Educación: dos sobreseídos y dos condenados
Los monotributistas Félix Currumil y Roxana Pereira fueron desvinculados con el acuerdo del fiscal Rodríguez luego de que su defensora presentara nuevas pruebas. Pero dos empresarios sí reconocieron los hechos y repararán al Estado con $ 200 mil cada uno. Recibieron penas en suspenso.
Dos de los imputados en la causa por presuntos sobreprecios en contrataciones del Ministerio de Educación fueron sobreseídos con las nuevas pruebas aportadas por la defensora Gladys Olavarría y luego de haberse escuchado sus propios testimonios. Son los monotributistas Félix Currumil y Roxana Pereira.
Según el parte de prensa de Fiscalía, Olavarría presentó documentación vinculada con los hechos investigados por la Unidad Anticorrupción. Y los imputados dieron su versión de los hechos y las actividades que realizaban.
El fiscal Omar Rodríguez, que hace dos años investiga el caso, admitió: “Es atendible el relato de la defensa, más los testimonios. Voy a acompañar la nueva teoría del caso a partir de las pruebas que acercó la Defensa. Existe una duda razonable y no tengo posibilidades de refutar los hechos descriptos, por lo tanto, acompaño el pedido de sobreseimiento”, dijo Rodríguez al fijar su nueva postura.
La audiencia en la Oficina Judicial de Rawson fue continuidad de la audiencia preliminar al juicio oral y público. Tras escuchar a las partes, la jueza Karina Breckle sobreseyó a Currumil y Pereyra, y los autorizó a abandonar la sala de audiencias.
Pero en este mismo escenario y para acceder a juicios abreviados, dos de los imputados sí reconocieron haber cometido hechos ilegales.
“Estoy de acuerdo en asumir los hechos ilegales y reconozco todo lo actuado por el fiscal”. Palabras más, palabras menos, así se expresaron ante la jueza Daniel Schmidt y Jorge Santucho, dos de los acusados en la causa que tiene como principal apuntada a la exministra de Educación, Graciela Cigudosa.
“Que se tenga la posibilidad de llegar a un acuerdo en juicio abreviado significa que hemos llegado a la verdad y la certeza de que los hechos ilegales ocurrieron tal como los investigamos. Esto lo quiero destacar para que no quede latente que se llegó a esta medida con ligereza”, dijo el fiscal Rodríguez tras un repaso de las pruebas. Entre ellas citó detalles del momento en que Schmidt intentó hacer desaparecer documentación la tarde en que se allanó su oficina en Rawson. La policía pudo rescatarla parte en la rejilla del baño, y otra parte al levantar la cámara séptica.
En los papeles parcialmente destruidos, además de manera manuscrita, el imputado había descripto la estrategia a seguir ante la inminencia de los allanamientos y las detenciones. Estuvo detenido un mes.
En el marco de la suspensión del juicio a prueba acordaron penas menores y ofrecieron reparar económicamente al Estado con $ 200.000 cada uno más intereses a contar desde principios de 2019 que serían destinados al Ministerio de Educación o a alguna entidad de bien público. Para Schmidt se dictaron dos años y seis meses de ejecución condicional y para Santucho, dos años de ejecución condicional.
Ambos evitaron un juicio oral y público, con la posibilidad de penas de prisión de efectivo cumplimiento. Ya suman tres las personas investigadas que reconocen los hechos ilegales que cometieron.
Dos de los imputados en la causa por presuntos sobreprecios en contrataciones del Ministerio de Educación fueron sobreseídos con las nuevas pruebas aportadas por la defensora Gladys Olavarría y luego de haberse escuchado sus propios testimonios. Son los monotributistas Félix Currumil y Roxana Pereira.
Según el parte de prensa de Fiscalía, Olavarría presentó documentación vinculada con los hechos investigados por la Unidad Anticorrupción. Y los imputados dieron su versión de los hechos y las actividades que realizaban.
El fiscal Omar Rodríguez, que hace dos años investiga el caso, admitió: “Es atendible el relato de la defensa, más los testimonios. Voy a acompañar la nueva teoría del caso a partir de las pruebas que acercó la Defensa. Existe una duda razonable y no tengo posibilidades de refutar los hechos descriptos, por lo tanto, acompaño el pedido de sobreseimiento”, dijo Rodríguez al fijar su nueva postura.
La audiencia en la Oficina Judicial de Rawson fue continuidad de la audiencia preliminar al juicio oral y público. Tras escuchar a las partes, la jueza Karina Breckle sobreseyó a Currumil y Pereyra, y los autorizó a abandonar la sala de audiencias.
Pero en este mismo escenario y para acceder a juicios abreviados, dos de los imputados sí reconocieron haber cometido hechos ilegales.
“Estoy de acuerdo en asumir los hechos ilegales y reconozco todo lo actuado por el fiscal”. Palabras más, palabras menos, así se expresaron ante la jueza Daniel Schmidt y Jorge Santucho, dos de los acusados en la causa que tiene como principal apuntada a la exministra de Educación, Graciela Cigudosa.
“Que se tenga la posibilidad de llegar a un acuerdo en juicio abreviado significa que hemos llegado a la verdad y la certeza de que los hechos ilegales ocurrieron tal como los investigamos. Esto lo quiero destacar para que no quede latente que se llegó a esta medida con ligereza”, dijo el fiscal Rodríguez tras un repaso de las pruebas. Entre ellas citó detalles del momento en que Schmidt intentó hacer desaparecer documentación la tarde en que se allanó su oficina en Rawson. La policía pudo rescatarla parte en la rejilla del baño, y otra parte al levantar la cámara séptica.
En los papeles parcialmente destruidos, además de manera manuscrita, el imputado había descripto la estrategia a seguir ante la inminencia de los allanamientos y las detenciones. Estuvo detenido un mes.
En el marco de la suspensión del juicio a prueba acordaron penas menores y ofrecieron reparar económicamente al Estado con $ 200.000 cada uno más intereses a contar desde principios de 2019 que serían destinados al Ministerio de Educación o a alguna entidad de bien público. Para Schmidt se dictaron dos años y seis meses de ejecución condicional y para Santucho, dos años de ejecución condicional.
Ambos evitaron un juicio oral y público, con la posibilidad de penas de prisión de efectivo cumplimiento. Ya suman tres las personas investigadas que reconocen los hechos ilegales que cometieron.