Efectivo y horas comunitarias para no ir a juicio por chantaje sexual

Estaban acusados por pedir plata a cambio de no divulgar imágenes íntimas. Pero fueron beneficiados con varias probation.

04 ABR 2022 - 21:04

Seis personas acusadas de integrar una asociación ilícita que pedía dinero a cambio de no difundir imágenes íntimas de las víctimas aceptaron un juicio abreviado y suspensiones de juicio a prueba respectivamente y lograron sanciones menores a las previstas en el comienzo del juicio.

De acuerdo a la acusación pública expuesta por las representantes del MPF, Carolina Marín y Marina Millapi, el primer hecho ocurrió en abril de 2019, cuando Micaela Perafán, sabiendo lo que hacía, siguiendo directivas impartidas por Rubén Antonio Valdez, contactó a un hombre mediante el uso de la red social “Facebook” y utilizando el perfil de usuario “Guiselle Sepúlveda”, mantuvo conversaciones íntimas hasta lograr que la víctima le brinde su número telefónico. Siguiendo con el plan delictivo, Micaela Perafán obtuvo también fotografías muy comprometedoras.

Una vez obtenido el material, lo reenvió a Rubén Antonio Valdéz. Al día siguiente, Valdéz, detenido en el Instituto Provincial Penitenciario, se comunicó con la víctima y se presentó como Ever Sepúlveda - padre de Guiselle-, y le dijo que su esposa y madre de “Guiselle” vio las fotos que este le había enviado el día anterior a su hija y que lo quería denunciar en el Juzgado de Familia, ya que su hija tenía una discapacidad.

Para impedir que su esposa hiciera la denuncia y para no publicar las fotos en otras redes sociales, Valdéz lo amenazó y le exigió $ 9000. Dentro de la información que manejaba la organización tenían el teléfono de contacto de la hija menor del hombre chantajeado.

La víctima realizó un pago de $ 6400 a través de Pago Fácil. La suma fue transferida a nombre y a la cuenta de José Antonio Allegra Filósico. Una vez acreditado el pago, Rubén Antonio Valdez continuó insistentemente amedrentando a la víctima quien terminó depositado $ 3.000 más.

Según el parte de la Agencia de Comunicación Judicial, la banda siguió operando con esta modalidad incorporando a las otras imputadas y hasta consumar nueve hechos de chantaje con distintas víctimas, modificando en los algunos casos la entrega de dinero, que en otras ocasiones, se realizaba en persona y en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Trelew.

De acuerdo el relato fiscal, esta causa derivó de una investigación llevada a cabo por la División Policial de Investigaciones, en relación a dos causas por amenazas y de las cuales se llevaron adelante intervenciones telefónicas, allanamientos y detenciones.

Los delitos imputados fueron: Rubén Antonio Valdéz, miembro de asociación ilícita en concurso real con 5 hechos de chantajes consumados todo ello en concurso real con 3 hechos de chantaje en grado de tentativa. José Antonio Allegra Filósico: miembro de asociación ilícita en concurso real con 4 hechos de chantaje consumados en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Micaela Perafan: miembro de asociación ilícita en concurso real con 2 hechos de chantaje y un hecho de chantaje en grado de tentativa. Mariela Ríos: miembro de asociación ilícita en concurso real con un hecho de chantaje en grado de tentativa. María Celeste Garay: miembro de asociación ilícita en concurso real con un hecho de chantaje. Erika Jazmín Fernández: miembro de asociación ilícita en concurso real con un hecho de chantaje.

Abreviado y suspensión

Antes del comienzo del debate oral, el defensor particular Javier Romero, que asiste a Rubén Antonio Valdéz, informó al juez que junto con la Fiscalía, arribaron a un acuerdo para que el caso se trate en la modalidad de juicio abreviado.

El acuerdo incluye una pena de tres años y ocho meses de prisión, de efectivo cumplimiento, más la declaración de reincidencia. Así, Valdéz aceptó la participación en los hechos imputados por el MPF y la pena escogida además de ser declarado reincidente, señaló un parte judicial.

La defensora Zulma Manllauix, que representó a Micaela Perafán, solicitó la suspensión del juicio a prueba por dos años ofreciendo la realización de 90 horas de trabajo comunitario por el término de un año.

La defensora Ángeles Nápoli, que representa a Érica Jazmín Fernández, solicitó la probation por el término de un año y seis meses a cambio de 60 horas de trabajo comunitario por el plazo de tres meses.

Para su otra defendida, Mariela Ríos, la propuesta es también de 60 horas de trabajo comunitario pero a realizar en seis meses dado el estado de gravidez de su asistida.

A su turno, la defensora, Flora Mollard, que representó a José Antonio Allegra Filósico solicitó la suspensión del juicio a prueba por el término de tres años y ofreció abonar 3.000 pesos por mes durante un año a una de las víctimas a través de una cuenta bancaria.

Respecto de las propuestas, la fiscal Marín indicó que ya se había adelantado la posibilidad de aplicación de la suspensión de juicio a prueba.

Agregó que no hay interés público prevalente para lo cual se pueda oponer y se dan los requisitos objetivos y subjetivos ya que no poseen antecedentes y tampoco causas en trámite por lo que está de acuerdo con las pautas referidas. También señaló que ha puesto en conocimiento de una de las víctimas -presente en la audiencia- sobre la propuesta de la Dra. Mollar la cual aceptó.

El juez Gustavo Castro informó que respecto del acuerdo por juicio abreviado contra Rubén Antonio Valdéz, dará a conocer su decisión dentro del plazo legal pero adelantó que será homologado. Y en cuanto a las probation solicitadas y tras revisar los requisitos legales, resolvió otorgar los beneficios acordados.#

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04 ABR 2022 - 21:04

Seis personas acusadas de integrar una asociación ilícita que pedía dinero a cambio de no difundir imágenes íntimas de las víctimas aceptaron un juicio abreviado y suspensiones de juicio a prueba respectivamente y lograron sanciones menores a las previstas en el comienzo del juicio.

De acuerdo a la acusación pública expuesta por las representantes del MPF, Carolina Marín y Marina Millapi, el primer hecho ocurrió en abril de 2019, cuando Micaela Perafán, sabiendo lo que hacía, siguiendo directivas impartidas por Rubén Antonio Valdez, contactó a un hombre mediante el uso de la red social “Facebook” y utilizando el perfil de usuario “Guiselle Sepúlveda”, mantuvo conversaciones íntimas hasta lograr que la víctima le brinde su número telefónico. Siguiendo con el plan delictivo, Micaela Perafán obtuvo también fotografías muy comprometedoras.

Una vez obtenido el material, lo reenvió a Rubén Antonio Valdéz. Al día siguiente, Valdéz, detenido en el Instituto Provincial Penitenciario, se comunicó con la víctima y se presentó como Ever Sepúlveda - padre de Guiselle-, y le dijo que su esposa y madre de “Guiselle” vio las fotos que este le había enviado el día anterior a su hija y que lo quería denunciar en el Juzgado de Familia, ya que su hija tenía una discapacidad.

Para impedir que su esposa hiciera la denuncia y para no publicar las fotos en otras redes sociales, Valdéz lo amenazó y le exigió $ 9000. Dentro de la información que manejaba la organización tenían el teléfono de contacto de la hija menor del hombre chantajeado.

La víctima realizó un pago de $ 6400 a través de Pago Fácil. La suma fue transferida a nombre y a la cuenta de José Antonio Allegra Filósico. Una vez acreditado el pago, Rubén Antonio Valdez continuó insistentemente amedrentando a la víctima quien terminó depositado $ 3.000 más.

Según el parte de la Agencia de Comunicación Judicial, la banda siguió operando con esta modalidad incorporando a las otras imputadas y hasta consumar nueve hechos de chantaje con distintas víctimas, modificando en los algunos casos la entrega de dinero, que en otras ocasiones, se realizaba en persona y en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Trelew.

De acuerdo el relato fiscal, esta causa derivó de una investigación llevada a cabo por la División Policial de Investigaciones, en relación a dos causas por amenazas y de las cuales se llevaron adelante intervenciones telefónicas, allanamientos y detenciones.

Los delitos imputados fueron: Rubén Antonio Valdéz, miembro de asociación ilícita en concurso real con 5 hechos de chantajes consumados todo ello en concurso real con 3 hechos de chantaje en grado de tentativa. José Antonio Allegra Filósico: miembro de asociación ilícita en concurso real con 4 hechos de chantaje consumados en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Micaela Perafan: miembro de asociación ilícita en concurso real con 2 hechos de chantaje y un hecho de chantaje en grado de tentativa. Mariela Ríos: miembro de asociación ilícita en concurso real con un hecho de chantaje en grado de tentativa. María Celeste Garay: miembro de asociación ilícita en concurso real con un hecho de chantaje. Erika Jazmín Fernández: miembro de asociación ilícita en concurso real con un hecho de chantaje.

Abreviado y suspensión

Antes del comienzo del debate oral, el defensor particular Javier Romero, que asiste a Rubén Antonio Valdéz, informó al juez que junto con la Fiscalía, arribaron a un acuerdo para que el caso se trate en la modalidad de juicio abreviado.

El acuerdo incluye una pena de tres años y ocho meses de prisión, de efectivo cumplimiento, más la declaración de reincidencia. Así, Valdéz aceptó la participación en los hechos imputados por el MPF y la pena escogida además de ser declarado reincidente, señaló un parte judicial.

La defensora Zulma Manllauix, que representó a Micaela Perafán, solicitó la suspensión del juicio a prueba por dos años ofreciendo la realización de 90 horas de trabajo comunitario por el término de un año.

La defensora Ángeles Nápoli, que representa a Érica Jazmín Fernández, solicitó la probation por el término de un año y seis meses a cambio de 60 horas de trabajo comunitario por el plazo de tres meses.

Para su otra defendida, Mariela Ríos, la propuesta es también de 60 horas de trabajo comunitario pero a realizar en seis meses dado el estado de gravidez de su asistida.

A su turno, la defensora, Flora Mollard, que representó a José Antonio Allegra Filósico solicitó la suspensión del juicio a prueba por el término de tres años y ofreció abonar 3.000 pesos por mes durante un año a una de las víctimas a través de una cuenta bancaria.

Respecto de las propuestas, la fiscal Marín indicó que ya se había adelantado la posibilidad de aplicación de la suspensión de juicio a prueba.

Agregó que no hay interés público prevalente para lo cual se pueda oponer y se dan los requisitos objetivos y subjetivos ya que no poseen antecedentes y tampoco causas en trámite por lo que está de acuerdo con las pautas referidas. También señaló que ha puesto en conocimiento de una de las víctimas -presente en la audiencia- sobre la propuesta de la Dra. Mollar la cual aceptó.

El juez Gustavo Castro informó que respecto del acuerdo por juicio abreviado contra Rubén Antonio Valdéz, dará a conocer su decisión dentro del plazo legal pero adelantó que será homologado. Y en cuanto a las probation solicitadas y tras revisar los requisitos legales, resolvió otorgar los beneficios acordados.#


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