Incendios en Rawson: Fiscalía le pidió información al gobernador
El procurador general adjunto, Emilio Porras Hernández, líder del equipo que investiga los incendios en Casa de Gobierno y en varios edificios públicos de Rawson, reconoció que se transita una etapa de recolección y análisis de las pruebas.
“Todas las líneas que se diseñaron desde un principio están abiertas y se están analizando las evidencias”.
Ya hay más de 20 gigabites en material fílmico y fotográfico aún requieren de análisis para identificar a los posibles autores materiales.
“Además aguardamos por las pericias. Se ordenaron pericias ígneas que estuvieron a cargo de la Policía Federal y estamos esperando sus conclusiones”, dijo en diálogo con Radio del Mar.
“Las otras líneas vinculadas a posibles instigadores que pudieran estar involucrados o la actividad estatal de seguridad que se debe a la soberanía, están abiertas”.
Se aguarda una respuesta del Gobierno provincial en relación “a las primeras manifestaciones realizadas sobre la posible participación de personas involucradas que se propalaron a través de los funcionarios”.
Porras Hernández adelantó que los funcionarios podrían ser citados a declarar, inclusive el propio gobernador Mariano Arcioni, quien expresó sospechas de autoría intelectual de los incendios y destrozos en la capital. “Ellos tienen la posibilidad, en lugar de asistir y prestar una declaración testimonial ampliando sus dichos, de realizar informes. Libramos un oficio al gobernador para que aporte toda la información que tenga conocimiento para profundizar la información. Esto independientemente de la facultad del Ministerio Público de profundizar esa línea”.
No descartó negligencia o responsabilidad de los funcionarios encargados de la prevención de los hechos. “Todo se está analizando, analizamos documentación y los actos de Estado tienen que estar documentados; si hubo un operativo o alguna directiva debería estar documentación. Todo se solicitó a las autoridades competentes para su análisis. En base a lo que surja se verá si se cumplió la ley. Ahí puede determinarse alguna responsabilidad penal o administrativa”.
En cuanto a los plazos para establecer conclusiones, Porras Hernández explicó que no existen plazos estimativos para investigar. “La pericia ígnea, por ejemplo, no depende de nosotros. Tuvimos que convocar a una fuerza externa que garantice objetividad. Es importante para determinar la magnitud del daño y una eventual calificación jurídica porque la posibilidad de que se haya producido un peligro común para las personas o para los bienes agrava la conducta”.
Aclaró que hay varias causas abiertas y entre ellas, destacó la de “daños intencionales e incendios” con otros adicionales como incumplimiento en los deberes de funcionario público; apremios ilegales y daños. “Estamos investigando porque hay muchas denuncias de personas que sufrieron lesiones aparentemente a partir del accionar policial. Son todos hechos que se tienen que profundizar”, dijo Porras.
Respecto a la destrucción de archivos en el edificio de la Procuración General y la afectación de pruebas y expedientes que se investigan, indicó: “Hay un relevamiento provisorio. Se afectaron unos 700 legajos y en cuanto a quienes tenían audiencia fijada o medida en curso, se fueron activando y tratando de reconstruir a partir de los respaldos informáticos. Tratamos de reproducir la información que se podía volver a solicitar. Esto se reconstruye así en la medida que se van reactivando las causas”, concluyó.#
“Todas las líneas que se diseñaron desde un principio están abiertas y se están analizando las evidencias”.
Ya hay más de 20 gigabites en material fílmico y fotográfico aún requieren de análisis para identificar a los posibles autores materiales.
“Además aguardamos por las pericias. Se ordenaron pericias ígneas que estuvieron a cargo de la Policía Federal y estamos esperando sus conclusiones”, dijo en diálogo con Radio del Mar.
“Las otras líneas vinculadas a posibles instigadores que pudieran estar involucrados o la actividad estatal de seguridad que se debe a la soberanía, están abiertas”.
Se aguarda una respuesta del Gobierno provincial en relación “a las primeras manifestaciones realizadas sobre la posible participación de personas involucradas que se propalaron a través de los funcionarios”.
Porras Hernández adelantó que los funcionarios podrían ser citados a declarar, inclusive el propio gobernador Mariano Arcioni, quien expresó sospechas de autoría intelectual de los incendios y destrozos en la capital. “Ellos tienen la posibilidad, en lugar de asistir y prestar una declaración testimonial ampliando sus dichos, de realizar informes. Libramos un oficio al gobernador para que aporte toda la información que tenga conocimiento para profundizar la información. Esto independientemente de la facultad del Ministerio Público de profundizar esa línea”.
No descartó negligencia o responsabilidad de los funcionarios encargados de la prevención de los hechos. “Todo se está analizando, analizamos documentación y los actos de Estado tienen que estar documentados; si hubo un operativo o alguna directiva debería estar documentación. Todo se solicitó a las autoridades competentes para su análisis. En base a lo que surja se verá si se cumplió la ley. Ahí puede determinarse alguna responsabilidad penal o administrativa”.
En cuanto a los plazos para establecer conclusiones, Porras Hernández explicó que no existen plazos estimativos para investigar. “La pericia ígnea, por ejemplo, no depende de nosotros. Tuvimos que convocar a una fuerza externa que garantice objetividad. Es importante para determinar la magnitud del daño y una eventual calificación jurídica porque la posibilidad de que se haya producido un peligro común para las personas o para los bienes agrava la conducta”.
Aclaró que hay varias causas abiertas y entre ellas, destacó la de “daños intencionales e incendios” con otros adicionales como incumplimiento en los deberes de funcionario público; apremios ilegales y daños. “Estamos investigando porque hay muchas denuncias de personas que sufrieron lesiones aparentemente a partir del accionar policial. Son todos hechos que se tienen que profundizar”, dijo Porras.
Respecto a la destrucción de archivos en el edificio de la Procuración General y la afectación de pruebas y expedientes que se investigan, indicó: “Hay un relevamiento provisorio. Se afectaron unos 700 legajos y en cuanto a quienes tenían audiencia fijada o medida en curso, se fueron activando y tratando de reconstruir a partir de los respaldos informáticos. Tratamos de reproducir la información que se podía volver a solicitar. Esto se reconstruye así en la medida que se van reactivando las causas”, concluyó.#