Representantes de las bibliotecas populares de Madryn juntan firmas
Piden derogar una ley que recorta fondos para las bibliotecas.
Los representantes de las bibliotecas populares de Puerto Madryn juntan firmas para un petitorio que será elevado a los Diputados y Senadores Nacionales con el fin de que se derogue la ley 27.432 que recorta el fondo especial nacional destinado a dichas bibliotecas.
Muchos vecinos fueron a la biblioteca Popular Güemes, Luis María Campos 776, así como la biblioteca Popular San Martín -Domecq García 306- y en la biblioteca Belgrano, emplazada en Albarracín Norte al 3000 del barrio San Miguel, a firmar el petitorio que será llevado a Buenos Aires en el marco de la Feria Internacional del Libro.
La Ley 27.432 sancionada en 2017 termina con la inversión de fondos de fomento a las instituciones e industrias culturales. En diciembre de este año algunos organismos de la cultura y los servicios de comunicación audiovisual pueden quedarse sin financiamiento. La comisión nacional de bibliotecas populares que protege a más de 1.200 bibliotecas es una y desde allí la preocupación y el reclamo.
Carlos Pascuariello, representante de una biblioteca popular de la ciudad del Golfo, manifestó que “a partir de la ley, que entraría en vigencia a fin de año, recorta en un 50% el presupuesto de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el organismo que controla a las bibliotecas y que las financia para que puedan afrontar los gastos corrientes que permiten su funcionamiento”. El Gobierno nacional decidió reasignar partidas presupuestarias que implicará esta reducción que puso en alerta al sistema.
El retiro de estos fondos puede generar un serio problema en el trabajo cotidiano. La preocupación es creciente porque algunas podrían cerrar ante la imposibilidad de afrontar el pago de los servicios básicos.
“Las bibliotecas populares no pueden tener sponsor ni cuotas altas de socios porque deben estar amoldadas para que todos puedan hacer uso de ella. El apoyo de subsidios proviene desde dicha comisión que está ley recorta y que afecta a las políticas que la CONABIP lleva adelante y que son fundamentales para las bibliotecas populares” comentó Pascuariello.
Si la situación no se pueda revertir “muchas bibliotecas deberán analizar la posibilidad de cierre; uno se nutre de cuotas societarias muy bajas y con la necesidad de tener abierto el espacio todo el año”.
Una alternativa es posponer la aplicación de la ley hasta 2032 aunque desde el sector de los representantes de las bibliotecas se procurará ir al fondo de la cuestión y derogar la norma sancionada para evitar tener que volver a plantear el tema.
“Pedimos la derogación de la ley. Queremos que los legisladores nacionales se expresen. Nos llegó un proyecto de ley de prórroga por 10 años pero pedimos una solución de fondo que incluya a las bibliotecas populares como políticas de Estado” sentenció Pascuariello.#
Los representantes de las bibliotecas populares de Puerto Madryn juntan firmas para un petitorio que será elevado a los Diputados y Senadores Nacionales con el fin de que se derogue la ley 27.432 que recorta el fondo especial nacional destinado a dichas bibliotecas.
Muchos vecinos fueron a la biblioteca Popular Güemes, Luis María Campos 776, así como la biblioteca Popular San Martín -Domecq García 306- y en la biblioteca Belgrano, emplazada en Albarracín Norte al 3000 del barrio San Miguel, a firmar el petitorio que será llevado a Buenos Aires en el marco de la Feria Internacional del Libro.
La Ley 27.432 sancionada en 2017 termina con la inversión de fondos de fomento a las instituciones e industrias culturales. En diciembre de este año algunos organismos de la cultura y los servicios de comunicación audiovisual pueden quedarse sin financiamiento. La comisión nacional de bibliotecas populares que protege a más de 1.200 bibliotecas es una y desde allí la preocupación y el reclamo.
Carlos Pascuariello, representante de una biblioteca popular de la ciudad del Golfo, manifestó que “a partir de la ley, que entraría en vigencia a fin de año, recorta en un 50% el presupuesto de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el organismo que controla a las bibliotecas y que las financia para que puedan afrontar los gastos corrientes que permiten su funcionamiento”. El Gobierno nacional decidió reasignar partidas presupuestarias que implicará esta reducción que puso en alerta al sistema.
El retiro de estos fondos puede generar un serio problema en el trabajo cotidiano. La preocupación es creciente porque algunas podrían cerrar ante la imposibilidad de afrontar el pago de los servicios básicos.
“Las bibliotecas populares no pueden tener sponsor ni cuotas altas de socios porque deben estar amoldadas para que todos puedan hacer uso de ella. El apoyo de subsidios proviene desde dicha comisión que está ley recorta y que afecta a las políticas que la CONABIP lleva adelante y que son fundamentales para las bibliotecas populares” comentó Pascuariello.
Si la situación no se pueda revertir “muchas bibliotecas deberán analizar la posibilidad de cierre; uno se nutre de cuotas societarias muy bajas y con la necesidad de tener abierto el espacio todo el año”.
Una alternativa es posponer la aplicación de la ley hasta 2032 aunque desde el sector de los representantes de las bibliotecas se procurará ir al fondo de la cuestión y derogar la norma sancionada para evitar tener que volver a plantear el tema.
“Pedimos la derogación de la ley. Queremos que los legisladores nacionales se expresen. Nos llegó un proyecto de ley de prórroga por 10 años pero pedimos una solución de fondo que incluya a las bibliotecas populares como políticas de Estado” sentenció Pascuariello.#