Crisis humanitaria en Colombia: hay más de un millón de mujeres desplazadas y vulnerables
Un total de 1.493.270 personas desplazadas en Colombia requieren de asistencia "urgente" por violencia por razones de género, según un informe de la ONG Alianza Por la Solidaridad-ActionAid publicado hoy, que pone el foco en la falta de medidas de prevención e información por parte de las autoridades para asistir a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
El desplazamiento de miles de mujeres por Colombia conlleva unos índices de "desprotección muy elevados", según la organización, que señaló que estos movimientos están azuzados por la crisis de migrantes de Venezuela y el aumento de la violencia en el país latinoamericano, concretamente en el departamento Norte de Santander, donde el 12% de las personas están consideradas como población con necesidades humanitarias.
En Colombia, casi 580.000 personas se vieron forzadas a desplazarse internamente desde la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Además, el país recibió a 1,7 millones de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela.
El informe de Alianza Por la Solidaridad-ActionAid se centra en las mujeres que se vieron obligadas a desplazarse y en los abusos y agresiones sexuales a las que se ven sometidas durante el proceso y también pone de manifiesto los principales riesgos a los que se enfrentan, como la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, la violencia sexual, la explotación sexual y el tráfico de personas, según recogió la agencia de noticias Europa Press.
Así, la situación de desprotección social y económica, la pérdida de empleo, la sobrecarga de labores del cuidado en el hogar y la falta de información y rutas a seguir frente a la violencia han llevado a muchas mujeres a introducirse en actividades como la prostitución, los matrimonios a temprana edad y las relaciones de pareja forzadas.
Esta situación se mezcla con la explotación y comercio sexual que vive el país, sobre todo en la zona fronteriza con Venezuela, acrecentando la trata de mujeres, niñas y adolescentes ejercida por distintos grupos armados.
Además, la ONG denunció también que hay "amenazas y limpieza social" contra estas mujeres en situación de prostitución.
El femicidio es "la última y más grave amenaza" a la que se ven sometidas, unos crímenes que "ocurren a diario en Colombia" y "afectan principalmente a mujeres lideresas y defensoras de los Derechos Humanos".
El municipio más afectado es San José de Cúcuta, la capital del departamento Norte de Santander.
Por ello, la organización española ActionAid hizo un llamamiento a las autoridades colombianas y denunció que hay un vacío en las actuaciones realizadas para las supervivientes de violencia por razones de género.
"De todas las personas que han solicitado atención, sólo el 10% han recibido alguna ayuda", destacó el informe, realizado por el apoyo del programa EU Aid Volunteers, impulsado por la oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea.
Alianza Por la Solidaridad-ActionAid subrayó la necesidad de que se fortalezcan las estrategias de mitigación y prevención de todo tipo de violencias en un contexto en el que las 'trochas' -caminos ilegales utilizados por el cierre de caminos oficiales por la pandemia, plagados de traficantes que cobran dinero a los migrantes para cruzar de forma segura- y la presencia de grupos ilegales aumentan la vulnerabilidad de las personas refugiadas.
El desplazamiento de miles de mujeres por Colombia conlleva unos índices de "desprotección muy elevados", según la organización, que señaló que estos movimientos están azuzados por la crisis de migrantes de Venezuela y el aumento de la violencia en el país latinoamericano, concretamente en el departamento Norte de Santander, donde el 12% de las personas están consideradas como población con necesidades humanitarias.
En Colombia, casi 580.000 personas se vieron forzadas a desplazarse internamente desde la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Además, el país recibió a 1,7 millones de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela.
El informe de Alianza Por la Solidaridad-ActionAid se centra en las mujeres que se vieron obligadas a desplazarse y en los abusos y agresiones sexuales a las que se ven sometidas durante el proceso y también pone de manifiesto los principales riesgos a los que se enfrentan, como la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, la violencia sexual, la explotación sexual y el tráfico de personas, según recogió la agencia de noticias Europa Press.
Así, la situación de desprotección social y económica, la pérdida de empleo, la sobrecarga de labores del cuidado en el hogar y la falta de información y rutas a seguir frente a la violencia han llevado a muchas mujeres a introducirse en actividades como la prostitución, los matrimonios a temprana edad y las relaciones de pareja forzadas.
Esta situación se mezcla con la explotación y comercio sexual que vive el país, sobre todo en la zona fronteriza con Venezuela, acrecentando la trata de mujeres, niñas y adolescentes ejercida por distintos grupos armados.
Además, la ONG denunció también que hay "amenazas y limpieza social" contra estas mujeres en situación de prostitución.
El femicidio es "la última y más grave amenaza" a la que se ven sometidas, unos crímenes que "ocurren a diario en Colombia" y "afectan principalmente a mujeres lideresas y defensoras de los Derechos Humanos".
El municipio más afectado es San José de Cúcuta, la capital del departamento Norte de Santander.
Por ello, la organización española ActionAid hizo un llamamiento a las autoridades colombianas y denunció que hay un vacío en las actuaciones realizadas para las supervivientes de violencia por razones de género.
"De todas las personas que han solicitado atención, sólo el 10% han recibido alguna ayuda", destacó el informe, realizado por el apoyo del programa EU Aid Volunteers, impulsado por la oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea.
Alianza Por la Solidaridad-ActionAid subrayó la necesidad de que se fortalezcan las estrategias de mitigación y prevención de todo tipo de violencias en un contexto en el que las 'trochas' -caminos ilegales utilizados por el cierre de caminos oficiales por la pandemia, plagados de traficantes que cobran dinero a los migrantes para cruzar de forma segura- y la presencia de grupos ilegales aumentan la vulnerabilidad de las personas refugiadas.