pedido en conjunto entre Chubut y Nación para allanar el área natural: “Uno no puede capturar la naturaleza solo porque tuvo la suerte de comprar un pedazo de campo y ponerlo a su nombre”
Federvisky indicó que “una de las primeras decisiones de Cabandié fue enviar nuestra brigada de control ambiental para identificar lo que pasó, recabar pruebas. Lamentablemente ayer como resultado de esa impunidad de esa gente, no permitieron ingresar a los integrantes arguyendo la condición de propiedad privada de ese predio y acudimos a la Justicia para que se allane el lugar y podamos trabajar”.
Marcó que “la idea de estas evidencias es poder tener los elementos para una denuncia penal que decidimos presentar contra estos sujetos que hicieron esta barbaridad contra los pingüinos. Estamos allá para desglosar la situación y entender lo que pasó. En segundo lugar a mí me tiene sin cuidado el relato familiar, no es algo que nos importe. Nos preocupa que alguien diga que actúa en su campo privado sobre la colonia de pingüinos con autorización de alguien. Ese alguien si lo autorizó el movimiento de máquinas tendrá también que responder. Hay en el fondo una discusión por la relación del dominio privado de las tierras y los bienes comunes, que es la colonia de pingüinos. Creo que hay un discusión que debemos dar. Acá tenemos reiteradas situaciones en muchos lugares de la Argentina donde mucha gente que dice en mi campo hago lo que quiero. Eso es falso, esta inmerso en otros territorios, vecinos, animales y requiere una responsabilidad en el manejo de la propiedad privada que en este caso no se está cumpliendo”.
“Hay una intangibilidad de los derechos de la naturaleza que tiene derechos done no se puede irrumpir, argumentando que en mi propiedad hago lo que quiero. Eso no funciona así. Eso está detrás de este episodio abyecto”.
Respecto a la normativa vigente, el funcionario nacional expresó que está atrasada y se deben crear otras herramientas con cambios en el Código, incluyendo el delito ambiental. “Con estas situaciones descubrimos que la Justicia tiene que hacer malabares para castigar. Como la deforestación de bosques nativos sin autorización, todas situaciones que nos llevan a la necesidad que pensemos en una figura delictiva comoo el delito ambiental. Hemos hablado con autoridades del Congreso”.#
En las últimas horas la brigada de Control Ambiental enviada por Nación no pudo ingresar al campo donde se produjo el avance sobre la reserva natural de pingüinos, matando a pichones tras el paso de una topadora. Bajo el argumento de la propiedad privada, no los dejaron entrar y debieron recurrir a la Justicia para el allanamiento correspondiente.
En diálogo con Cadena Tiempo, El viceministro de Ambiente de la Argentina, Sergio Federovisky, sostuvo que el propietario de la tierra donde mataron a un centenar de pingüinos les negó el ingreso a los equipos ambientales enviados por Nación para relevar el desastre ecológico. Molesto por lo ocurrido, el funcionario habló de un pedido en conjunto entre Chubut y Nación para allanar el área natural: “Uno no puede capturar la naturaleza solo porque tuvo la suerte de comprar un pedazo de campo y ponerlo a su nombre”
Federvisky indicó que “una de las primeras decisiones de Cabandié fue enviar nuestra brigada de control ambiental para identificar lo que pasó, recabar pruebas. Lamentablemente ayer como resultado de esa impunidad de esa gente, no permitieron ingresar a los integrantes arguyendo la condición de propiedad privada de ese predio y acudimos a la Justicia para que se allane el lugar y podamos trabajar”.
Marcó que “la idea de estas evidencias es poder tener los elementos para una denuncia penal que decidimos presentar contra estos sujetos que hicieron esta barbaridad contra los pingüinos. Estamos allá para desglosar la situación y entender lo que pasó. En segundo lugar a mí me tiene sin cuidado el relato familiar, no es algo que nos importe. Nos preocupa que alguien diga que actúa en su campo privado sobre la colonia de pingüinos con autorización de alguien. Ese alguien si lo autorizó el movimiento de máquinas tendrá también que responder. Hay en el fondo una discusión por la relación del dominio privado de las tierras y los bienes comunes, que es la colonia de pingüinos. Creo que hay un discusión que debemos dar. Acá tenemos reiteradas situaciones en muchos lugares de la Argentina donde mucha gente que dice en mi campo hago lo que quiero. Eso es falso, esta inmerso en otros territorios, vecinos, animales y requiere una responsabilidad en el manejo de la propiedad privada que en este caso no se está cumpliendo”.
“Hay una intangibilidad de los derechos de la naturaleza que tiene derechos done no se puede irrumpir, argumentando que en mi propiedad hago lo que quiero. Eso no funciona así. Eso está detrás de este episodio abyecto”.
Respecto a la normativa vigente, el funcionario nacional expresó que está atrasada y se deben crear otras herramientas con cambios en el Código, incluyendo el delito ambiental. “Con estas situaciones descubrimos que la Justicia tiene que hacer malabares para castigar. Como la deforestación de bosques nativos sin autorización, todas situaciones que nos llevan a la necesidad que pensemos en una figura delictiva comoo el delito ambiental. Hemos hablado con autoridades del Congreso”.#